María Jesús Montero: ¿Espectadora o engranaje necesario en la maquinaria de las tramas?

Una ministra entre licitaciones, pagos y silencio administrativo
En los últimos años, el discurso público de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, ha pivotado con firmeza sobre un compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, conforme afloran nuevas investigaciones y conexiones en contratos públicos, cada vez son más las voces que se preguntan si su papel ha sido realmente el de vigilante o, por el contrario, una figura clave para que las irregularidades prosperaran.

El papel estratégico del Ministerio de Hacienda
María Jesús Montero ocupa una de las carteras más sensibles y técnicas del Gobierno. Desde su posición, supervisa la aprobación de los presupuestos generales del Estado, la ejecución del gasto público y, en muchos casos, la verificación previa a la concesión de contratos y licitaciones. Es decir, su firma —o su silencio— puede marcar la diferencia entre una adjudicación legal y una irregular.

Cuando se habla de tramas de corrupción vinculadas a adjudicaciones públicas, el foco suele centrarse en las empresas beneficiarias o los intermediarios. Sin embargo, se olvida que esos procesos requieren múltiples niveles de aprobación institucional. En muchos de los casos ahora bajo escrutinio judicial o mediático, los contratos pasaron por organismos dependientes del Ministerio de Hacienda o contaron con dotación presupuestaria avalada por el mismo.

Silencios que otorgan y controles que fallan
Si bien no hay aún procedimientos judiciales abiertos directamente contra Montero, su responsabilidad política es incuestionable. No se puede desligar de lo que ocurre dentro del engranaje administrativo que dirige. Si se aprobaron pagos millonarios a empresas ahora investigadas, si se licitaron obras públicas sin la debida fiscalización, ¿no debería al menos rendir cuentas la ministra responsable de Hacienda?

Por cada contrato oscuro que hoy investiga un juzgado, ha habido informes, autorizaciones y transferencias. ¿Quién dio luz verde? ¿Quién omitió controles clave? ¿Quién no detectó incompatibilidades evidentes? Si no fue negligencia, ¿fue complicidad?

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La trinchera discursiva: atacar al PP para esquivar explicaciones
En recientes declaraciones, Montero afirmó: “No podemos garantizar que haya corrupción cero en ninguna organización o institución, pero nosotros actuamos con contundencia. Otros, como el PP, aún deben dar explicaciones.”

Ese enfoque —comparar constantemente con el Partido Popular— ha sido una estrategia comunicativa habitual dentro del PSOE. Sin embargo, el ciudadano espera explicaciones concretas, no comparaciones partidistas. Que existan escándalos en otras formaciones no exime de responsabilidad a quienes están en el poder hoy.

La contundencia no se demuestra con declaraciones, sino con ceses, auditorías independientes y colaboración plena con la justicia. Hasta ahora, eso ha brillado por su ausencia en muchos de los casos que rozan el ámbito de la vicepresidenta.

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¿Un horizonte judicial inevitable?
Existen ya investigaciones abiertas sobre contratos adjudicados en plena pandemia, sobre supuestos sobrecostes, sobre favoritismos en licitaciones. En varios de estos expedientes, el hilo conduce a organismos presupuestariamente dependientes de Hacienda. Si se demuestra que se avalaron pagos sin los informes necesarios o que se favoreció a determinadas empresas en procesos controlados por el Estado, será inevitable que el foco apunte a los niveles más altos del Gobierno.

¿Podrá María Jesús Montero esquivar la imputación? ¿O será cuestión de tiempo que pase de ser una voz firme contra la corrupción a una compareciente en sede judicial?

 Entre responsabilidad política y rendición de cuentas
En democracia, no basta con declarar principios; hay que responder por los actos, incluso cuando estos se producen bajo nuestra responsabilidad indirecta. María Jesús Montero no puede seguir escudándose en el discurso de la ejemplaridad si desde su ministerio se han autorizado prácticas que hoy están bajo sospecha.

La ciudadanía no solo necesita pedir perdón. Necesita saber quién permitió, quién firmó y quién miró hacia otro lado.

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