Tributarán por el total de sus rendimientos, incluso si estos no superan el SMI, salvo que estén cubiertos por otras exenciones específicas (por ejemplo, situaciones de gran invalidez o edad avanzada)
Economia30 de junio de 2025
Impacto España Noticias
A partir de 2025, miles de pensionistas y desempleados en España que perciben rentas equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se verán obligados por primera vez a tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este cambio normativo, de gran calado social, se ha introducido discretamente mediante una enmienda en una ley aparentemente ajena a la fiscalidad: la reforma de la responsabilidad civil y el seguro en la circulación de vehículos a motor.
La medida parte de una corrección legal que pretendía extender la exención de tributar por rendimientos bajos —como los equivalentes al SMI— a más contribuyentes. Sin embargo, la letra pequeña de esta enmienda contiene un giro sustancial: limita la exención a quienes obtienen ingresos por una “prestación efectiva de servicios” dentro de una relación laboral o estatutaria. Esto excluye expresamente a pensionistas y desempleados, aun cuando sus ingresos sean iguales a los de un trabajador activo con salario mínimo.
Una deducción con condiciones que dejan fuera a los más vulnerables
La nueva deducción se aplicará solo a aquellos contribuyentes cuyos ingresos provengan de una relación laboral efectiva, y que perciban rendimientos íntegros del trabajo por debajo de 18.276 euros anuales. Es decir, únicamente asalariados o personas empleadas activamente podrán beneficiarse de esta medida. No lo harán quienes cobren una pensión contributiva o asistencial, ni quienes perciban subsidios por desempleo.
Hasta ahora, este tipo de contribuyentes quedaban normalmente exentos de declarar si sus ingresos no superaban los límites establecidos o si no se les aplicaban retenciones significativas. El cambio legal introduce una doble consecuencia para quienes no cumplan el nuevo requisito:
Tendrán obligación de declarar en la campaña de la Renta de 2025.
Tributarán por el total de sus rendimientos, incluso si estos no superan el SMI, salvo que estén cubiertos por otras exenciones específicas (por ejemplo, situaciones de gran invalidez o edad avanzada).
La paradoja del trabajador pobre: obligado a financiar al Estado
El modelo escogido para aplicar esta exención no evita las retenciones a los asalariados de bajo nivel de ingresos, sino que les impone declarar posteriormente para recuperar lo retenido a lo largo del ejercicio. De este modo, durante meses, el Estado se financia anticipadamente con el dinero de los contribuyentes más modestos, una fórmula que traslada la carga administrativa y económica a quienes tienen menos capacidad para asumirla.
A diferencia de la campaña de la Renta de 2024 —donde no se obligó a declarar a trabajadores con ingresos iguales al SMI—, en 2025 sí será necesario hacerlo. Este paso adicional puede suponer una barrera para millones de contribuyentes con conocimientos limitados de fiscalidad, acceso restringido a servicios digitales o falta de recursos para contratar asesoramiento profesional.
Discriminación entre fuentes de renta: una decisión consciente
La exclusión de pensionistas y desempleados no es un error técnico, sino una decisión deliberada. Así se refleja en la redacción final de la nueva deducción, que deja claro que solo se beneficiarán quienes obtengan rendimientos de trabajo a cambio de servicios efectivamente prestados.
Esto supone una ruptura con el principio de equidad horizontal que ha guiado tradicionalmente la política fiscal española: personas con igual renta deberían pagar igual impuesto, independientemente de la fuente de ingreso. Con esta nueva norma, un trabajador activo con ingresos de 15.000 euros estará exento, mientras que un pensionista o un desempleado con el mismo nivel de ingresos deberá tributar.
Expertos fiscales han advertido desde hace tiempo de esta asimetría. Las normas de retención del IRPF, así como las condiciones que eximen de declarar, crean en la práctica dos tarifas distintas: la oficial y la efectiva para quienes no presentan declaración. Esta situación ha generado desigualdades importantes, como penalizaciones para quienes tienen dos pagadores, incluso si su renta total es baja.
Antecedentes recientes: los desempleados ya fueron forzados a declarar en 2024
El camino hacia la generalización de la obligación de declarar se había iniciado ya en 2024, cuando un Real Decreto-ley sobre protección por desempleo obligó a los parados a presentar declaración, aunque no se les informó adecuadamente. Tras la polémica generada, una instrucción interna del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suspendió provisionalmente esta exigencia. Sin embargo, todo apunta a que en 2025 la obligación se consolidará legalmente y de forma definitiva.
La universalización del IRPF como objetivo encubierto
Lo que está detrás de este cambio es la voluntad del Gobierno de avanzar hacia la universalización de la declaración del IRPF, algo que se ha planteado desde distintos foros económicos y fiscales. La intención es doble:
Controlar mejor los ingresos reales de todos los ciudadanos, incluso los de rentas bajas.
Aumentar la recaudación sin subir los tipos impositivos, sino ampliando la base de declarantes.
El problema es que esta universalización no viene acompañada de mecanismos suficientes para evitar el perjuicio fiscal a los contribuyentes más frágiles. Si no se diseña una deducción general aplicable a todos los rendimientos del trabajo —y no solo a los derivados de empleo activo—, se estaría introduciendo una subida de impuestos de facto para quienes menos ganan.
¿Qué alternativas hay?
Economistas e inspectores fiscales han propuesto fórmulas más equitativas. Una de las principales consiste en:
Permitir deducciones en cuota para todos los rendimientos del trabajo, incluidos pensiones y subsidios.
Evitar retenciones injustificadas que después deban reclamarse mediante una declaración obligatoria.
Eliminar las asimetrías provocadas por la existencia de varios pagadores o por distintas fuentes de renta.
Estas propuestas buscan mantener el principio de justicia tributaria sin renunciar al objetivo de mejorar el control y la eficiencia del IRPF.
Más carga, más burocracia y más desigualdad
En resumen, el nuevo cambio fiscal que entrará en vigor en 2025, aunque no se haya anunciado públicamente con claridad, supone un incremento en la carga tributaria y administrativa para pensionistas y desempleados, incluso si perciben ingresos equivalentes al salario mínimo. Mientras que a los trabajadores en activo se les permite recuperar lo retenido, los demás deberán tributar sin opción a exención o devolución, salvo excepciones muy específicas.
La medida, además de profundizar desigualdades fiscales, plantea interrogantes sobre su compatibilidad con los principios de equidad y justicia tributaria. Todo ello, en un contexto donde la ciudadanía apenas ha sido informada, y donde los colectivos afectados tienen menor capacidad de defensa o reacción ante estos cambios.
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