La entrega de un pendrive con documentación judicial a los servicios jurídicos del PSOE ha sido el detonante de una controversia que mezcla política, y posibles vulneraciones del secreto de sumario
Corrupción05 de junio de 2025
Impacto España Noticias
La irrupción de Leire Díez, conocida ya como “la fontanera de Ferraz”, ha desatado una tormenta política y legal que amenaza con tener consecuencias tanto para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como para las investigaciones judiciales en curso relacionadas con presuntas malas prácticas policiales y casos de corrupción. La entrega de un pendrive con documentación judicial a los servicios jurídicos del PSOE ha sido el detonante de una controversia que mezcla política, periodismo de investigación y posibles vulneraciones del secreto de sumario.
¿Qué contenía el pendrive?
Según ha declarado Leire Díez en el programa Todo es mentira (Cuatro), el dispositivo entregado contenía una gran cantidad de documentos extraídos durante su labor como periodista freelance, recopilados a lo largo de una investigación propia centrada en supuestas irregularidades policiales en diversas causas judiciales, algunas de ellas de alto perfil.
Aunque no especificó el contenido exacto, Díez subrayó que se trata de documentación ya judicializada, es decir, que forma parte de procedimientos abiertos, aunque con detalles que —según ella— no han sido suficientemente visibilizados por los órganos judiciales o los medios. Algunas de estas causas afectan al propio PSOE; otras son ajenas, sin que el partido esté personado en ellas.
"Nada de lo que hay en ese pendrive debería resultar desconocido", afirmó Díez, reiterando que no está revelando información clasificada sino aportando “material que ya estaba en los sumarios”.
¿Por qué lo entregó al PSOE?
La exmilitante socialista argumentó que su intención era que el partido tuviera conocimiento de lo que hay en esas investigaciones judiciales. Según explicó, acudió directamente a Ferraz el pasado martes, entregando el dispositivo a los servicios jurídicos del PSOE, después de reunirse con Santos Cerdán, secretario de Organización, cumpliendo así una condición que ella misma exigió para darse de baja formalmente del partido.
El PSOE, por su parte, reaccionó con prudencia: abrió un expediente informativo para determinar el alcance del material recibido y deslindarse de posibles responsabilidades.
¿Podría haber cometido un delito?
El riesgo legal: revelación de secretos y obstrucción a la justicia
La acción de Leire Díez podría tener consecuencias penales. Aunque aún no hay pronunciamientos oficiales, juristas consultados coinciden en que existen al menos dos posibles delitos contemplados en el Código Penal español que podrían aplicarse, dependiendo del origen, naturaleza y forma de obtención de la información:
1. Revelación de secretos del artículo 197 y ss. del Código Penal
Este delito sanciona el apoderamiento, utilización o divulgación de datos reservados o secretos personales o institucionales sin consentimiento del afectado.
Si la información contenida en el pendrive proviene de causas bajo secreto de sumario, su entrega a un tercero podría constituir una violación grave del deber de confidencialidad judicial.
El delito es aún más grave si se demuestra que accedió a la información sin autorización, por ejemplo, mediante filtraciones ilegales o colaboraciones dudosas con funcionarios públicos.
Pena: hasta cinco años de prisión, si la información afecta a la intimidad personal o a procesos judiciales en curso.
2. Obstrucción a la justicia (art. 464-466 del Código Penal)
Si se determina que la entrega de estos documentos tuvo la intención (directa o indirecta) de influir en procedimientos judiciales abiertos o de alterar su curso —ya sea favoreciendo o perjudicando a alguna de las partes—, podría investigarse una eventual obstrucción a la justicia.
Esto podría agravarse si se demuestra coordinación con alguna de las personas investigadas (como el exministro José Luis Ábalos o su exasesor Koldo García, con quienes Díez reconoce haberse reunido).
Pena: de seis meses a dos años de prisión, más posible multa.
Otras consideraciones legales:
Usurpación de funciones públicas, si se valorase que Díez actuó como investigadora sin estar habilitada para ello.
Delito contra la administración pública, en caso de que algún funcionario le facilitara documentación bajo secreto sin autorización.
Ábalos, Koldo y el contexto político
Uno de los elementos más llamativos del caso es la revelación de que Díez se reunió con José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura clave en el llamado caso Koldo, relacionado con contratos de emergencia durante la pandemia. Según Díez, el encuentro tenía como fin recopilar información sobre la causa de los hidrocarburos, uno de los asuntos que investiga para su futuro libro.
“No estoy ayudándole en nada, porque no hay nada en lo que pueda ayudar”, sentenció. Aunque también dejó caer: “Si yo supiera que Ábalos es víctima de algo tan ilegal como otras víctimas que hemos conocido… ¿por qué no?”
Estas declaraciones han sido interpretadas como ambiguas y han generado suspicacias entre analistas políticos. ¿Está Díez actuando como investigadora independiente o como intermediaria con intereses cruzados?
Un supuesto libro en camino y más revelaciones
Díez ha anunciado que está elaborando un libro de investigación sobre supuestas irregularidades policiales y judiciales, que verá la luz en el último trimestre de 2025. Este proyecto periodístico, que ella defiende como legítimo, estaría detrás de la recopilación de todos los documentos que figuran en el pendrive entregado.
Sin embargo, la línea entre el periodismo de investigación y la vulneración de normas judiciales es extremadamente delgada, especialmente cuando se manejan materiales sensibles relacionados con causas penales abiertas.
Reacciones políticas
El PSOE ha optado por una postura cautelosa: se desmarca de la actuación de Díez, recalca que ya no es militante del partido, y ha puesto en marcha un expediente informativo interno.
Mientras tanto, la oposición ha comenzado a utilizar el caso políticamente, acusando al partido de haber permitido una actuación "opaca" dentro de su estructura y pidiendo explicaciones sobre los vínculos con Díez, Ábalos y el caso Koldo.
¿Periodismo, activismo o maniobra política?
El caso de Leire Díez plantea múltiples interrogantes:
¿Se trata de una periodista comprometida que quiere exponer verdades incómodas del sistema judicial?
¿Es una exmilitante socialista movida por motivaciones personales o políticas?
¿O estamos ante una operación de presión interna o externa con derivadas legales y partidistas?
Sea como sea, el episodio del pendrive ha abierto un nuevo frente en el ya complicado mapa político-judicial español, con potenciales consecuencias penales, reputacionales y mediáticas que todavía están por escribirse
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