En plena parálisis presupuestaria, el Gobierno central ha optado por intensificar el uso de decretos para conceder subvenciones directas a proyectos catalogados como de «interés público excepcional»
Corrupción07 de julio de 2025
Impacto España Noticias
En plena parálisis presupuestaria, el Gobierno central ha optado por intensificar el uso de decretos para conceder subvenciones directas a proyectos catalogados como de «interés público excepcional». Sin embargo, detrás de esta fórmula legal se oculta un sistema discrecional de reparto de fondos públicos que ha despertado serias sospechas de arbitrariedad, favorecimiento político y concentración de poder.
Con el Congreso sin aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, los ministerios se han apoyado en esta vía extraordinaria, que permite canalizar ayudas públicas sin la fiscalización habitual. Este procedimiento, lejos de ser utilizado con cuentagotas, se ha convertido en un instrumento clave para distribuir fondos multimillonarios con una lógica que, según diversas fuentes políticas y administrativas, responde más a intereses partidistas que a criterios objetivos.
El papel central de Montero
Todas estas subvenciones requieren, antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el aval previo de la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Su autorización se ha convertido en un filtro imprescindible, no solo técnico sino político, para que los ministerios puedan cerrar estas operaciones.
De los múltiples decretos aprobados en los últimos meses, uno destaca con especial fuerza por su dotación económica y por las implicaciones políticas que ha generado: el Real Decreto 1088/2024, de 22 de octubre, firmado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, con el respaldo directo de Montero. Este decreto concedió hasta 40 millones de euros al Gobierno de Navarra para financiar el desdoblamiento de los túneles de Belate y Almandoz, una obra estratégica pero con numerosas sombras.
Un proyecto envuelto en polémica
La inversión, la mayor aprobada por decreto para una comunidad autónoma en lo que va de legislatura, ha sido defendida por el Ejecutivo central como necesaria para adaptar la infraestructura a las directivas europeas de seguridad en túneles. No obstante, el trasfondo del proyecto revela ramificaciones políticas delicadas.
La obra fue adjudicada mediante concurso público a una alianza empresarial formada por Acciona, Osés y Servinabar. Esta última empresa está en el centro de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sostiene que fue controlada de facto por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, hoy en prisión provisional por presuntos delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencias.
Según ha trascendido, Cerdán firmó un acuerdo para adquirir el 45% de Servinabar al empresario Antxon Alonso. Aunque luego aseguró que se arrepintió y que nunca se materializó la operación, la UCO defiende que mantuvo el control efectivo de la empresa durante la fase clave de adjudicación. Alonso deberá declarar próximamente en el Tribunal Supremo para explicar por qué no canceló dicho acuerdo, si realmente recibió instrucciones de Cerdán para hacerlo.
Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha reconocido públicamente que solicitó la subvención estatal porque su ejecutivo no podía asumir en solitario la obra. No obstante, asegura que desconocía por completo los vínculos de Cerdán con la empresa adjudicataria. Según su versión, su interés fue únicamente asegurar una inversión vital para la comunidad foral.
Financiación foral, ayuda estatal
El caso genera todavía más debate si se tiene en cuenta que Navarra goza de un régimen foral propio, con capacidad de financiación y autonomía fiscal. A pesar de ello, ha recibido el mayor paquete de ayuda estatal para infraestructuras desde la investidura del presidente Pedro Sánchez en noviembre de 2023.
Desde el Ministerio de Transportes se argumenta que el actual ministro, Óscar Puente, no ha hecho más que mantener el compromiso de su predecesora, Raquel Sánchez, quien ya había aprobado esa ayuda en julio de 2023. Sin embargo, aquel decreto no llegó a ejecutarse por la interinidad del Gobierno durante las negociaciones para la investidura. Hoy, el dinero está empezando a transferirse, incluso con las investigaciones abiertas y las irregularidades en la adjudicación pendientes de aclarar.
