La Fiscalía cambia de postura en el fraude del voto por correo y pide investigarlo

Una investigación judicial que permanecía estancada desde 2019 ha cobrado nuevo impulso gracias a la aparición de pruebas e indicios que apuntan a una presunta trama de manipulación del voto por correo en favor del PSOE. El epicentro: la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe.

Han pasado más de cinco años desde que se celebraron las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, pero en la localidad sevillana de Albaida del Aljarafe todavía resuenan los ecos de unos comicios marcados por la sospecha. Lo que comenzó como una denuncia aislada por parte del portavoz de Izquierda Unida ha derivado en una causa judicial que investiga una posible red de fraude electoral centrada en el uso irregular del voto por correo.

 Una anomalía estadística que encendió las alarmas
El origen de la investigación se sitúa en una cifra aparentemente técnica, pero reveladora: el 14,92% del censo electoral de Albaida solicitó el voto por correo en las elecciones de 2019. Esto supone casi cinco veces más que la media nacional, que se situó en el 3,6% para esos mismos comicios. La desproporción fue tan llamativa que provocó la intervención de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, adscrita a la Audiencia Provincial de Sevilla.

Este primer indicio dio lugar a una línea de investigación que ha ido desvelando datos cada vez más preocupantes, algunos de los cuales apuntan directamente a una estrategia organizada para manipular el sufragio a distancia a cambio de favores o compensaciones.

Contratos públicos vinculados a votos por correo
Una de las líneas más contundentes de la investigación parte del cruce de datos entre la Oficina del Censo Electoral y la Tesorería General de la Seguridad Social. El objetivo era verificar si había coincidencias entre las personas que votaron por correo y aquellas que fueron contratadas por el Ayuntamiento de Albaida en los meses anteriores o posteriores a las elecciones.

El resultado fue revelador: al menos 20 personas que emitieron su voto a distancia obtuvieron un empleo en el consistorio gobernado por el PSOE. Algunas de estas contrataciones fueron temporales, otras de carácter más duradero. De estas últimas, los investigadores han identificado que aproximadamente un tercio también optó por el voto postal, lo que sugiere una correlación entre ambos hechos que ahora se intenta esclarecer en sede judicial.

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Testimonios bajo juramento: contratos a cambio de voto
El avance de la causa ha permitido recoger varios testimonios clave. Uno de los más significativos es el de un vecino que explicó ante la Guardia Civil que entregó su DNI y firmó unos documentos sin necesidad de acudir personalmente a ninguna oficina electoral. Afirmó que, a cambio, le prometieron un contrato de un mes en el Ayuntamiento. Nunca llegó a votar personalmente ni completó el trámite del voto postal; simplemente firmó unos papeles y su documento de identidad le fue devuelto dos días después.

Pese a que en su caso el contrato nunca se materializó, el testimonio resulta coherente con el patrón detectado por los investigadores: la oferta de empleo público como moneda de cambio para asegurar votos por correo en favor del partido gobernante.

Declaraciones contradictorias y posibles suplantaciones
Otras comparecencias ante la jueza instructora han sembrado más dudas sobre la limpieza del proceso. Una mujer interrogada explicó que había votado por correo porque temía los contagios por la COVID-19. Sin embargo, la pandemia no estalló hasta marzo de 2020, casi un año después de los comicios en cuestión. La incongruencia temporal restó credibilidad a su explicación.

A preguntas de la magistrada sobre cómo había aprendido a solicitar el voto por correo, la testigo reveló que fue ayudada por una joven en la "casa del PSOE". Aseguró no recordar su nombre, pero detalló que recibió orientación y los formularios allí mismo. Aunque afirmó haber completado el papeleo ella misma, el hecho de que el proceso se iniciara en una sede de partido político añade sombras sobre la independencia del sufragio.

Pero lo más alarmante, según el sumario, son los casos en los que ciudadanos desconocían que habían votado. Al menos una persona declaró que nunca ha ejercido su derecho al voto, ni en aquellas elecciones ni en otras. La firma que aparecía en la solicitud de voto por correo atribuida a él no le pertenecía. "Yo no voto nunca", aseguró ante la jueza, visiblemente sorprendido por haber sido llamado a declarar.

 Prueba caligráfica y giro procesal
Uno de los elementos clave que ahora podría acelerar la causa es una prueba pericial caligráfica solicitada para determinar si 47 solicitudes de voto por correo fueron rellenadas por una misma persona. Las sospechas recaen sobre una concejal socialista de Albaida, Soledad Cabezón, actualmente investigada en la causa.

