El aforamiento es un instrumento jurídico por el cual ciertos funcionarios públicos sólo pueden ser juzgados por tribunales específicos, concretamente, el Tribunal Supremo, su Sala de lo Penal o los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma.
La Constitución española de 1978 aforaba penalmente a los miembros del Gobierno (artículo 102) y judicialmente a los Diputados y Senadores (artículo 71.3). La propia Constitución, una vez más, se contradice y viola el principio constitucional de la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 14, con una discriminación positiva de la clase de los aforados.
En 1980 fue aprobada la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Consejo General del Poder Judicial. En 1985, el PSOE de Felipe González aprobó la primera Ley Orgánica del Poder Judicial.
Con la ley de 1980, doce de los veinte Vocales (jefes) del Consejo General del Poder Judicial eran elegidos por los propios jueces entre los jueces en activo. Con la ley de 1985, todos los Vocales eran propuestos y elegidos por el Parlamento; en la práctica significaba que los Vocales del CGPJ los decidían los partidos políticos.
Con esta ley, Felipe González aforaba a sus fiscales y jueces.
El Ministerio fiscal es un organismo constitucionalmente jerarquizado (artículo 124.2) y la Constitución dispone que el Fiscal General del Estado lo proponga el gobierno (artículo 124.4). Además, el Ministerio Fiscal depende del Ministerio de Justicia, es decir, del Gobierno.
En cuanto a los jueces, en la referida Ley del CGPJ de 1980, se establece que el CGPJ decide los “destinos, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados”, pudiendo favorecerles o perjudicarles e incluso apartarles de la carrera judicial. Este control sobre el poder judicial es la razón por la que Felipe González cambió las reglas del nombramiento de los Vocales del CGPJ, haciendo que fueran los políticos los que los nombraba.
De esta forma, los jueces que quieran ascender (promocionarse) tenían que hacer méritos con el CGPJ y con los políticos.
La LOPJ de 1985 añadía un mayor control sobre los fiscales y jueces al aforarlos en los tribunales cuyos miembros decidían los Vocales del CGPJ que, a su vez, estaban nombrados por los políticos. También se aforaron los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal de cuentas, los Vocales del CGPJ, los miembros del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos.
Además de la presión hacia los jueces que quieran prosperar, si los aforados sólo pueden ser juzgados por jueces elegidos indirectamente por los políticos, dado que éstos tiene como prioridad encubrir los delitos de los aforados, el aforamiento se convierte en un privilegio que fomenta la irresponsabilidad ante los jueces y la impunidad que impulsa la comisión de delitos que sean encubiertos por los políticos.
Los politicos de los gobiernos y de los parlamentos autonómicos del PSOE, PP y los nacionalistas se aforaron a ellos mismos y a sus defensores del pueblo autonómicos, con los Estatutos de Autonomías.
Los españoles permitimos la creación de la existencia de la METAMAFIA POLÍTICA, que es una expresión más correcta que La Casta, creada por un periodista italiano en 2008.
Cabe recordar que el juez instructor de la causa contra la Infanta afirmó que su absolución era injusta y, recientemente, la juez que instruyó la causa en 2018 contra el sucesor de Rajoy en el PP dijo lo siguiente ante el encubrimiento de sus presuntos delitos también en el Tribunal Supremo: “Se están elevando notablemente las exigencias habituales de la jurisprudencia para abrir una instrucción penal y citar a cualquier persona a declarar como investigado”.
El aforamiento impulsa la impunidad y la corrupción, siendo ésta última la causa única de la decadencia española (cada día se vive peor), reflejada en las cifras oficiales y descrita en www.decadencia.es. La METAMAFIA POLITICA nos ha llevado a la decadencia y la mayoría sigue votándolos en las elecciones españoles y en las europeas.
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