El caso de José Luis Vázquez es más que una investigación puntual: es el reflejo de cómo la administración pública puede desviarse de sus principios básicos si no existen mecanismos efectivos de control, transparencia y rendición de cuentas
Corrupción07 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
La sombra de la corrupción vuelve a cernirse sobre las instituciones públicas en Castilla y León. Esta vez, el foco se sitúa en el Real Sitio de San Ildefonso, también conocido como La Granja de San Ildefonso (Segovia), donde el portavoz adjunto del PSOE en las Cortes autonómicas, José Luis Vázquez, enfrenta una investigación judicial por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos durante su etapa como alcalde del municipio.
La causa, impulsada por una denuncia de los concejales del Partido Popular local, apunta a la adjudicación directa de contratos por un valor total de 840.000 euros sin licitación ni concurso público.
El recorrido judicial: del juzgado de Segovia al Tribunal Superior de Justicia
El caso ha escalado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), al encontrarse Vázquez aforado por su condición de procurador en las Cortes.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Segovia, que levantó recientemente el secreto de sumario, ha decidido inhibirse en la parte que le afecta, remitiendo la causa a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL. Este órgano aún no ha confirmado la aceptación de la competencia, pero todo apunta a que lo hará para garantizar la legalidad del proceso y los derechos del aforado.
Mientras tanto, la instrucción continúa para otros implicados, como Samuel Alonso, actual alcalde socialista del municipio, bajo cuyo mandato se mantuvo la contratación ahora investigada, y una funcionaria municipal.
Un contrato sin licitación durante cuatro años
El núcleo de la investigación se centra en los servicios de mantenimiento y limpieza de jardines municipales, adjudicados a la empresa Valoriza Servicios Medioambientales sin concurso público entre diciembre de 2017 y diciembre de 2021. La empresa habría cobrado 17.500 euros mensuales durante cuatro años —840.000 euros en total— sin que conste expediente administrativo, licitación o contrato formal que respalde dicha relación comercial con el Ayuntamiento.
Curiosamente, en 2010 se había adjudicado este mismo servicio mediante concurso público a la empresa Althenia, por la misma cuantía mensual. Sin embargo, tras acumular una deuda municipal de medio millón de euros, la empresa decidió rescindir el contrato en 2017 y acudió a los tribunales. Fue entonces cuando José Luis Vázquez, alcalde en ese momento, optó por seguir prestando el servicio a través de una nueva empresa, pero sin tramitar procedimiento legal alguno.
Una advertencia interna ignorada
Un documento clave en la investigación es un escrito del vicesecretario general del Ayuntamiento, fechado el 4 de enero de 2022, donde deja constancia de que, aunque en enero de 2018 se aprobaron pliegos para una nueva licitación, no existe constancia de que se publicaran o continuara el expediente. El mismo funcionario detalla que no se halló ningún documento administrativo nuevo en los archivos municipales que justifique la prestación del servicio por parte de Valoriza.
Este reconocimiento interno, lejos de resolver la situación, expone la falta de transparencia y legalidad en la contratación pública, lo que podría constituir prevaricación administrativa y un uso indebido de fondos públicos.
Registros, documentación y una parcela polémica
A principios de 2023, agentes de la Guardia Civil realizaron registros en las dependencias municipales del Real Sitio de San Ildefonso, incautando cuatro cajas de documentación, incluidas adjudicaciones, nombramientos y cesiones de terreno. Funcionarios fueron citados a declarar bajo la advertencia de secreto sumarial.
Uno de los elementos bajo investigación paralela es la cesión de una parcela por parte de particulares, quienes posteriormente se retractaron y obtuvieron una indemnización de 1.280.000 euros por parte del consistorio, también bajo la gestión de Vázquez. Esta operación, cuyo trasfondo aún no ha sido esclarecido públicamente, podría añadir otra capa de opacidad y perjuicio económico para las arcas municipales.
La trayectoria política de Vázquez y el control institucional
José Luis Vázquez, bibliotecario de profesión en la Diputación de Segovia, comenzó su carrera política en 1995 como teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Deportes. Fue alcalde del Real Sitio de San Ildefonso entre 2007 y 2019, periodo en el que también integró el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional y ocupó la vicepresidencia de la Federación Regional de Municipios y Provincias.
Actualmente es procurador en las Cortes de Castilla y León, portavoz adjunto del grupo socialista y miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE autonómico. Su larga trayectoria le otorga un profundo conocimiento de las estructuras institucionales y de los márgenes de maniobra administrativa. Precisamente por ello, los hechos que se investigan resultan especialmente preocupantes desde una perspectiva ética y democrática.
Una defensa política en clave electoral
Desde el entorno socialista se han lanzado insinuaciones sobre el momento de la denuncia, aludiendo a que suele coincidir con ciclos electorales. Aunque en este caso las elecciones autonómicas aún están a 10 meses vista, el argumento pretende sembrar dudas sobre una supuesta instrumentalización política de la Justicia. Sin embargo, el fondo del asunto no puede verse empañado por el calendario electoral: si hubo adjudicaciones irregulares, deben ser investigadas y depuradas con independencia del contexto político.
Implicaciones éticas y políticas
Más allá de la resolución judicial que pueda adoptar el TSJCyL, el caso plantea serias preguntas sobre la gestión de lo público, la falta de fiscalización interna, la opacidad en la contratación y la impunidad de determinados cargos públicos. No se trata únicamente de un incumplimiento de normas administrativas; lo que está en juego es la confianza ciudadana en sus representantes y en la limpieza del sistema democrático.
Resulta llamativo que un servicio esencial como el mantenimiento de los jardines —símbolo de identidad de La Granja de San Ildefonso y parte de su atractivo turístico— haya estado durante cuatro años en manos de una empresa sin que se haya seguido procedimiento alguno. Todo ello mientras el consistorio acumulaba deudas y los funcionarios advertían por escrito de las irregularidades.
El caso de José Luis Vázquez es más que una investigación puntual: es el reflejo de cómo la administración pública puede desviarse de sus principios básicos si no existen mecanismos efectivos de control, transparencia y rendición de cuentas. La Justicia tendrá que pronunciarse sobre las responsabilidades penales. Pero la sociedad, en su conjunto, debe preguntarse cómo es posible que un Ayuntamiento funcione durante años al margen de la ley sin que nadie —más allá de una denuncia opositora— lo impida a tiempo.
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Posteriormente, en noviembre de 2023, el Gobierno central —a través del organismo Patrimonio Nacional— le adjudicó a la misma empresa un contrato por 123.834,22 euros para la limpieza del Palacio de La Mareta, la residencia oficial de verano utilizada por el presidente
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