El departamento ministerial subraya que la licitación y adjudicación fueron responsabilidad exclusiva del Gobierno navarro, deslindando al Ejecutivo central de cualquier responsabilidad en la ejecución del contrato. Sin embargo, la crítica recae sobre el mecanismo de subvención directa, que permite destinar fondos estatales a obras sin concurrencia pública, sin criterios claros de reparto y sin evaluación independiente del interés general frente a otras necesidades similares o mayores.
Comparación con otras ayudas
La magnitud del caso navarro se pone aún más de relieve cuando se comparan otras subvenciones aprobadas por la misma vía en los últimos meses:
5,2 millones de euros para la clausura del complejo minero abandonado de El Terronal, en Asturias, mediante decreto aprobado por la entonces vicepresidenta Teresa Ribera, con el aval de Montero.
4,9 millones para obras de acceso a la M-50 en Rivas-Vaciamadrid, municipio gobernado por IU y PSOE.
1 millón de euros al Ayuntamiento de Errentería (EH Bildu) para un aparcamiento disuasorio.
Otro millón para proyectos de «reverdecimiento urbano» en Sant Feliu de Llobregat, gobernado por el PSC.
Estas ayudas, pese a su carácter local y limitado, también fueron tramitadas por decreto y no mediante convocatorias abiertas, lo que refuerza la percepción de un sistema discrecional que prioriza territorios gobernados por fuerzas políticas afines al Ejecutivo.
Cataluña: la gran beneficiada
Fuera del ámbito de las obras públicas, el mayor paquete aprobado por esta vía fue destinado a la Generalitat de Cataluña: 201 millones de euros para la mejora del servicio de Cercanías. Esta transferencia, formalizada en noviembre de 2023, fue una exigencia de los partidos independentistas en el marco de las negociaciones para apoyar la investidura de Sánchez. Aunque justificada oficialmente por el estado de deterioro del servicio ferroviario, su carácter no competitivo y la cuantía desproporcionada en comparación con otras regiones suscitaron amplias críticas.
Comunidades del PP, a la sombra
La lógica de estas ayudas no ha beneficiado por igual a todas las autonomías. Las gobernadas por el Partido Popular apenas aparecen en el reparto. Desde la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid confirman que no han recibido ninguna subvención directa para infraestructuras a través de decretos, más allá de 8,3 millones de euros del Ministerio de Vivienda destinados al realojo de familias de la Cañada Real.
La escasa presencia de territorios ajenos al PSOE o sus aliados en el mapa de ayudas directas alimenta la hipótesis de un uso partidista de los recursos estatales, que debería regirse por los principios de equidad, necesidad y transparencia.
Un sistema opaco con consecuencias políticas
La proliferación de estos decretos ha generado un creciente malestar en sectores de la oposición, entre juristas expertos en contratación pública y en las administraciones regionales que sienten que compiten en desigualdad de condiciones.
El argumento del Gobierno para justificar el recurso a esta fórmula se apoya en la situación excepcional derivada de la falta de Presupuestos y de las necesidades urgentes de inversión. Pero esa lógica, en la práctica, ha facilitado un modelo de asignación de fondos donde la decisión política prima sobre los criterios técnicos y territoriales.
El caso navarro, además, introduce un elemento de gravedad institucional: la posible connivencia entre poder político y poder empresarial en la obtención de contratos públicos. Aunque el Gobierno insiste en que el proceso de adjudicación fue autonómico, la implicación directa de un ex alto cargo del partido gobernante y la falta de filtros eficaces para evitar estos conflictos refuerzan las críticas sobre la opacidad del sistema.
La ausencia de presupuestos ha dejado al descubierto un modelo alternativo de financiación pública que, lejos de ser transparente y equitativo, parece configurarse como una herramienta de poder discrecional. El recurso sistemático a decretos para repartir ayudas millonarias pone en entredicho los principios básicos de la gestión pública, y amenaza con erosionar la confianza ciudadana en las instituciones. El caso de Navarra es solo el más visible. La pregunta ahora es cuántos más seguirán ese patrón, y quién controla, en realidad, el destino final del dinero público.
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