El departamento de la UE cita a declarar al empresario que se benefició de adjudicaciones otorgadas gracias a la valoración subjetiva tras las cartas de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno
Corrupción19 de junio de 2025
Impacto España Noticias
Un año de investigaciones en secreto ha desembocado en una decisión con importantes implicaciones políticas y judiciales. La Fiscalía Europea ha formalizado la imputación del empresario Juan Carlos Barrabés y de un directivo de Red.es tras descubrir indicios de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos financiados por fondos de la Unión Europea. Estos contratos estuvieron respaldados por cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Una investigación bajo sigilo que arroja resultados
Durante los últimos meses, la Fiscalía Europea ha desarrollado una investigación en profundidad sobre varios procesos de contratación pública relacionados con programas de formación para jóvenes y desempleados en el ámbito de la economía digital. Estos contratos fueron financiados por el Fondo Social Europeo y adjudicados por Red.es, una entidad pública dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos en el momento de los hechos.
La Fiscalía ha encontrado indicios sólidos de manipulación en los concursos públicos, especialmente por el uso desproporcionado de criterios subjetivos en la valoración de las ofertas, lo que habría favorecido injustamente a la empresa representada por Barrabés. La utilización de cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez habría sido clave en esta valoración, inflando su puntuación frente a otras empresas competidoras.
Criterios opacos y sin controles adecuados
Uno de los aspectos más controvertidos ha sido el uso de una fórmula de puntuación que, si bien aparentemente otorgaba un 60% del peso al criterio del precio y un 40% a criterios subjetivos (dependientes de juicio de valor), en la práctica resultaba en un peso real mayor para estos últimos. Así lo evidenció un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que alertó de que el criterio económico acabó teniendo una ponderación real inferior al 50%, vulnerando los principios de objetividad y transparencia exigidos en la contratación pública.
Además, Red.es no constituyó un comité técnico de expertos para realizar la evaluación de los criterios subjetivos, como establece la normativa cuando se aplican valoraciones de esta naturaleza. En su lugar, la responsabilidad recayó en un órgano de contratación cuya mayor parte de funciones estaba delegada en la figura del director general de la entidad.
Cartas de apoyo y adjudicación millonaria
Según consta en los documentos analizados, Begoña Gómez firmó al menos dos cartas de recomendación en apoyo a la Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por la consultora de Barrabés. Esta UTE resultó adjudicataria de los tres lotes a los que se presentó en 2020, por un importe total de 10,2 millones de euros, superando por una mínima diferencia a sus competidores gracias al alto resultado obtenido en la fase subjetiva de la evaluación.
Este proceder ha levantado serias dudas entre los investigadores, que consideran que estas cartas pudieron haber sido determinantes para el resultado final, y que su uso constituye un potencial tráfico de influencias.
El papel de Begoña Gómez bajo la lupa judicial
Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid mantiene abierta una causa contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. La Fiscalía Europea, que ha reclamado la parte de la investigación vinculada a los fondos europeos, ha solicitado al juzgado madrileño la remisión de documentos clave, como el informe de la IGAE, para incorporarlo a sus diligencias.
En un reciente auto, la Audiencia Provincial de Madrid reconocía la existencia de indicios de que Gómez incurrió en una desviación de poder, utilizando su cercanía con el presidente del Gobierno para obtener beneficios personales y proyectar su carrera profesional en un sector emergente como el de la captación de fondos europeos bajo el enfoque de la responsabilidad social transformadora.
Vínculos empresariales y reuniones institucionales
El empresario Juan Carlos Barrabés, ahora imputado, no solo resultó beneficiario de los contratos cuestionados, sino que también colaboró estrechamente con Begoña Gómez en el diseño y desarrollo de una cátedra universitaria que ella dirigía. Según fuentes del caso, se ha confirmado que Barrabés mantuvo al menos dos reuniones en el Palacio de la Moncloa en presencia de Gómez y del propio presidente del Gobierno, lo que refuerza la tesis de una conexión directa entre las partes implicadas.
Posibles nuevas imputaciones
Los avances de la investigación han sido posibles gracias a la elaboración de informes periciales, el análisis documental exhaustivo y la toma de múltiples declaraciones testificales. Aunque, de momento, solo se han dictado imputaciones formales contra Barrabés y un directivo de Red.es, la Fiscalía Europea no descarta ampliar el número de investigados en función de la evolución de las diligencias.
El levantamiento del secreto de sumario, el pasado 30 de mayo, marca un punto de inflexión en el caso y abre la puerta a una nueva fase, potencialmente más visible y con consecuencias judiciales y políticas aún por determinar.
La Fiscalía Europea: independencia y alcance
La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) es un órgano independiente encargado de investigar y perseguir delitos que afecten al presupuesto de la Unión Europea, incluyendo el fraude con fondos comunitarios. Actúa en nombre de toda la UE y su personal no recibe instrucciones de ningún Estado miembro ni de entidades externas, lo que le confiere un grado de autonomía elevado en investigaciones como la actual.
El caso que envuelve a Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y responsables de Red.es no solo plantea posibles responsabilidades penales por delitos económicos y administrativos, sino que también suscita interrogantes sobre la integridad de los procesos de adjudicación pública en España y la influencia de redes de poder político en dichos procedimientos.
Con la investigación ya en fase avanzada, y dos jurisdicciones –nacional y europea– activamente implicadas, el cerco judicial se estrecha sobre las personas involucradas. La decisión final recaerá sobre los tribunales, pero el impacto ya se deja sentir tanto en el ámbito jurídico como en el político.
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