Bruselas sólo ha enviado 48.300 millones, un 30% del total, debido al incumplimiento de reformas y objetivos comprometidos en el Plan de Recuperación
Noticias09 de junio de 2025
Impacto España Noticias
El Gobierno de Sánchez sólo ha ejecutado el 20% de los fondos europeos Next Generation que le fueron asignados, según datos internos de la Comisión Europea. De los 163.000 millones disponibles, el país sólo ha desembolsado 32.000 millones entre 2021 y 2024. Y el reloj corre: el plazo para utilizarlos expira en 2026.
Pese a ser el país con más fondos a fondo perdido asignados (80.000 millones) y el segundo con mayor asignación total (sumando los préstamos), España no sólo gasta poco, sino que ni siquiera ha recibido ya todo el dinero preasignado. Bruselas sólo ha enviado 48.300 millones, un 30% del total, debido al incumplimiento de reformas y objetivos comprometidos en el Plan de Recuperación.
El último desembolso llegó en julio de 2024, y desde entonces no ha entrado un solo euro en las arcas españolas. Mientras tanto, otros países han tomado la delantera: Italia ha recibido ya el 63%, Francia el 77% y Portugal el 51% de sus fondos respectivos.
España pidió a finales de 2024 un quinto pago de 25.000 millones, pero la parálisis legislativa y los incumplimientos fiscales han frenado su aprobación. El Ejecutivo ha presentado tres modificaciones del plan en sólo cinco meses, el último el pasado 19 de mayo, tratando de rebajar las exigencias ante Bruselas.
Uno de los grandes escollos es la reforma fiscal, considerada prioritaria por la Comisión. Bruselas exige desde hace años la equiparación del diésel con la gasolina, una medida que el Gobierno ha intentado colar en varias ocasiones pero que ha sido tumbada tanto por Podemos como por el PNV. El propio Comité de Expertos de Hacienda recomendó una batería de subidas fiscales «verdes» por valor de 15.000 millones, que también han quedado en papel mojado.
El resultado es que España corre el riesgo real de perder parte de los fondos, como ya ocurrió en el cuarto desembolso, cuando Bruselas retuvo 158 millones por el incumplimiento de un hito relacionado con inversión digital. Si el Ejecutivo no cumple los compromisos, los pagos pueden bloquearse durante meses o perderse de forma definitiva.
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