Paripé en Ferraz: el PSOE pacta la baja voluntaria de Leire Díez para no dar explicaciones

El PSOE fuerza la 'baja voluntaria' de la militante Leire Díez tras el escándalo de la 'fontanería' que ha sacudido Ferraz. En un comunicado oficial, los socialistas explican que "la afiliada [...], al final de su declaración, ha solicitado la baja voluntaria como afiliada del Partido Socialista Obrero Español". Y aclaran que "en cuanto la misma sea efectiva, cualquier medida de carácter orgánico respecto a ella quedará suspendida".

En cualquier caso, Leire Díez, ha convocado una rueda de prensa este miércoles a las 10.00 tras reunirse en Ferraz con el equipo jurídico del PSOE. Los socialistas le abrieron un expediente informativo tras trascender que se reunió con empresarios y abogados para recabar material comprometedor contra el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, responsable de la unidad de delitos económicos y financieros de la UCO de la Guardia Civil, una unidad que investiga casos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno y a dirigentes socialistas.

Leire Díez entro pasadas las 16.00 en la sede socialista y ha estado dos horas con los responsables del equipo jurídico del partido ante los que ha dado explicaciones por sus maniobras.

Lo cierto es que el secretario de organización del PSOE, el navarro Santos Cerdán, es el hombre clave de la maquinaria socialista y está muy vinculado a Leire Díez. Por sus manos pasan buena parte de los documentos internos del partido, incluidos los que ha podido requerir la comisión de ética y garantías en un expediente disciplinario. Es cierto que este ente es independiente de organización. 

No existe dependencia jerárquica. Pero no es menos cierto que esa comisión y la secretaría de organización son los órganos estatutariamente encargados de coordinarse para garantizar la correcta aplicación de los estatutos y del resto de reglamentos, especialmente en situaciones de crisis orgánica, reestructuraciones internas o conflictos disciplinarios. Por eso, ha llamado poderosamente la atención el proceder de Ferraz en la crisis provocada por la militante cántabra.

El pasado 26 de mayo trascendieron unos audios en los que Díez, junto con empresarios y abogados, discutía estrategias para desacreditar a Balas, el responsable de la Guardia Civil. Además, estas conversaciones incluían la búsqueda de información comprometedora sobre otros miembros de la judicatura y la fiscalía. También de algunos periodistas de medios críticos. 

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Oficialmente, el partido se ha defendido aclarando que Díez actuó a título personal, sin representar al PSOE ni al Gobierno. Pero si se atiende exclusivamente a los hechos reconocidos por el propio partido, Díez habría cometido dos faltas muy graves conforme a los artículos 86.e y 86.i de los estatutos federales. 

Por tanto, el PSOE podría sancionarla con la expulsión o la suspensión de militancia de larga duración si así lo estima procedente tras tramitar el correspondiente expediente disciplinario con todas las garantías. El problema es que no lo ha hecho. Y no lo va a hacer, porque una vez se tramite la baja voluntaria, Díez dejará de tener responsabilidad alguna dentro del PSOE.

 La forma en que Ferraz ha manejado el asunto aumenta la sesancion de que, en efecto, Díez ha actuado con autoridad oficiosa. Es más, participó en reuniones en Waterloo con dirigentes de Junts para el mismo fin. Y en el PSOE, Santos Cerdán atesora un amplio historial de encuentros con el expresidente catalán.

Hasta este martes, la dirección socialista ha mantenido una postura prudente, esperando a esclarecer los hechos antes de tomar decisiones disciplinarias. Pero algunas voces dentro del partido, y algunos socios políticos también, han expresado su preocupación por el daño a la imagen del PSOE y han solicitado una respuesta mucho más contundente por parte de la ejecutiva.

El partido se limitó a abrir un expediente informativo, que no implica de entrada una sanción, pero sí el inicio de un proceso interno que puede desembocar en consecuencias disciplinarias, según pautan los estatutos federales del partido. Este tipo de expediente tiene un carácter preliminar e indagatorio.

Su finalidad es esclarecer hechos o conductas que podrían vulnerar los principios éticos o las normas internas del partido. No supone, por tanto, un juicio ni una asunción de culpabilidad, pero sí permite a los órganos competentes —como la comisión de garantías— recabar información, interrogar al militante afectado y solicitar pruebas antes de decidir si se procede o no a una apertura formal de expediente disciplinario.

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Lo sangrante del asunto es que la defensa del partido implica la asunción de que ha cometido dos faltas muy graves, motivos de expulsión. El presidente, Pedro Sánchez, ha evitado a la prensa desde hace nueve días, cuando se conoció el escándalo. La última comparecencia con preguntas de los periodistas data del 22 de mayo, tras el apagón. Sánchez ignora por completo la crisis que se desató más de una semana.

Sánchez espera que amaine el chaparrón, consciente de que su partido -y su Gobierno- atraviesa serias dificultades tras trascender que la militante cántabra Leire Díez maniobró para recabar información comprometedora del teniente coronel Antonio Balas, responsable de la unidad de delitos económicos y financieros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, una unidad que está investigando algunos casos de supuesta corrupción en los que están salpicados dirigentes socialistas y miembros y exmiembros del Ejecutivo. 

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