Esto no es un error administrativo. Es una negativa consciente. Es ocultación deliberada. Y cuando se oculta información pública, se está encubriendo corrupción
Nacional29 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
Muface deniega al Congreso los contratos del ático y la sauna de la familia Gómez
El escándalo crece en silencio. Poco a poco. El Gobierno de Pedro Sánchez se niega, una vez más, a rendir cuentas. Esta vez, la sombra de la corrupción apunta directamente a la familia política del presidente. La entidad pública MUFACE se ha negado a proporcionar la documentación sobre unos alquileres muy por debajo del mercado firmados con la empresa del padre de Begoña Gómez, esposa de Sánchez.
MUFACE bloquea la transparencia: contratos ocultos con San Bernardo 36 S.L.
En abril se presentó en el Congreso una solicitud de información para que MUFACE entregase todos los contratos con San Bernardo 36 S.L., sociedad vinculada a Sabiniano Gómez, padre de Begoña. El objetivo era acceder a detalles sobre tres propiedades alquiladas en condiciones privilegiadas: un ático de 139 m², un primer piso y un local comercial —antigua sede de la sauna Adán—, todos situados en Madrid.
La petición se amparaba en el artículo 7 del reglamento de las Cortes. Exigía conocer los términos contractuales, las actualizaciones de renta, las inversiones en mantenimiento y cualquier comunicación entre MUFACE y la empresa.
Pero la respuesta del Gobierno fue una burla: tres líneas y un enlace a la página principal de MUFACE. Sin cifras, sin contratos, sin fechas. Una opacidad absoluta.
Alquileres por debajo del precio real: ¿trato de favor a la familia de Sánchez?
Los datos conocidos gracias a investigaciones de medios independientes muestran cifras escandalosas. El ático de 139 m², alquilado por poco más de 850 euros mensuales, está muy por debajo del precio medio de mercado. Hoy, ese inmueble valdría más de 4.000 euros al mes.
Estos contratos, firmados a finales de los años 80, siguen vigentes. Las condiciones no se han actualizado. Y lo más grave: el Estado continúa cobrando una renta irrisoria por inmuebles situados en pleno centro de la capital.
Ni por el Portal de Transparencia, ni en el Congreso: el Gobierno se atrinchera
El Gobierno se ha negado a facilitar la documentación a través de todos los canales posibles. Ni el Portal de Transparencia, ni las preguntas parlamentarias del PP y VOX, ni la solicitud formal de informe han servido.
La fecha límite para responder venció el 21 de mayo. Pero el Ejecutivo volvió a incumplir. Solo remitió un enlace genérico. No hubo ni una explicación. Ni un solo contrato. Nada.
Esto no es un error administrativo. Es una negativa consciente. Es ocultación deliberada. Y cuando se oculta información pública, se está encubriendo corrupción.
¿Quién es San Bernardo 36 S.L. y por qué está ligada al escándalo?
San Bernardo 36 S.L. es una empresa vinculada directamente a Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez. Fue beneficiaria de contratos con MUFACE en los años 80 para el arrendamiento de inmuebles públicos.
Hoy, esos contratos siguen generando ingresos mensuales en condiciones sospechosas. ¿Por qué se renovaron? ¿Quién autorizó su continuidad? ¿Por qué no se ajustaron los precios al valor del mercado?
Nadie responde. Ni el Ministerio de la Presidencia, ni Félix Bolaños, ni ningún otro organismo.
El silencio del Gobierno ante 18 preguntas parlamentarias
PP y VOX han registrado 18 preguntas en el Congreso para esclarecer el asunto. Todas fueron cerradas en falso. El Ejecutivo respondió con frases copiadas de la ley. Sin detalles. Sin documentos. Sin nombres.
Así actúa un Gobierno que tiene mucho que esconder. No rinde cuentas. No respeta el control parlamentario. Y utiliza los recursos públicos para proteger a sus allegados.
Una respuesta insultante: un link vacío como «transparencia»
La única información que ha dado MUFACE consiste en este mensaje:
“En relación con la solicitud formulada, Sus Señorías pueden acceder a la información sobre los inmuebles de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) a través del siguiente enlace.”
Ese enlace no lleva a los contratos. No lleva a los documentos. Lleva a una página genérica, sin datos relevantes. Es una burla. Una estrategia para ocultar la verdad.
El papel del Ministerio de Félix Bolaños: cómplice por omisión
El encargado de dar respuestas ha sido Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Su departamento ha ignorado todas las peticiones y ha cerrado filas en torno a Sánchez. Su silencio, su negativa a proporcionar información y su uso partidista de la Administración lo convierten en cómplice de esta opacidad.
¿Por qué importa este escándalo? Porque afecta al uso del dinero público
Este caso no trata solo de arrendamientos. Trata de la corrupción estructural del entorno de Sánchez. Trata del uso opaco de propiedades públicas. Trata de privilegios que no se justifican. Y trata de la complicidad de un Gobierno que protege a los suyos mientras castiga a los ciudadanos.
La familia de Sánchez, en el centro de las sospechas
Primero fue el hermano de Sánchez, David Azagra, con sueldo millonario en una diputación sin pisarla. Después fue su esposa, Begoña Gómez, con contratos dudosos con empresas privadas beneficiadas por ayudas públicas. Ahora, su suegro, vinculado a alquileres ventajosos con MUFACE.
Todo apunta a una red de beneficios familiares que se extiende por instituciones públicas. Y cuando el poder no responde, es deber del periodismo y de la sociedad civil denunciarlo.
La ley obliga al Gobierno a informar, no a ocultar y a esconderse
Según la legislación vigente, toda Administración pública tiene la obligación de facilitar información de interés general. No puede negarse. No puede ocultarse tras enlaces vacíos. No puede inventar excusas.
El silencio del Ejecutivo no es legal. No es ético. Y esconde un posible delito de prevaricación o encubrimiento. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y este nuevo escándalo será investigado. Y será más grave de lo que a priori parece. Ya lo verán.
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Todo esto mientras la empresa ya había sido declarada en disolución en octubre de 2023. Además, se encontraba desde 2015 en concurso de acreedores. Pese a este historial, la Comunidad de Madrid le ha otorgado más de 400 contratos públicos en los últimos años
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