Impacto España Noticias
Hasta cinco documentos oficiales del Gobierno contradicen abiertamente las afirmaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que esta misma semana volvió a negar cualquier relación entre inmigración y delincuencia tras los disturbios en Torre Pacheco.
Los informes, elaborados por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) desde 2019 con datos de Interior, Exteriores, el CNI y otros organismos de seguridad del Estado, reconocen explícitamente que los flujos migratorios masivos conllevan riesgos para la seguridad, favorecen la llegada de estructuras criminales y pueden ser utilizados incluso por el terrorismo para infiltrarse en Europa.
Uno de ellos, la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019‑2023, advierte de las “consecuencias secundarias” en los países receptores de las migraciones masivas desde África y América Latina, debido a conflictos, crisis económicas y cambios geopolíticos.
El documento anticipa que estos flujos pueden dar lugar al desarrollo en España de “cierta criminalidad procedente de aquellos territorios”, con la aparición de grupos “más o menos estructurados” que acaben enfrentándose con organizaciones delictivas locales y con otros grupos de distinta procedencia.
Pese a este diagnóstico del propio Ejecutivo, Marlaska insistía el lunes en la Cadena SER en que “no hay identificación entre delincuencia e inmigración. Ningún elemento determinante pone en relación delincuencia e inmigración”.
Los informes oficiales, sin embargo, lo desmienten. La Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2023, por ejemplo, describe cómo la crisis del Sahel ha disparado los flujos migratorios ilegales y advierte de que estos “pueden ser aprovechados por elementos terroristas para dar cobertura a sus desplazamientos”.
Incluso subraya las conexiones entre redes yihadistas y mafias del tráfico de personas en el Mediterráneo central, lo que incrementa “el riesgo de entrada en territorio europeo de retornados y de otros terroristas, así como de individuos altamente radicalizados”.
Otro documento, la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024, pone negro sobre blanco lo que muchos ciudadanos constatan: actores estatales o no estatales —en clara alusión a Marruecos— utilizan las “olas incontroladas de inmigración ilegal” como parte de su estrategia híbrida para presionar a España, especialmente a través de rutas marítimas como el Estrecho de Gibraltar.
El Informe Anual de Seguridad Nacional 2023 no se queda atrás. En él, la “presión migratoria” figura ya entre las cinco principales amenazas con “intensidad muy alta” para nuestro país, por el desafío que supone para la seguridad. Y el Informe Anual de Seguridad Nacional 2024 vuelve a situar la inmigración ilegal entre los cinco riesgos y amenazas más graves, destacando cómo los flujos migratorios son utilizados por terroristas para entrar en Europa.
Todos estos informes oficiales coinciden en que la inmigración masiva representa un riesgo claro para la seguridad y la estabilidad. Una realidad que el Gobierno conoce desde hace años pero que sus responsables políticos, como Marlaska, se niegan a reconocer públicamente mientras criminalizan a quienes lo denuncian.
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