En una de las grabaciones recientemente difundidas, el abogado José Luis Sáenz de Tejada insta a sus interlocutores a actuar "inmediatamente" contra la Sala Penal del Tribunal Supremo y, en particular, contra el entonces presidente de dicha Sala, el magistrado Manuel Marchena
Corrupción04 de junio de 2025
Impacto España Noticias
La situación judicial que rodea a varias figuras próximas al Gobierno ha dado un nuevo giro tras la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. La causa fue abierta por el Tribunal Supremo en octubre tras la supuesta filtración de información sensible sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Este hecho ha generado un terremoto institucional y ha servido como detonante para una serie de movimientos ocultos protagonizados por un grupo de influencia vinculado a figuras del entorno del PSOE. Diversas grabaciones, mensajes y acciones coordinadas han comenzado a emerger, evidenciando lo que algunos ya describen como una operación de presión política y judicial sin precedentes.
Grabaciones que revelan una estrategia contra jueces del Supremo
En una de las grabaciones recientemente difundidas, el abogado José Luis Sáenz de Tejada insta a sus interlocutores a actuar "inmediatamente" contra la Sala Penal del Tribunal Supremo y, en particular, contra el entonces presidente de dicha Sala, el magistrado Manuel Marchena. El mensaje se produce justo después de conocerse la imputación del fiscal general del Estado.
"Buenos días. Acabo de ver, es que no veo las noticias, pero me lo han pasado, que han imputado al Fiscal General del Estado, creo, ¿no? Creo que si están Marchena y toda esta gente por medio hay que actuar inmediatamente, inmediatamente, teníamos que haberlo hecho antes, pero bueno", afirma el abogado en el audio.
AUDIO PARA ATACAR A JUECES POR EL CASO DEL FISCAL GENERAL, GARCIA ORTIZ:
"Aún así creo que hay que actuar y poner de manifiesto todo lo que hemos hablado de una manera concreta y ordenada, por lo menos para que esa Sala pues se vea la parcialidad de la Sala y lo que está persiguiendo", continúa Sáenz de Tejada. La intención, según sus propias palabras, era dejar constancia de una supuesta parcialidad en la actuación de los magistrados del Supremo.
La trayectoria de Marchena: en el centro de la diana
El magistrado Manuel Marchena ha sido una de las figuras más influyentes del poder judicial español en las últimas dos décadas. Canario de nacimiento, con formación como fiscal, fue designado en 2004 como miembro de la Fiscalía del Supremo y, tres años después, accedió como magistrado a la Sala de lo Penal. En 2014 fue nombrado presidente de dicha Sala, cargo que ostentó durante dos mandatos hasta diciembre del pasado año.
Durante su etapa al frente del órgano, Marchena se consolidó como uno de los referentes más respetados de la judicatura española, siendo incluso propuesto como presidente del Consejo General del Poder Judicial en 2018, aunque finalmente renunció a ese proceso. Su independencia y firmeza lo han convertido en un objetivo incómodo para determinados sectores políticos, según apuntan las revelaciones surgidas en las últimas semanas.
Otros jueces bajo presión: Peinado y Biedma
Marchena no ha sido el único magistrado señalado por esta presunta red clandestina. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid y encargado de investigar a Begoña Gómez —esposa del presidente del Gobierno— también habría sido objeto de maniobras dirigidas a cuestionar su actuación.
Asimismo, la juez Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, aparece como otra pieza clave dentro de esta operación. Biedma investiga la causa relacionada con David Sánchez, hermano del presidente, y ha sido blanco de intentos de apartamiento judicial. En concreto, Sáenz de Tejada —el mismo abogado mencionado anteriormente— intentó recusarla tras ser rechazado como acusación popular en dicha causa.
La magistrada Biedma, en un auto reciente, denunció que la recusación no respondía a motivos jurídicos, sino a una venganza personal derivada de su papel en un procedimiento previo que condujo a la inhabilitación del propio Sáenz de Tejada por un delito de malos tratos psicológicos contra su expareja.
Una red con vínculos políticos y empresariales
Los elementos filtrados apuntan a la existencia de una red de actores vinculados al ámbito político y empresarial que operaría en la sombra con el objetivo de influir en causas judiciales sensibles. Entre los implicados figuran Leire Díez, colaboradora estrecha del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el empresario Javier Pérez Dolset.
Estos actores habrían participado en diversas acciones destinadas a neutralizar investigaciones o desviar la atención mediática y judicial, utilizando para ello tanto influencias políticas como recursos judiciales y mediáticos. El propio Sáenz de Tejada, pese a haber sido expulsado de la carrera judicial, aparece como uno de los principales coordinadores de estos movimientos.
Objetivo Repsol: un nuevo frente empresarial
Además de los ataques a jueces, la misma estructura clandestina habría orquestado una operación para debilitar a una de las principales empresas del IBEX 35: Repsol. En una grabación del 23 de abril, el abogado Jacobo Teijelo propone a un empresario —investigado por otro caso en la Audiencia Nacional— que presente una denuncia contra Repsol por presunto fraude.
La finalidad de esta denuncia sería doble: por un lado, generar presión pública e institucional contra la energética; por otro, beneficiar al empresario denunciante con una posible rebaja de su condena o absolución. Según los audios, esta operación también contaría con la participación de Díez y Pérez Dolset.
Implicaciones y consecuencias institucionales
De confirmarse la autenticidad y la veracidad de las grabaciones, España se enfrentaría a un escenario de extrema gravedad institucional. La utilización de redes paralelas para atacar a magistrados, condicionar procesos judiciales y manipular casos sensibles supondría un atentado directo al principio de separación de poderes y al Estado de derecho.
Además, la presunta implicación de colaboradores directos de altos cargos políticos añade un componente de crisis política de primer nivel, que podría derivar en exigencias de responsabilidades penales y políticas.
La necesidad de transparencia y justicia
La situación descrita exige una investigación independiente, exhaustiva y libre de interferencias. La confianza de la ciudadanía en la justicia, ya dañada por años de tensión institucional, no puede permitirse nuevas heridas. Si las acusaciones son falsas, deben ser desmentidas con pruebas. Si son ciertas, deben acarrear las consecuencias legales que correspondan.
En un momento de máxima polarización, solo la verdad judicial —basada en hechos probados y no en filtraciones interesadas— puede restablecer la legitimidad de las instituciones. Y es deber de todos los poderes del Estado contribuir a que así sea.
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