Este diagnóstico, considerado marginal hace unos años, ha cobrado fuerza durante el mandato de Pedro Sánchez, particularmente a raíz de su controvertida gestión del sistema electoral, del voto por correo, y de empresas clave como Correos e INDRA
Noticias09 de junio de 2025
Impacto España Noticias
En las últimas décadas, España se ha proyectado al mundo como una democracia consolidada, miembro pleno de la Unión Europea, con instituciones robustas, libertades civiles garantizadas y procesos electorales aparentemente transparentes. Sin embargo, una corriente creciente de ciudadanos, juristas y plataformas cívicas como Elecciones Transparentes denuncia, con preocupación, una progresiva degradación institucional que estaría vaciando de contenido real la democracia española.
El foco de esta crítica se concentra en los procesos electorales, señalados por sectores críticos como manipulados o, al menos, sometidos a interferencias políticas indebidas. Este diagnóstico, considerado marginal hace unos años, ha cobrado fuerza durante el mandato de Pedro Sánchez, particularmente a raíz de su controvertida gestión del sistema electoral, del voto por correo, y de empresas clave como Correos e INDRA.
Un sistema electoral bajo sospecha
Desde las elecciones generales hasta las autonómicas y municipales, en cada cita electoral reciente han surgido dudas sobre la limpieza del proceso. El voto por correo, en particular, se ha convertido en el talón de Aquiles de la confianza pública. En los últimos comicios —y especialmente en los de julio de 2023— se registraron miles de casos de ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto por dificultades administrativas, retrasos injustificados o imposibilidad de recibir las papeletas a tiempo.
Más grave aún, en algunos municipios se detectaron irregularidades flagrantes, como compras de votos, prácticas clientelares e incluso el uso de información personal para suplantar la identidad de votantes en sistemas digitales. Estos hechos fueron ampliamente denunciados por medios locales y asociaciones cívicas, pero escasamente investigados por la Fiscalía o la Junta Electoral.
Correos: ¿Neutralidad institucional o brazo logístico del gobierno?
Uno de los pilares del sistema electoral es Correos, la empresa estatal encargada de garantizar el transporte y entrega del voto por correo. Sin embargo, su papel se ha visto gravemente erosionado por la percepción de que está politizada. Bajo el mandato de Pedro Sánchez, la dirección de Correos fue entregada a personas con vínculos estrechos con el Partido Socialista. El caso más representativo fue el nombramiento de Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, como presidente de Correos en 2018.
Lejos de tratarse de un perfil técnico o independiente, Serrano es un político de carrera cuyo desembarco en la empresa pública fue interpretado como una forma de control gubernamental sobre un actor estratégico en los procesos electorales. Durante su gestión, Correos ha sido objeto de numerosas críticas: desde retrasos masivos en el voto por correo hasta sospechas de manipulación logística en el manejo de las papeletas. A pesar de todo, ninguna auditoría independiente se ha hecho pública y el Gobierno ha minimizado las quejas.
INDRA: tecnología electoral bajo el radar
Otra pieza clave del sistema electoral español es la empresa INDRA, encargada del escrutinio provisional y del desarrollo tecnológico que permite transmitir los datos electorales desde las mesas hasta el centro de procesamiento. Aunque no realiza el recuento definitivo —que corresponde a las juntas electorales—, su papel en la transmisión inicial de resultados y en la logística digital de las elecciones es fundamental.
Desde 2018, INDRA ha estado bajo el punto de mira. Varios informes y artículos periodísticos han advertido sobre la creciente influencia del Gobierno en su estructura accionarial. En 2022, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), controlada por el Ejecutivo, adquirió una participación significativa en INDRA, consolidando así el control público sobre la compañía. La operación se produjo en medio de controversias internas, dimisiones en el consejo de administración y denuncias de manipulación política de la empresa.
Este control estatal sobre INDRA, sumado al de Correos, genera una inquietante concentración de poder en manos del Ejecutivo, precisamente en los dos actores con más peso en el engranaje logístico y técnico de unas elecciones. Aunque no existen pruebas concluyentes de fraude, la mera posibilidad de interferencia es suficiente para erosionar la confianza ciudadana.
¿Dictadura encubierta?
La gravedad del asunto no radica solamente en las irregularidades concretas que puedan demostrarse, sino en el modelo general que parece instaurarse: un sistema en el que el Gobierno controla directamente los instrumentos del proceso electoral, sin mecanismos de contrapeso ni transparencia suficiente.
Muchos analistas —y no pocos ciudadanos— empiezan a hablar de una “dictadura encubierta”, no en el sentido clásico del término, pero sí como un régimen donde la apariencia democrática oculta una práctica autoritaria, con medios de comunicación afines, instituciones colonizadas y órganos de control cooptados. En este escenario, los procesos electorales se convierten en una farsa ritual más que en un ejercicio auténtico de soberanía popular.
La falta de reacción de la clase política, de la Justicia y de buena parte de la sociedad civil es tan preocupante como los hechos denunciados. El descrédito de los mecanismos de fiscalización y el silencio cómplice de los grandes medios alimentan la percepción de que no hay espacio para la denuncia efectiva, y que cualquier intento de fiscalización es sistemáticamente ignorado o desprestigiado.
¿Qué propone la Plataforma Elecciones Transparentes?
Frente a este panorama, plataformas ciudadanas como Elecciones Transparentes han reclamado, sin éxito, auditorías independientes, reformas en la ley electoral y, en algunos casos, la suspensión cautelar de procesos electorales hasta que se garanticen condiciones mínimas de transparencia.
Sus solicitudes, sin embargo, han sido rechazadas sistemáticamente por la Junta Electoral Central, muchas veces sin motivación detallada, lo que refuerza aún más la sensación de opacidad institucional.
Ahora nos encontramos ante una convocatoria electoral en la que las irregularidades se están detectando incluso antes de que las elecciones se celebren. Lo del voto por correo está generando unas sospechas tremendas y hay muchísima gente que incluso todavía no ha podido realizarlo.
¿Qué garantías de limpieza podemos tener cuando, además, es el propio gobierno el que controla Correos y la empresa INDRA? ¿Podemos tener la certeza de que todo vaya a ser limpio y, supuestamente, democrático? Parece que no.
Ese es el motivo por el que Elecciones Transparentes ha solicitado la suspensión de las elecciones del próximo 23 de julio ante la Junta Electoral Central. Sabemos que no lo va a conseguir, pero el documento ahí queda.
¿Qué democracia queremos?
No se trata solo de un problema técnico. Está en juego la legitimidad misma del sistema democrático. Cuando el gobierno de turno controla la logística electoral, la empresa tecnológica encargada del recuento y los principales medios de comunicación, ¿se puede hablar todavía de elecciones libres?
Sin confianza en el proceso electoral, toda la arquitectura democrática se tambalea. Por eso, urge una reacción ciudadana seria, basada en la exigencia de auditorías independientes, transparencia absoluta en las empresas públicas y una legislación que impida el uso partidista de instituciones clave como Correos o INDRA. Solo así podrá evitarse que el escepticismo se convierta en resignación y la democracia en una simulación controlada.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
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