El 22 de diciembre de 2021 finalizó el plazo que tenía el Gobierno español para presentar la actualización de los planes hidrológicos para Canarias en cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE que es una norma marco sobre la gestión del agua y la Directiva 2007/60/CE sobre riesgos de inundación que deben ser actualizados y comunicados a la Comisión Europea cada seis años y forman parte del Pacto Verde Europeo.
Ante la inacción, en febrero de 2023 la Comisión Europea abrió un expediente contra España. En septiembre de 2023, la Comisión Europea concedió un plazo de dos meses para presentar los planes y el Gobierno español atendió el requerimiento.
Ante la falta de actuación, la Comisión Europea elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en mayo de 2024.
El 10 de julio de 2025, el TJUE ha dado la razón a la Comisión Europea condenando a España por incumplimiento de las directivas mencionadas, aunque cumpliera el requerimiento.
Españoles por el futuro está investigando este asunto y ha encontrado que España ya fue condenada por el TJUE el 2 de abril de 2020 en el caso C-384/19 por no presentar los planes sobre la evaluación y gestión de los riesgos de inundaciones establecidos en la Directiva 2007/60/CE, en las demarcaciones de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
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