ERC ha exigido de forma oficial la apertura de una auditoría extraordinaria sobre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, anteriormente conocido como Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, centrada en el período comprendido entre 2018 y 2024
Corrupción06 de julio de 2025
Impacto España Noticias
La presión por el conocido Caso Koldo ha desatado una tormenta política de alcance aún incalculable. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez trata de contener los efectos del escándalo de corrupción que salpica a su entorno más cercano, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha dado un paso significativo para distanciarse de un Ejecutivo que, según denuncian, no ha actuado con la contundencia que exige la gravedad de los hechos.
ERC ha exigido de forma oficial la apertura de una auditoría extraordinaria sobre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, anteriormente conocido como Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, centrada en el período comprendido entre 2018 y 2024. Esta auditoría debería llevarse a cabo desde la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y ser remitida al Congreso de los Diputados, para que la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas pueda decidir si solicita una fiscalización directa por parte del propio Tribunal.
La reacción de ERC: maniobra para contener daños
La iniciativa de los republicanos responde a un contexto político marcado por la inestabilidad institucional y por una investigación judicial que ha puesto en entredicho a figuras clave del aparato socialista. La formación catalana, socio clave del Gobierno durante esta legislatura y la anterior, busca ahora limitar el impacto político de su prolongado apoyo al Ejecutivo, especialmente ante el deterioro acelerado de la imagen del PSOE como consecuencia del escándalo.
En su petición, ERC destaca la inacción institucional por parte del Gobierno central. Aunque el presidente Pedro Sánchez ha anunciado una auditoría interna de la financiación del partido y una reestructuración de su ejecutiva, ninguna autoridad gubernamental ha mostrado intención de investigar internamente el ministerio implicado, a pesar de las evidencias recogidas en la investigación de la Guardia Civil.
El foco sobre Santos Cerdán
Las exigencias de los republicanos no se entienden sin revisar el contenido del informe policial que ha precipitado esta crisis. Según consta en documentación elaborada por la Unidad Central Operativa (UCO), Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE hasta su reciente cese, estaría directamente implicado en operaciones irregulares relacionadas con adjudicaciones públicas, posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
El informe detalla conversaciones telefónicas intervenidas en las que Cerdán aparece dando instrucciones y gestionando contratos vinculados al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, especialmente en relación con adjudicaciones a la empresa Acciona en la región de Murcia, así como en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat. Según la documentación, estas gestiones habrían estado asociadas al pago de comisiones ilegales, que podrían superar los 600.000 euros.
Esta trama habría sido canalizada por Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, actualmente imputado. La gravedad de los indicios ya ha provocado la entrada en prisión provisional de Cerdán, profundizando la crisis interna del PSOE.
¿Hasta dónde llegaba la influencia de Cerdán?
La investigación también apunta hacia el actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Según las grabaciones analizadas, Cerdán habría intentado colocar perfiles afines a Acciona dentro del equipo del ministerio cuando este pasó a manos de Puente, con el objetivo de asegurar futuras adjudicaciones de contratos públicos a la misma constructora.
Una de las conversaciones registradas entre los implicados revela que Koldo García habría comunicado a José Luis Ábalos que “Santos tiene mano para colocar a un par de personas y que Óscar sí le escucha”, lo que refuerza la sospecha de que el ministro actual no solo habría sido consciente de las maniobras, sino que podría haberlas tolerado o facilitado de forma indirecta.
Frente a esta acusación, la respuesta de Puente ha sido limitada. El ministro se ha pronunciado a través de sus redes sociales, expresando simplemente su lamento por la confianza depositada en Cerdán, sin anunciar medida alguna de carácter institucional ni interno.
Silencio y desgaste en La Moncloa
El silencio del Ejecutivo respecto a las responsabilidades políticas dentro del Ministerio ha generado malestar incluso entre sus socios de investidura. Desde ERC critican que ningún alto cargo del Gobierno haya comunicado la voluntad de abrir una investigación formal en el departamento implicado, a pesar del evidente impacto del caso en la credibilidad del Ejecutivo.
Pedro Sánchez ha optado por un enfoque centrado en el control de daños internos, con una auditoría de la financiación del partido y la reestructuración de su cúpula. Sin embargo, estas medidas son consideradas insuficientes por sus aliados parlamentarios, que exigen respuestas en el plano gubernamental y no únicamente en el orgánico-partidista.
Contexto político: ¿fin de la era de alianzas?
Esta crisis de corrupción se produce en un momento especialmente delicado para el Gobierno. El desgaste del PSOE en las encuestas es evidente y varios barómetros ya anticipan su peor resultado desde las elecciones de julio de 2023. ERC, por su parte, ha iniciado una estrategia de distanciamiento progresivo, posiblemente anticipando un cambio de ciclo político o un reposicionamiento con vistas a próximas citas electorales, especialmente en Cataluña.
La exigencia de una auditoría no es solo una medida técnica: es también una advertencia política. Si el Gobierno no actúa con transparencia, sus apoyos parlamentarios podrían convertirse en una carga. La presión de ERC refleja una advertencia clara: el tiempo del apoyo incondicional ha terminado.
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Uno de los actores recurrentemente mencionados en el informe de la UCO y el auto judicial es la empresa Acciona Construcción, que habría obtenido 537 millones de euros en contratos adjudicados por organismos dependientes del Ministerio de Transportes
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Durante su declaración, Ruz ha admitido que pidió una reunión con Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, con la intención de que su empresa no quedara excluida del reparto de contratos públicos tras la salida de Ábalos del Gobierno
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