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En las semanas previas al gran apagón que afectó a España y Portugal el pasado 28 de abril de 2025, se habrían producido una serie de decisiones que hoy están siendo objeto de debate. Según diversas fuentes cercanas al sector energético, desde el Ejecutivo se habrían impulsado medidas para acelerar el uso de energías renovables en el sistema eléctrico, priorizando objetivos climáticos y políticos sobre criterios técnicos.
Esta directriz se habría originado en un discurso pronunciado por el presidente del Gobierno a finales de enero de 2025, en el que abogó por acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible. El mensaje fue interpretado como una llamada a maximizar la incorporación de energía solar y eólica en la red, incluso por encima de los niveles considerados seguros por algunos expertos del sector.
Durante varios días previos al colapso, aprovechando condiciones meteorológicas favorables, el operador del sistema eléctrico llevó a cabo pruebas para evaluar la capacidad de integración de energía renovable sin un respaldo suficiente de fuentes convencionales como el gas o la nuclear. Estas maniobras, diseñadas para cumplir con los ambiciosos objetivos de descarbonización, generaron inquietud entre técnicos y especialistas, quienes ya habían advertido de los límites estructurales del sistema ante semejante exigencia.
Desde hace años, la estrategia de la compañía operadora ha estado alineada con los ejes de transición energética, centrándose en la descarbonización, la eficiencia, la protección ambiental y la inclusión social. Sin embargo, empleados y directivos internos habrían expresado preocupación por la forma en que se habrían implementado estas políticas, apuntando a una ejecución más ideológica que técnica.
Un documento financiero interno de la matriz de la empresa ya advertía hace meses del riesgo de una "alta penetración de generación renovable sin la infraestructura adecuada para manejar perturbaciones". El informe alertaba de la posibilidad de cortes de suministro si no se aseguraban mecanismos de respaldo suficientes, como almacenamiento energético o generación flexible.
El antecedente de Australia, donde en 2018 se registraron problemas por una alta concentración de instalaciones solares en tejados, refuerza estos temores. Allí, el fenómeno conocido como “derrame solar” evidenció los retos que plantea una red que no puede absorber toda la producción renovable cuando la demanda es baja.
También se ha recordado la dimisión de un expresidente del operador eléctrico estatal en 2020, quien denunció interferencias políticas constantes y la imposibilidad de reforzar la red como consideraba necesario. Estas advertencias, consideradas en su momento como una llamada de atención sobre la autonomía técnica del sistema, cobran una nueva dimensión tras los hechos recientes.
Aunque aún se esperan informes oficiales que aclaren las causas exactas del apagón, crece la percepción de que las decisiones adoptadas en nombre de la sostenibilidad no siempre fueron acompañadas por una planificación técnica rigurosa, generando una tensión entre ambición ecológica y estabilidad operativa.
Lejos de asumir responsabilidades, el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado desviar la atención y buscar culpables externos tras el apagón del 28 de abril. Sin embargo, los hechos apuntan con claridad a La Moncloa como origen del desastre.
Fue Sánchez quien, impulsado por su agenda ideológica, ordenó forzar la integración masiva de energías renovables sin garantías técnicas ni respaldo suficiente. Esta obsesión por imponer a toda costa su proyecto de transición verde —sin escuchar a técnicos, ni respetar los límites del sistema— condujo directamente al colapso de la red. Ahora, mientras el país sufre las consecuencias, el Ejecutivo pretende eludir su responsabilidad y silenciar un fallo que fue política, no técnica.
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