El empresario Rosauro Varo confirma al juez que Begoña Gómez le sugirió que Telefónica podría financiar su cátedra

El juez Juan Carlos Peinado continuó este miércoles con la investigación de los delitos de corrupción que atribuye indiciariamente a la esposa del presidente del Gobierno.

 Lo ha hecho con la comparecencia de varios empresarios, que han declarado sobre la financiación del software de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, y la del delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, quien, en calidad de imputado, se ha desvinculado de la contratación de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, en la que ha negado irregularidad alguna.

 Entre las declaraciones de los empresarios con relación con la cátedra ha destacado la del vicepresidente del consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital, Rosauro Varo, que ha confirmado que Begoña Gómez le sugirió personalmente la participación de la compañía en la financiación del sistema informático cuando coincidió con ella en un acto público por unos premios. No obstante, también ha asegurado que después no volvió a saber nada del asunto, según han confirmado fuentes jurídicas.

Su testimonio coincide con el que en enero prestó el representante legal de Telefónica, que declaró ante el juez que fue la esposa del presidente del Gobierno la que contactó con Varo para que mediara y consiguiera que la compañía participase en el desarrollo del software para su curso de Transformación Social Competitiva.

Cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 41 ha preguntado a Rosauro Varo por su relación con la esposa del presidente del Gobierno, este ha explicado que era profesional, a lo que el juez le respondió recordándole que se encontraba bajo juramento, lo que ha llevado al empresario a añadir que no se atrevía a definirla como de amistad.

Según el responsable de Telefónica, en septiembre de 2021 coincidió junto a Gómez en unos premios de sostenibilidad. Ella le contó que estaba liderando la cátedra como directora y en relación con la digitalización de pequeñas y medianas empresas, le comentó: “Puede ser interesante que presente este proyecto a Telefónica”, señalan fuentes presentes en la declaración.

 Directivos de Google
Por el mismo asunto han respondido también los directivos de Google Miguel Rodríguez Bueno, jefe de proyecto, y Miguel Escassi, responsable institucional. Ante el juez el primero ha explicado que en principio Google iba a dedicarse a la parte analítica digital, pero se dieron cuenta de que el módulo de administración no estaba desarrollado, por lo que informó a Escassi y se decidió ampliar el ámbito de trabajo.

También declaró Luis Abril, responsable de la filial de Indra Minsait y actual consejero ejecutivo y director general de la tecnológica. Sus nombres fueron aportados por los testigos Fuencisla Clemares, exdirectora de Google en España y Portugal y actual vicepresidenta de 'Go to market operations' para Europa, Oriente Medio y África de la tecnológica y por Ignacio Mataix, exconsejero delegado de Indra, que declararon a principios de abril.

 Las dos tecnológicas ya informaron por escrito al juez Juan Carlos Peinado el año pasado sobre las inversiones que realizaron en el 'software': Google invirtió 110.000 euros e Indra abonó 128.442 euros. Por su parte, Google España ha explicado en un comunicado que ya le ha comunicado al juez Peinado que en los últimos cinco años su colaboración con la plataforma TSC es similar a la desarrollada en otros 150 proyectos.

Malversación en Moncloa
Por otra parte, Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid y quien fuera superior jerárquico de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa, como secretario general de Presidencia, ha negado cualquier participación en su contratación, en la que ha negado irregularidad alguna. El juez enmarca su declaración en un delito de malversación por el presunto uso privado que Begoña Gómez pudo hacer de esta asistente en relación con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, si bien Martín Aguirre no trabajaba en Presidencia cuando se la contrató.

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 El delegado del Gobierno se ha limitado a responder a su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado. Ha declarado que no participó en la contratación de Álvarez -tal y como alegó también la fiscalía en apelación, pues tuvo lugar antes de que él accediera a Moncloa- y que no tiene constancia de que la asistente esté incumpliendo sus funciones. En el momento en el que el delegado del Gobierno llegaba a los juzgados, un par de personas le han increpado con “Sánchez corrupto” y “Sánchez dimisión".

Declaración interrumpida
La cuando menos peculiar forma de dirigir los interrogatorios por el juez Peinado ha hecho que suspendiera el que prestaba como testigo Raúl Díaz Silva, el cargo que fue identificado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como coordinador de este tipo de designaciones de cargos de confianza en el Gobierno.

 El magistrado le pidió que se instruyera y le volvió a citar a declarar el próximo día 28. Hasta entonces el testigo había asegurado que conoció a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez en 2015; a Cristina Álvarez, en cambio, en 2018, cuando ambos entraron con una diferencia de un par de semanas a trabajar en el complejo en el que reside el presidente del Gobierno.

La propia Álvarez fue imputada tras reconocer -en una primera comparecencia en calidad de testigo- la autoría de los correos electrónicos en los que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le "encantaría" que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que esta codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. También aparecía como colaboradora de la cátedra en otras comunicaciones remitidas al centro universitario para gestionar el software utilizado.

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