Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo que envíe a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que le condene a cuatro años de prisión y que le inhabilite por un delito de revelación de secretos
Corrupción19 de junio de 2025
Impacto España Noticias
Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo que envíe a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que le condene a cuatro años de prisión y que le inhabilite por un delito de revelación de secretos.
Así consta en un escrito en el que también reclama que se suspenda de empleo y sueldo a García Ortiz por tres años, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado. Asimismo, solicita que se le imponga una multa de 108.000 euros.
En el caso de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez —procesada junto a García Ortiz—, el novio de Díaz Ayuso pide tres años de prisión, suspensión de empleo de dos años y multa de 36.000 euros, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo que ocupa.
González Amador considera que ambos protagonizaron "hechos delictivos" que le causaron un "continuado e incesante daño "en la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor de imposible restitución". Por ello, solicita que los dos acusados le "indemnicen los perjuicios morales causados" en una cuantía de 300.000 euros.
Al hilo, sostiene que García Ortiz y Rodríguez "son responsables civiles directos y subsidiarios": él como autor del delito de revelación de secretos y ella como cooperadora necesaria de dicho delito, "correspondiendo al primero una cuota de 3/5 y a la segunda una cuota de 2/5".
El escrito de acusación se apoya también en que "García Ortiz posee bajo su disposición por haberse apropiado de él y no haberlo devuelto" el teléfono móvil "que usaba entre los días 7 y 14 de marzo de 2024". Para el abogado, si no lo ha entregado, pudiendo contener pruebas de su inocencia, es porque "evidentemente" en realidad albergaría "el registro detallado de su actividad delictiva".
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