La figura de Pedro Sánchez ha pasado de ser la de un estratega político hábil a la de un dirigente cada vez más cuestionado por su relación con escándalos de corrupción, su tendencia al control institucional y su desprecio por la crítica
Nacional04 de junio de 2025
Impacto España NoticiasLa figura de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España desde 2018, ha estado constantemente envuelta en polémicas, pero pocas veces su credibilidad —no solo nacional, sino internacional— se había visto tan profundamente cuestionada como en las últimas semanas.
El reciente artículo publicado por The Times, uno de los periódicos más influyentes del Reino Unido, ha encendido las alarmas sobre el uso de información falsa por parte del Ejecutivo español para atacar a la Guardia Civil, concretamente a un agente de la UCO (Unidad Central Operativa), que estaría involucrado en investigaciones sensibles contra el entorno cercano del presidente.
Este episodio se suma a una cadena de escándalos que reflejan no solo una grave crisis de imagen, sino una profunda desconfianza internacional hacia la solidez institucional del Gobierno de Sánchez. La imagen exterior de España, un país que hasta hace poco era percibido como un ejemplo de estabilidad democrática dentro del sur de Europa, ha comenzado a desdibujarse bajo su mandato.
Una acusación sin fundamento que traspasa fronteras
El detonante más reciente de esta crisis de reputación ha sido la revelación de que tres ministros del Gobierno español respaldaron una acusación grave —y finalmente infundada— contra un agente de la Guardia Civil, acusándolo de planear un atentado contra el presidente del Gobierno. Según The Times, la base de esta acusación eran unos mensajes descontextualizados de WhatsApp del año 2021, en los que se sugería la posibilidad de colocar una bomba lapa o contratar un sicario venezolano.
Lo escandaloso no es solo la fragilidad de la evidencia, sino el momento político en que se lanza: cuando la UCO investiga por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y malversación a tres personas clave del entorno de Sánchez: su esposa Begoña Gómez, su hermano David Sánchez y el exministro José Luis Ábalos.
El uso de acusaciones infundadas para desacreditar a miembros de las fuerzas de seguridad que investigan al círculo del poder representa un ataque directo a los principios de separación de poderes y a la independencia de las instituciones. La situación, reflejada en medios internacionales, proyecta una imagen de politización y descrédito institucional que resuena más allá de las fronteras españolas.
La opacidad en los escándalos familiares
Las investigaciones contra miembros del círculo más íntimo del presidente también han llamado la atención internacional. En particular, la causa contra Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas con ella, ha sido especialmente sensible. La respuesta del Gobierno ha sido cerrar filas en su defensa, sin ofrecer transparencia ni permitir que el sistema judicial actúe con plena independencia.
Por otro lado, David Sánchez, hermano del presidente, está siendo investigado por presunta malversación de fondos públicos, en relación con su trabajo en la Diputación de Badajoz, donde habría cobrado un sueldo sin acreditar funciones claras. Este caso, junto con el escándalo de los contratos covid que afecta al exministro José Luis Ábalos, dibuja un cuadro inquietante: una élite política que parece blindarse mientras el sistema judicial y las fuerzas de seguridad que intentan fiscalizarla son objeto de sospecha, presión e incluso represalias.
Grabaciones, chantajes y guerra sucia
A esta ya compleja situación se suma la filtración de grabaciones comprometedoras. Algunas de ellas muestran a presuntos miembros vinculados al PSOE intentando obtener información comprometida sobre miembros de la UCO. En otras se habla directamente de presiones a un fiscal utilizando un vídeo de contenido sexual, lo que representa un nivel de degradación institucional y moral difícil de imaginar en una democracia consolidada.
Estas prácticas —propias de regímenes autoritarios o de democracias en decadencia— han puesto en duda el compromiso del Gobierno español con los principios básicos del Estado de derecho.
Silencio, victimismo y manipulación política
En lugar de ofrecer explicaciones transparentes y asumir responsabilidades, Pedro Sánchez ha optado por una estrategia comunicativa basada en el victimismo político. Su carta a la ciudadanía, en la que afirmaba estar reflexionando sobre su continuidad en el cargo tras conocerse la investigación contra su esposa, fue ampliamente criticada por sectores políticos, judiciales y mediáticos como un intento de desviar la atención y reforzar su figura como víctima de una conspiración.
Lejos de calmar los ánimos, esta maniobra fue leída como una puesta en escena calculada y manipuladora. La reacción posterior —una movilización ciudadana convocada desde La Moncloa y la descalificación de los jueces y medios críticos— agravó aún más la sensación de que el Ejecutivo está dispuesto a socavar las instituciones democráticas con tal de aferrarse al poder.
La mirada internacional: desconfianza y preocupación
Que un medio como The Times haya puesto el foco en las irregularidades del Gobierno español es altamente significativo. Las democracias europeas observan con preocupación la deriva institucional de España. La pérdida de credibilidad no solo afecta al prestigio personal de Pedro Sánchez, sino que debilita la posición del país en foros internacionales.
Empresas extranjeras, inversores y gobiernos ya toman nota: España se ha convertido en un terreno políticamente inestable, con señales preocupantes de politización de la justicia, ataques a los medios libres y uso partidista de los recursos públicos. En el actual contexto geopolítico —con Europa enfrentando desafíos serios como la guerra en Ucrania, la crisis migratoria y el auge de los populismos—, tener un socio poco fiable en el sur no es una opción.
Una presidencia marcada por la erosión institucional
La figura de Pedro Sánchez ha pasado de ser la de un estratega político hábil a la de un dirigente cada vez más cuestionado por su relación con escándalos de corrupción, su tendencia al control institucional y su desprecio por la crítica. El precio de este estilo de liderazgo ya no se mide solo en desgaste electoral, sino en el descrédito internacional de España como democracia solvente.
Hoy más que nunca, el país necesita recuperar la independencia judicial, el respeto por las instituciones, y la transparencia en la gestión pública. Y eso, por mucho que intente negarlo o esconderlo, empieza por el comportamiento del propio presidente del Gobierno.
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