Pedro Sánchez, rodeado por un número creciente de escándalos que afectan tanto a miembros de su entorno familiar como político, parece haber entrado en una fase de desconexión con el sentir ciudadano
Noticias24 de mayo de 2025 Salvador Gimenez
España atraviesa una etapa marcada por un profundo deterioro en la confianza institucional. El gobierno de Pedro Sánchez, rodeado por un número creciente de escándalos que afectan tanto a miembros de su entorno familiar como político, parece haber entrado en una fase de desconexión con el sentir ciudadano.
Esta situación, lejos de activar mecanismos de regeneración política, ha provocado una suerte de resignación pública que amenaza con normalizar comportamientos que, en cualquier otra etapa democrática, habrían sido políticamente insoportables.
Las controversias que afectan al Ejecutivo abarcan desde supuestos casos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos hasta la manipulación de procesos administrativos para favorecer a personas cercanas al poder. Las sospechas recaen sobre figuras del entorno directo del presidente —incluidos su esposa y hermano—, así como sobre ministros, asesores y cargos públicos autonómicos vinculados al Partido Socialista.
A esto se suman las acusaciones de opacidad en la gestión de contratos durante la pandemia, adjudicaciones multimillonarias bajo condiciones poco transparentes y una constante sospecha de utilización política de las instituciones judiciales.
Sin embargo, a pesar de la gravedad de estas acusaciones, el gobierno ha adoptado una estrategia basada en la resistencia narrativa. En lugar de ofrecer explicaciones detalladas o asumir responsabilidades políticas, sus portavoces han insistido en presentar los casos como campañas de desinformación promovidas por la oposición o por determinados sectores mediáticos. Esta actitud de impermeabilidad al escrutinio público ha generado una creciente frustración en parte del electorado y un serio cuestionamiento sobre la calidad democrática del país.
La hemeroteca como espejo político
La figura de Pedro Sánchez, que en sus años de oposición adoptó un discurso combativo contra la corrupción, aparece hoy como un contraste llamativo respecto a su actuación como presidente. En 2015, por ejemplo, tras unas graves inundaciones del Ebro, Sánchez acusó a Mariano Rajoy de “indecente” por no acudir al lugar de la tragedia, exigiéndole “pisar el barro” y dar la cara en momentos difíciles. Esa postura, que apelaba a la sensibilidad y responsabilidad institucional, es difícilmente reconocible en su actitud frente a episodios recientes como la pandemia, donde evitó acudir tanto a hospitales de campaña como a actos de homenaje a las víctimas.
Durante la crisis del ébola en 2014, que afectó a una enfermera española tras la repatriación de un misionero contagiado en África, Sánchez no dudó en calificar la respuesta del Ejecutivo de Rajoy como un “desgobierno”. Hoy, muchos recuerdan esas palabras mientras critican la actuación del propio Sánchez en la crisis sanitaria del COVID-19, especialmente por la falta de transparencia en el recuento de víctimas, la gestión de los recursos sanitarios y los contratos de emergencia bajo sospecha de corrupción.
Instrumentalización judicial y pérdida de referentes éticos
Uno de los capítulos más significativos del ascenso político de Sánchez fue la moción de censura de 2018 que lo llevó a la presidencia. Basada en una sentencia judicial que condenaba al Partido Popular por la trama Gürtel —aunque sin implicación directa del entonces presidente Rajoy—, esta moción fue respaldada por partidos hoy ya desaparecidos o con escasa representación parlamentaria. Años después, diversas resoluciones judiciales y matizaciones jurídicas han puesto en entredicho la solidez del argumento que sirvió de base para esa operación política.
Paradójicamente, ahora que los escándalos afectan de lleno al PSOE, se percibe un uso estratégico de la justicia para desacreditar determinadas investigaciones. El partido ha modificado sus propias normas internas para suavizar las consecuencias políticas ante la imputación de sus cargos, invocando la posible "instrumentalización judicial" de los procesos. Esta defensa, aunque legítima en términos jurídicos, deja un regusto amargo en una sociedad que percibe que las normas cambian dependiendo del color político del afectado.
El papel de la oposición: entre la oportunidad y la parálisis
En este clima de descrédito institucional, la oposición conservadora liderada por el Partido Popular se enfrenta a un desafío histórico. Con un amplio dominio territorial —gobierna en comunidades clave como Madrid, Andalucía, Galicia y Valencia—, el PP aún no ha logrado articular un proyecto nacional suficientemente sólido como para canalizar el hartazgo creciente hacia el gobierno de Sánchez.
La convocatoria del Congreso Nacional del PP para el mes de julio representa una oportunidad crucial para redefinir su estrategia política. Este congreso, que debe ser mucho más que una cita formal del aparato del partido, se plantea en un momento de urgencia ideológica y estratégica. Tras años de confusión doctrinal y una evidente desconexión con las preocupaciones reales del votante, el PP necesita reconstruir un marco programático claro, con propuestas concretas en materias clave como energía, fiscalidad, inmigración, educación, libertad de expresión, políticas sociales y relaciones internacionales.
Además, deberá gestionar con inteligencia su relación con Vox, un partido que representa tanto un competidor electoral como un posible socio en futuras coaliciones. La tentación de confrontar duramente con esta formación puede resultar contraproducente si no se acompaña de una narrativa propia fuerte y atractiva. Si el PP demuestra eficacia donde gobierna y proyecta liderazgo desde la moderación, podrá encarar a Vox como un complemento y no como una amenaza.
Un congreso que debe marcar un antes y un después
El Congreso de julio no puede limitarse a una renovación de cargos o a una declaración de intenciones. Es imprescindible que el PP se tome esta cita como un acto de regeneración política. Debe reconocer los errores del pasado, desde el desgaste de los últimos años del marianismo hasta el fracaso del liderazgo de Pablo Casado, y mirar hacia adelante con una propuesta integradora, ideológicamente clara y políticamente valiente.
En un momento de desafección ciudadana, el PP tiene el deber de ofrecer respuestas, no silencios; de presentar principios, no tácticas. Un proyecto de centro-derecha moderno, con fundamentos liberales y conservadores bien definidos, puede recuperar el liderazgo electoral si es capaz de conectar con los votantes desde la autenticidad y el compromiso con el interés general.
El escenario político español se ha degradado hasta un punto crítico. La acumulación de escándalos, la pérdida de credibilidad institucional y la ausencia de autocrítica desde el gobierno requieren una oposición con altura de miras, no sólo para ganar elecciones, sino para devolver la confianza a una ciudadanía cada vez más desencantada.
España no puede permitirse seguir avanzando sin un horizonte claro. El Congreso Nacional del PP será una cita determinante. Si la oposición no se activa, si no asume su papel con valentía y responsabilidad, la pregunta que Pedro Sánchez lanzó en su día a Mariano Rajoy podría volver a escucharse, pero esta vez dirigida a su propia bancada: ¿Qué más tiene que pasar?
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Ese enfoque —comparar constantemente con el Partido Popular— ha sido una estrategia comunicativa habitual dentro del PSOE. Sin embargo, el ciudadano espera explicaciones concretas, no comparaciones partidistas. Que existan escándalos en otras formaciones no exime de responsabilidad a quienes están en el poder hoy
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