"Asistimos con extraordinaria preocupación ante el hecho de que la fontanera Leire Díez, y Juan Manuel Serrano, que dejó Correos con unas pérdidas millonarias, gestionaran el voto de más de dos millones y medio de españoles en las generales"
Corrupción06 de junio de 2025 VP
En cualquier democracia avanzada, el sistema electoral debe estar rodeado de garantías. El voto por correo —una herramienta fundamental para millones de ciudadanos— no puede estar en manos de estructuras politizadas. Sin embargo, bajo el mandato de Pedro Sánchez, Correos, el operador público encargado de esa gestión, ha sido colonizado por figuras próximas al PSOE.
El caso más inquietante es el de Leire Díez de Castro, conocida en los entornos gubernamentales como la “fontanera del PSOE”, y cuyo papel en las elecciones andaluzas de 2022 y su poder legal dentro de Correos genera serias dudas sobre la neutralidad del proceso.
Correos: de servicio público a instrumento del Gobierno
La transformación de Correos en una estructura opaca al servicio de intereses políticos comienza con el nombramiento de Juan Manuel Serrano como presidente. No era un perfil técnico ni gestor con experiencia en el ámbito postal: era el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y amigo personal del presidente. La designación en 2018 dejó claro que Correos quedaba bajo el control directo del núcleo monclovita.
El resultado fue desastroso: pérdidas millonarias, descrédito profesional y lo que ahora parece más preocupante: la instrumentalización del voto por correo.
Leire Díez: poder, firma digital y acceso al voto exterior
Una figura clave en esta trama es Leire Díez de Castro. En las elecciones autonómicas de Andalucía del 19 de junio de 2022, Díez fue la encargada de recibir notificaciones sobre "cualquier delito electoral", tal como figura en un documento oficial firmado por Serrano. En el apartado 4 de dicho documento, titulado “Infracciones o delitos electorales”, se indica que los Gerentes de las Áreas Geográficas debían notificar urgentemente cualquier irregularidad a la Junta Electoral o a la autoridad judicial, así como a un Comité de Seguimiento Central del que formaba parte la dirección de Díez.
Además, fue apoderada, apoderada mancomunada y apoderada solidaria de Correos, lo que le otorgó amplios poderes legales y firma digital para actuar en nombre de la entidad. Una responsabilidad de ese calibre en manos de alguien abiertamente militante y activa políticamente en redes sociales —con insultos al PP y elogios a Pedro Sánchez— es un grave error institucional.
Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, Díez tenía poder para firmar documentos clave. Y así lo hizo: validó el voto por correo en las elecciones andaluzas de 2022 mediante su firma digital en un certificado oficial remitido a la Junta Electoral Central. Dicho documento recogía envíos electorales a ciudadanos en el exterior gestionados por mensajería privada, una vía excepcional autorizada por el Consejo de Ministros el 1 de marzo de 2022.
Una red de lealtades en puestos clave
Esta estructura, creada por Juan Manuel Serrano, permitió que Leire Díez asumiera una posición inusualmente influyente en los procesos electorales sin control externo ni fiscalización independiente. Fuentes internas reconocen que, aunque el voto por correo lo gestiona una comisión formada por varios departamentos, Díez tenía acceso, representación legal y atribuciones de validación en el proceso.
"Este rol de Díez les parece muy inusual", afirman directivos de la propia empresa. No obstante, Correos ha intentado desmarcarse en los últimos meses asegurando que nunca fue responsable del voto por correo en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, contradiciendo informaciones de El Confidencial y Vozpópuli.
Una grabación explosiva y las cloacas de Ferraz
Pero el caso de Díez va más allá del voto. Una grabación difundida recientemente revela que ofreció “favores judiciales” a cambio de obtener información que comprometiera a Antonio Balas, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO). El objetivo: desacreditar a este cuerpo policial y sus investigaciones contra el PSOE, el Gobierno y el entorno familiar de Pedro Sánchez.
Díez salió a la luz pública en febrero de 2024 por su actividad partidista en redes sociales mientras era directiva de Correos. Pero ya en septiembre de 2023, El Confidencial desveló sus trabajos en las cloacas del PSOE, operando al margen de toda fiscalización y con total impunidad desde dentro del Estado.
Comisión de investigación en el Senado
Ante el escándalo, el Partido Popular ha citado a comparecer en la comisión del Senado a Juan Manuel Serrano, Leire Díez y otros exdirectivos de Correos. El portavoz popular, Borja Sémper, lo expresó con contundencia:
"Asistimos con extraordinaria preocupación ante el hecho de que la fontanera Leire Díez, y Juan Manuel Serrano, que dejó Correos con unas pérdidas millonarias, gestionaran el voto de más de dos millones y medio de españoles en las generales".
La confianza electoral en juego
La pregunta es clara: ¿puede un sistema electoral considerarse limpio si la estructura encargada del voto no presencial está en manos de figuras que responden a intereses partidistas?
No estamos ante meras irregularidades administrativas. Estamos ante una posible manipulación institucionalizada del voto por correo, eludiendo los principios de neutralidad y sometiendo a la maquinaria del Estado a una lógica de partido. Es la colonización institucional de lo público para beneficio electoral del PSOE.
El Estado al servicio del partido
Lo sucedido con Correos, Leire Díez y Juan Manuel Serrano es la expresión más clara de cómo Pedro Sánchez ha convertido instituciones del Estado en extensiones del poder político de su partido. La estructura de Correos, que debería ser neutra, profesional y técnica, ha sido degradada en manos de afines, activistas y operadores políticos.
El control del voto no puede quedar en manos de “fontaneros” con firma digital, acceso a datos sensibles y un historial de militancia feroz. La democracia exige neutralidad en las formas, pero también en las personas que ejecutan sus procesos clave.
Lo que está en juego no es un cargo más. Está en juego la confianza de los ciudadanos en que su voto será respetado, limpio y no manipulado desde las entrañas de una empresa pública puesta al servicio de un partido.
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