Lo significativo es que durante los primeros años de la investigación, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado mantuvieron una actitud pasiva e incluso solicitaron el archivo de la causa en diversas ocasiones. Esta posición fue interpretada por las acusaciones particulares como un intento de evitar que se practicaran diligencias fundamentales.

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Sin embargo, esta situación ha cambiado recientemente. A raíz de la mayor visibilidad del caso y el creciente interés público, el Ministerio Público ha rectificado su postura y ha dejado de oponerse a las diligencias solicitadas por las partes acusadoras. Este cambio parcial, aunque limitado, ha sido recibido como un signo positivo de que la causa judicial podría avanzar después de años de inacción.

Más que un caso local
Aunque el caso afecta directamente a una pequeña localidad de Sevilla, su trascendencia va más allá de lo municipal. La posibilidad de que se haya manipulado el voto por correo a cambio de contratos públicos, y que incluso se hayan suplantado identidades sin consentimiento, pone en cuestión la integridad del sistema electoral en su conjunto.

La investigación todavía no ha concluido, pero los indicios reunidos hasta el momento apuntan a una red organizada con fines electorales, y su esclarecimiento es fundamental no solo para reparar posibles daños individuales, sino también para preservar la confianza ciudadana en el proceso democrático.

Otros casos de fraude electoral vinculados al PSOE bajo investigación
El caso de Albaida del Aljarafe no es un hecho aislado. En los últimos años, distintos municipios gobernados por el PSOE han estado bajo sospecha por presuntas irregularidades relacionadas con la manipulación del voto por correo. A continuación, se detallan algunos de los más relevantes:

 Melilla (2023): Compra masiva de votos por correo
En la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, Melilla se convirtió en el epicentro de un escándalo de compra de votos. Aunque el foco principal estuvo en Coalición por Melilla, las autoridades también investigaron a varios militantes y candidatos del PSOE local por su supuesta implicación en el reparto de dinero y favores a cambio de votos postales.

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El fraude fue tan grave que el Ministerio del Interior modificó el procedimiento de voto por correo, exigiendo la presentación presencial del DNI al recoger la documentación.

 Mojácar (Almería, 2023): Arrestos de candidatos del PSOE
En el municipio de Mojácar, también durante los comicios de 2023, la Guardia Civil detuvo a siete personas por un supuesto plan para captar votos postales a cambio de dinero. Entre los arrestados se encontraban dos candidatos en la lista del PSOE, que fueron posteriormente apartados por el partido.
Las investigaciones apuntaban a que se ofrecían entre 100 y 200 euros por cada voto asegurado, especialmente a ciudadanos vulnerables o con menor nivel educativo.

 Carboneras (Almería, 2022): Voto por correo en residencias de ancianos
En 2022, una denuncia ciudadana alertó de un presunto uso fraudulento del voto por correo en residencias de mayores del municipio de Carboneras, también gobernado por el PSOE.
Se investigó si trabajadores municipales habían gestionado de forma masiva las solicitudes de voto en nombre de ancianos con demencia o discapacidad cognitiva, sin que estos pudieran ejercer su derecho al voto de forma libre e informada.

 Albuñol (Granada, 2015): Manipulación de censos
En el municipio granadino de Albuñol, la Guardia Civil abrió una investigación en 2015 tras detectar un aumento anómalo del censo electoral en las semanas previas a las elecciones municipales.
Se sospechaba que se empadronó de forma fraudulenta a decenas de personas en domicilios ficticios para alterar el resultado electoral. El PSOE ganó esos comicios por un margen estrecho.

 Zahara de la Sierra (Cádiz, 2007): Condenas por manipulación del voto
En 2007, el entonces alcalde socialista de Zahara de la Sierra fue condenado por un tribunal al considerarlo responsable de un intento de fraude electoral.
El caso se centraba en la captación ilegal del voto por correo de ciudadanos con escasa comprensión del procedimiento electoral, y se demostró que se habían rellenado solicitudes en nombre de votantes sin su conocimiento.

 Un patrón bajo vigilancia
Estos casos, aunque no idénticos, comparten elementos estructurales: uso irregular del voto por correo, promesas de empleo o dinero a cambio del sufragio, suplantación de identidad y manipulación de censos.
Aunque no todos han derivado en condenas firmes, el cúmulo de investigaciones activas y precedentes judiciales obliga a revisar con rigor los controles institucionales del sistema electoral, especialmente en lo relativo al voto no presencial.

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