Sánchez rechaza una moratoria de 3 años en la tasa del ‘basurazo’ para los municipios de la DANA

Torrent, el segundo municipio más poblado de la provincia de Valencia, está viviendo una crisis silenciosa pero profunda, reflejada en la inacción del Gobierno central ante las peticiones de ayuda tras los devastadores efectos de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó la región a finales de octubre de 2024.

La falta de respuesta a las demandas de los municipios afectados por esta catástrofe natural pone de manifiesto una desconexión preocupante entre las administraciones locales y el Gobierno central, especialmente en lo que respecta a las necesidades urgentes de los ciudadanos y la rehabilitación de los territorios golpeados por la riada.

Un contexto desolador: La DANA y sus consecuencias

El 29 de octubre de 2024, la DANA dejó tras de sí una estela de devastación en muchas partes de la Comunidad Valenciana, incluida Torrent. Casas inundadas, infraestructuras dañadas y una comunidad que vio cómo sus vidas se trastocaban de la noche a la mañana. Frente a este escenario de emergencia, el Ayuntamiento de Torrent, liderado por la alcaldesa Amparo Folgado, actuó con rapidez y responsabilidad, buscando medidas que aliviara el sufrimiento de los ciudadanos y ofrecieran un respiro económico ante la difícil situación.

Uno de los primeros pasos dados por el consistorio fue la propuesta de suspender temporalmente la tasa de basuras, una medida que busca aliviar a las familias afectadas por la catástrofe. Esta tasa, que afecta directamente a los ciudadanos y que es una carga económica recurrente, fue considerada por el Ayuntamiento como una de las principales preocupaciones a abordar, dado que muchos vecinos se encontraban no solo con la angustia de la recuperación material, sino también con la presión de tener que seguir pagando impuestos y tasas en medio de la catástrofe.

El Proceso legislativo local y la falta de respuesta del Gobierno Central

La propuesta para suspender la tasa de basuras fue presentada en noviembre de 2024, solo días después de que los efectos de la DANA comenzaran a ser evidentes. A pesar de la urgencia de la situación, la medida no fue adoptada de manera unilateral por la alcaldesa, sino que pasó por un proceso de consenso dentro del Pleno municipal, que el 7 de diciembre de 2024 aprobó por unanimidad la propuesta de solicitar al Gobierno central una moratoria de tres años en el cobro de esta tasa para los municipios afectados por la riada. Este respaldo por parte de todos los grupos políticos de la localidad mostró una unidad y una intención de actuar rápidamente ante una crisis común.

Lo que sucedió a continuación fue una serie de esfuerzos administrativos en los que el Ayuntamiento de Torrent, encabezado por Folgado, se comunicó en reiteradas ocasiones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con otros altos cargos del Ejecutivo, como la ministra de Transición Ecológica, Sara Ageesen. Se enviaron cartas en diciembre de 2024 y en febrero de 2025, solicitando formalmente que el Gobierno aprobara la moratoria solicitada. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y de que la petición se ajustaba a una necesidad urgente, hasta la fecha el Gobierno no ha dado una respuesta concreta ni favorable a la petición de los afectados por la DANA.

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Una Moratoria urgente que no se materializa

El argumento del Ayuntamiento de Torrent para solicitar esta moratoria era claro: en una situación de emergencia como la que se vivió tras la DANA, no tenía sentido seguir exigiendo el pago de tasas a las familias y negocios que se habían visto afectados por las inundaciones. La suspensión temporal de la tasa de basuras habría sido una medida de justicia social, que permitiría que los recursos municipales se pudieran destinar a la rehabilitación de infraestructuras y viviendas, en lugar de cargar a los vecinos con una tasa que, en ese momento, era un gasto innecesario y abusivo.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno ha sido inexistente o, en el mejor de los casos, vaga. A pesar de las promesas iniciales de apoyo y de la evidente necesidad de intervención, la falta de acción concreta por parte de la administración central ha dejado a los municipios afectados en una posición muy complicada. La moratoria solicitada habría sido una medida sensata y solidaria, pero parece ser que no hay voluntad política para adoptarla, a pesar de que los hechos sobre el terreno exigen una respuesta rápida y efectiva.

El Contraste de prioridades: El Gobierno cobra, pero no cede

La indiferencia del Gobierno ante las solicitudes de los municipios afectados por la DANA se hace aún más desconcertante cuando se observa la actitud del Ejecutivo en otros aspectos relacionados con la gestión de la crisis. Mientras que el Gobierno parece no estar dispuesto a suspender una tasa que afecta directamente a la población vulnerable, sí se ha mostrado diligente a la hora de recaudar otros impuestos y tasas, incluso en situaciones que son claramente anómalas, como el caso de Torrent con el pago de un canon por unas pasarelas que ya no existen debido al paso de la DANA.

Este contraste en el trato a los municipios afectados es alarmante. Mientras que se exige a los municipios y a los ciudadanos cumplir con sus obligaciones fiscales, el Gobierno no parece estar dispuesto a ceder ante la solicitud de un alivio temporal en una de las tasas más inmediatas y dolorosas para los afectados por la riada. Esto no solo muestra una falta de empatía, sino también una desconexión de las verdaderas necesidades de los ciudadanos, que esperan respuestas rápidas y eficaces ante la devastación.

La Recuperación no solo es Material, es también Social

La crisis provocada por la DANA no solo ha afectado las infraestructuras y la propiedad, sino que también ha dejado huellas profundas en el tejido social de los municipios. La recuperación no puede limitarse a reparar los daños materiales; también debe incluir medidas que favorezcan el bienestar económico y psicológico de los afectados. El alivio en las tasas y los impuestos es solo una parte de una estrategia más amplia que debe implicar el compromiso del Gobierno para invertir de manera efectiva en la reconstrucción de las comunidades afectadas.

La falta de una respuesta seria por parte del Ejecutivo central muestra que, en muchos casos, las promesas de apoyo y la solidaridad institucional se quedan en palabras vacías. La lentitud del Gobierno en responder a las necesidades inmediatas de las localidades afectadas por la DANA refleja una falta de compromiso real con la recuperación social y económica de los ciudadanos. Mientras tanto, la frustración de los afectados crece, ya que sienten que están siendo abandonados en un momento en que más necesitan el apoyo de sus instituciones.

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Una Falta de Empatía y Responsabilidad Política

La situación en Torrent es solo uno de los ejemplos de la descoordinación y falta de respuesta por parte del Gobierno ante los efectos de la DANA. La negativa o la falta de acción ante las solicitudes de moratoria en la tasa de basuras es un claro reflejo de la desconexión entre el Gobierno central y las realidades de los municipios afectados por desastres naturales.

 Mientras que los ciudadanos siguen sufriendo las consecuencias de una catástrofe que cambió sus vidas, el Gobierno parece más interesado en cobrar impuestos que en ofrecer soluciones reales.

Es necesario un cambio en la actitud de los responsables políticos, que debe ir más allá de las medidas temporales y convertirse en un compromiso real con la reconstrucción social y económica de los municipios afectados. La recuperación tras una catástrofe no puede ser completa sin un apoyo sincero y tangible por parte de todas las administraciones, especialmente la central. Mientras esta situación persista, las promesas de solidaridad seguirán siendo solo eso: promesas incumplidas.

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