Santos Cerdán, hasta hace poco secretario de Organización de la formación, cuya actividad aparece conectada con una red de cobros de comisiones por contratos públicos, según los indicios recogidos por los investigadores
Noticias13 de junio de 2025
Impacto España Noticias
Impacto España Noticias ha tenido acceso al contenido de un extenso informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, remitido al Tribunal Supremo, en el que se desgrana con detalle una serie de indicios que apuntan a una presunta financiación irregular que afectaría directamente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
En el centro de la investigación se sitúa la figura de Santos Cerdán, hasta hace poco secretario de Organización de la formación, cuya actividad aparece conectada con una red de cobros de comisiones por contratos públicos, según los indicios recogidos por los investigadores.
Contactos, advertencias y "el impuesto"
Uno de los episodios destacados por la UCO gira en torno a una conversación registrada en 2022 entre Koldo García, estrecho colaborador del exministro José Luis Ábalos, y Javier Herrero, quien entonces ocupaba el cargo de director general de Carreteras. En dicha conversación, Koldo advierte a Herrero de que sería contactado desde la Gerencia del PSOE para solicitarle "el impuesto".
Según el análisis de los agentes, la llamada se habría producido pocos días después de una reunión entre Koldo García y Santos Cerdán, quien en aquel momento había colocado en la Gerencia del partido a Ana María Fuentes, figura clave según los investigadores.
"Perdona que te moleste, me pide tu teléfono el gerente del partido. ¿Te puedo llamar 15 segundos?", preguntó Koldo en un mensaje. La respuesta de Herrero, con tono socarrón, fue: "Si no se lo doy yo, lo consigue seguro". A lo que García añadió: "Creo que te van a pedir el impuesto". Pasadas unas horas, el mismo García confirmó si la llamada se había concretado. Herrero respondió que le habían enviado un formulario, pero sin detallar ninguna cuantía económica.
La UCO infiere que desde la Gerencia del PSOE se le habría solicitado a Herrero una aportación económica, si bien en el informe no se especifica si esta cantidad estaba relacionada con adjudicaciones públicas, ni si el destino era el propio partido o alguna persona concreta. No obstante, los indicios se han incorporado a la investigación judicial en curso, y se encuentran desde hace meses en manos de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal Supremo.
"La ganadería": lenguaje en clave para referirse al partido
Otro elemento significativo del informe son las conversaciones interceptadas entre empresarios implicados en el caso y los actores políticos. José Ruz, gerente de la constructora Levantina, habría solicitado una reunión con Santos Cerdán para intentar resolver situaciones generadas tras la caída política de Ábalos. Ruz expresó su preocupación por "heridos inocentes" y afirmó que era preferible "tratar directamente con Santos".
En esa conversación, Ruz emplea el término "ganadería", que según la Guardia Civil era utilizado como lenguaje convenido para referirse a los partidos políticos, en particular al PSOE. “No es conveniente para la ganadería. Qué gana la ganadería de tener a gente fuera del baile, y con esta publicidad que se entera todo el sector”, afirmó el empresario, en alusión a las consecuencias del escándalo. Los agentes destacan que el uso reiterado de este término en varias conversaciones refuerza la tesis de que se trataba de un código para hablar del partido sin referirse a él de manera directa.
Declaraciones clave: comisiones, entregas en sede y pactos tácitos
El informe también recoge testimonios clave de otros implicados que refuerzan las sospechas. Uno de ellos es el del empresario Víctor Aldama, quien señaló que una parte de las comisiones que pagaba en el marco de los contratos públicos eran destinadas al partido socialista. Según Aldama, pagaba "como si fuera el Banco de España", y entre un 1% y un 1,5% del importe total de las adjudicaciones iba a parar al PSOE como comisión “por obra”, una práctica destinada supuestamente a garantizar futuras licitaciones.
A ello se suma el testimonio de la empresaria Carmen Pano, quien declaró ante el juez haber entregado en mano 90.000 euros en efectivo en la sede central del PSOE en dos ocasiones distintas. Según su versión, subió hasta la segunda planta del edificio y entregó el dinero a una persona cuya identidad no pudo precisar. El dinero, según dijo, procedía del empresario Claudio Rivas, dueño de la compañía Villafuel, investigado por fraude en la venta de hidrocarburos.
Cerdán como mediador entre empresas y poder político
El rol de Santos Cerdán en toda esta estructura es descrito por la Guardia Civil como el de un “intermediario clave”, encargado de facilitar el contacto entre las empresas beneficiarias de contratos públicos y la esfera política del PSOE. En el informe se menciona de manera específica su relación con Acciona, una de las compañías señaladas como beneficiaria de adjudicaciones durante los años en que se produjeron los hechos.
También se incluye una conversación en la que Cerdán, al parecer, intentó ser incluido en la plantilla de la empresa Indra, alegando ante miembros del partido que “el 80% de lo que gane sería para donar al partido”. Sin embargo, el intento fue frustrado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar incompatible su entrada en una empresa cotizada en bolsa.
Las raíces del caso: del dúo navarro al trío ministerial
El esquema de funcionamiento que describe la UCO se remonta al año 2015, cuando Santos Cerdán y Koldo García operaban como un dúo desde Navarra, gestionando redes de influencia política y empresarial. Con la llegada de Ábalos al Ministerio de Transportes, el dúo se transformó en un trío, con un alcance nacional que permitía la adjudicación masiva de contratos públicos en favor de empresas específicas.
La UCO señala que esta estructura operativa permitió generar beneficios económicos a través del presunto cobro de comisiones, en un sistema que se mantuvo activo hasta que estalló el conocido "caso Koldo". Se habla incluso de que, tras la salida de Ábalos del Gobierno en 2021, tanto él como Koldo habrían seguido intentando cobrar cantidades que consideraban adeudadas por adjudicaciones pasadas, contando con la mediación de Santos Cerdán, quien seguía siendo un enlace clave con las instancias superiores del partido.
En uno de los pasajes más reveladores, se señala que uno de los motivos de la destitución de Ábalos habría sido su participación, junto a Koldo, en la obtención de ingresos por ayudar a empresas al margen del partido. El informe sostiene que esta actividad no contaba con el conocimiento oficial del PSOE, lo que habría motivado su salida del Ejecutivo en el verano de 2021.
Una auditoría para contener el impacto político
Ante la gravedad de las informaciones contenidas en el informe, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció la contratación de una auditoría externa para revisar de forma exhaustiva las cuentas del partido. Esta medida busca paliar el daño reputacional y ofrecer transparencia en un momento en que las sospechas no solo afectan a personas concretas, sino que alcanzan al partido como posible responsable jurídico de los hechos investigados.
La investigación continúa su curso judicial, pero el panorama que se desprende del análisis de la UCO resulta profundamente comprometedor. Lo que se perfila es una estructura sostenida en el tiempo, con implicaciones en varios niveles de la administración pública y el partido político gobernante. Un caso que podría marcar un antes y un después en la percepción pública sobre la financiación de los partidos en España.
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