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En una España donde la memoria de las víctimas del terrorismo aún duele, donde las heridas de la barbarie de ETA siguen abiertas en miles de familias, la reciente noticia de que Henri Parot —condenado por 39 asesinatos— ha salido de prisión en varias ocasiones, representa no solo una afrenta a la justicia, sino también la culminación de un proceso político profundamente inquietante: la normalización del pacto con EH Bildu, el brazo político de quienes jamás han condenado el terrorismo de ETA.
Henri Parot: el símbolo de la sangre inocente derramada
Henri Parot no es un preso cualquiera. Es uno de los miembros más sanguinarios de la organización terrorista ETA. Sus manos están manchadas con la sangre de 39 personas inocentes, entre ellas mujeres, niños y militares asesinados cobardemente en atentados indiscriminados. Fue condenado a más de 4.800 años de prisión, aunque solo cumple 35, el máximo legal permitido.
Ahora, a sus 67 años, Parot ha comenzado a disfrutar de permisos para salir a la calle. Dos de esas salidas ya se han producido sin conocimiento público, y una tercera ha sido autorizada por un juzgado de Vigilancia Penitenciaria. No es un error técnico ni una concesión jurídica inevitable. Es parte de una estrategia política de fondo: la de contentar a EH Bildu, uno de los socios preferentes del Gobierno de Pedro Sánchez.
Del "nunca pactaremos con Bildu" al "todo por la legislatura"
Pedro Sánchez llegó al poder asegurando que jamás pactaría con Bildu. Lo repitió una y otra vez durante sus campañas. Pero una vez en La Moncloa, su discurso se desmoronó al ritmo de su necesidad de votos para mantenerse en el poder. Desde los Presupuestos Generales del Estado hasta leyes clave como la de Vivienda o la polémica Ley de Memoria Democrática, EH Bildu ha sido un actor esencial para que el gobierno de coalición de PSOE y Podemos (hoy Sumar) pudiera sacar adelante su agenda.
¿El precio? Legitimar a una formación política que aún acoge en sus listas a antiguos miembros de ETA, que no ha condenado de forma clara y sin matices el terrorismo, y que continúa haciendo apología del “conflicto vasco” como si no hubieran existido víctimas, solo “daños colaterales”. En otras palabras, el precio es la dignidad de las víctimas del terrorismo y la integridad moral del Estado de Derecho.
Traslados, progresiones de grado y ahora, permisos: el camino hacia la impunidad
El caso de Parot no es aislado. Durante el gobierno de Sánchez se han acelerado los traslados de etarras a cárceles del País Vasco, una de las principales exigencias de Bildu. Estos traslados, que suponen la antesala para futuras progresiones de grado y permisos, han sido justificados por Instituciones Penitenciarias bajo el argumento de la "resocialización".
Pero ¿cómo puede hablarse de reinserción cuando muchos de estos presos jamás han mostrado arrepentimiento, ni han colaborado para esclarecer los más de 300 crímenes sin resolver de ETA? ¿Qué clase de justicia se aplica cuando los derechos de los asesinos empiezan a pesar más que la memoria de sus víctimas?
Henri Parot ha sido uno de los nombres más representativos de la estrategia criminal de ETA. Que ahora pueda disfrutar de permisos penitenciarios es una victoria para quienes nunca renegaron del odio ni del asesinato como instrumento político.
Bildu se refuerza, las víctimas se olvidan
A cambio de sus votos, Bildu no solo ha conseguido medidas penitenciarias beneficiosas para antiguos etarras. Ha conseguido también una blanqueamiento progresivo, normalizando su presencia en instituciones democráticas sin exigir una verdadera ruptura con su pasado criminal. Ha conseguido que la izquierda radical catalana y vasca marque la agenda de un gobierno que se dice progresista, mientras deja atrás a quienes dieron su vida por defender la democracia.
Mientras tanto, asociaciones de víctimas del terrorismo como la AVT y Covite denuncian una y otra vez lo que consideran un "pacto infame". Pero sus voces son acalladas, cuando no despreciadas, por una narrativa oficial que prefiere hablar de "convivencia" y "reconciliación" sin justicia.
¿Hasta dónde está dispuesto a ceder Sánchez?
Con cada cesión, con cada paso hacia la impunidad, Pedro Sánchez debilita no solo la memoria democrática de España, sino el propio concepto de justicia. Gobernar con el apoyo de EH Bildu puede garantizar una legislatura, sí. Pero lo hace al precio de traicionar a las víctimas, al precio de permitir que asesinos convictos como Parot vean la luz del día, mientras las familias de sus víctimas siguen encerradas en un luto eterno.
Gobernar no lo justifica todo
Hay líneas que no deberían cruzarse, ni siquiera por gobernabilidad. Hay pactos que manchan las manos. Y hay decisiones, como las que están permitiendo a criminales como Henri Parot salir de prisión, que socavan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
España necesita líderes que honren la memoria de las víctimas, no que las traicionen por unos escaños. La política no puede estar por encima de la justicia. Y quienes gobiernan deberían recordar que la historia juzga con más dureza a los cómplices pasivos que a los verdugos.
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