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El colectivo Abogados Cristianos ha presentado una querella contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, al considerar que debía haberse apartado del pleno en el que el alto tribunal analiza el recurso contra la ley de amnistía.
La denuncia ha sido interpuesta ante la Sala Penal del Tribunal Supremo y cuestiona la participación activa del magistrado en un procedimiento en el que, según el escrito, concurren circunstancias que comprometen su neutralidad.
La asociación sostiene que Conde-Pumpido incurre en una causa de abstención recogida en el artículo 219.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a inhibirse en caso de existir un interés personal, directo o indirecto, en la causa. El motivo alegado por los querellantes es la implicación de su esposa, la también magistrada Clara Martínez de Careaga, quien fue vocal del Consejo General del Poder Judicial cuando dicho órgano emitió un informe sobre la ley de amnistía.
A juicio de Abogados Cristianos, la conexión conyugal y la vinculación de su pareja con un documento oficial relativo a la misma materia generan una apariencia de parcialidad incompatible con las exigencias de un juez constitucional.
La controversia no es nueva. Ya se planteó la recusación de Conde-Pumpido durante la tramitación de su recurso contra la ley, pero el Pleno del Tribunal Constitucional rechazó esa petición. Ahora, Abogados Cristianos retoma esa objeción en clave penal, argumentando que la negativa del presidente del tribunal a apartarse vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, amparado por el artículo 24.2 de la Constitución Española.
En su denuncia, la organización también menciona informaciones periodísticas que apuntan a una posible colaboración encubierta entre Conde-Pumpido y el Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la redacción de la proposición de ley de amnistía, registrada por el Grupo Parlamentario Socialista en noviembre de 2023.
Según esta versión, el presidente del Constitucional habría asesorado discretamente al Gobierno en la elaboración del texto que ahora se encuentra bajo revisión de su propio tribunal.
Asimismo, el escrito judicial se hace eco de unas declaraciones del presidente del Gobierno en las que afirmaba que los pactos que el PSOE firmó para asegurar la investidura “serán avalados” por el Tribunal Constitucional “con plena normalidad democrática”.
Según Abogados Cristianos, tales afirmaciones anticipaban el fallo del órgano de garantías y comprometían su independencia, especialmente si se tiene en cuenta que quien lo preside —Conde-Pumpido— aparece ahora como uno de los aludidos en la querella.
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