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La Asociación Abogados Cristianos ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid contra el contrato impulsado por la Consejería de Sanidad para adquirir más de cuatro millones de preservativos y 700.000 monodosis de lubricante en las fechas del Orgullo LGTBI.
El contrato, publicado el pasado 19 de junio en el portal de contratación de la Comunidad y valorado en 220.630 euros sin IVA (234.560 euros con impuestos), establece tres lotes: preservativos masculinos, preservativos femeninos y lubricante monodosis. Según el recurso presentado por Abogados Cristianos, la inclusión de este tercer lote carece de justificación médica y resulta «innecesaria y redundante», dado que los propios preservativos ya vienen lubricados por exigencia de las prescripciones técnicas.
«No se entiende el lote de lubricante, puesto que no tiene ningún uso preventivo de enfermedades. Su compra no sólo no es entendible, sino que además es redundante e innecesaria», sostiene el escrito registrado el 27 de junio.
La asociación va más allá y advierte incluso de que la distribución de lubricantes adicionales puede fomentar prácticas sexuales sin preservativo, contrarias al propio objetivo del contrato de prevenir infecciones de transmisión sexual.
Deficiencias jurídicas en la redacción
El recurso también denuncia graves defectos en la redacción de las condiciones especiales de ejecución del contrato, que incluyen vagas referencias a medidas medioambientales —como el uso de envases reutilizables— sin detallar cómo se verificarán ni a qué envases concretos se refieren, lo que las convierte, a juicio de los recurrentes, en meras cláusulas de estilo sin valor jurídico efectivo.
Abogados Cristianos pide por todo ello la nulidad total del contrato o, subsidiariamente, la nulidad parcial de las cláusulas defectuosas que vulneran los principios de la contratación pública.
La asociación fundamenta su legitimación en su objetivo estatutario de actuar frente a la promoción ideológica de la agenda LGTBI desde las instituciones públicas y cuestiona que un gasto público de más de 220.000 euros para productos como lubricantes tenga cabida en las obligaciones de la administración madrileña en materia sanitaria.
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