Un informe clave de la Guardia Civil podría marcar un antes y un después en la carrera política de la presidenta del Congreso de los Diputados. La Audiencia Nacional investiga si hubo corrupción en la adquisición de material sanitario fraudulento durante la pandemia
Corrupción16 de julio de 2025
Impacto España Noticias
La gestión de Francina Armengol durante la pandemia, cuando era presidenta del Gobierno de Baleares, ha quedado en el centro de una investigación judicial de amplio alcance. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ultima un informe exhaustivo sobre la compra de mascarillas FFP2 defectuosas a una empresa vinculada a la trama del llamado “caso Koldo”.
El documento, que será entregado en los próximos días al magistrado Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, podría tener consecuencias políticas y legales de gran envergadura.
Según fuentes jurídicas cercanas al proceso, este será el primer informe oficial que examine en detalle la actuación del Ejecutivo de Armengol en torno a esta operación millonaria, en la que se desembolsaron 3,7 millones de euros por un lote de 1,4 millones de mascarillas que resultaron ser inservibles.
Una adjudicación exprés y sin garantías
La operación bajo sospecha se remonta al año 2020, en pleno estado de alarma por la COVID-19. El Gobierno balear acordó la compra urgente de mascarillas FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión SL, una sociedad sin experiencia previa en el suministro de material sanitario al sistema público de salud de las islas.
Según la documentación recabada por los investigadores, el pago se realizó en un único desembolso y sin que existiera un contrato formalizado en ese momento. Bastó una llamada telefónica por parte de la empresa para que se autorizara la transferencia de los fondos públicos.
Pese a que los análisis realizados al material en junio de ese mismo año ya habían detectado irregularidades en la calidad del producto, el Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) emitió un informe favorable en agosto, dando por válido el suministro. Las mascarillas nunca llegaron a utilizarse debido a que no cumplían con los requisitos de protección exigidos para el personal sanitario, lo que las convertía en potencialmente peligrosas.
Tres años de silencio administrativo
Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los investigadores es que el Ejecutivo autonómico no inició ningún proceso para reclamar el reembolso hasta julio de 2023, coincidiendo con el periodo electoral en el que Armengol perdió el Gobierno de Baleares frente a Marga Prohens (PP). Es decir, pasaron tres años desde la entrega del material defectuoso hasta que se emprendieron acciones para recuperar el dinero público invertido.
Esa inacción es interpretada por fuentes jurídicas como una posible forma de encubrimiento o, al menos, como una muestra de negligencia administrativa grave.
La conexión con la trama Koldo
Soluciones de Gestión SL forma parte del entramado empresarial investigado en el marco del caso Koldo, en el que están implicadas múltiples figuras vinculadas al anterior Ministerio de Transportes, bajo la gestión de José Luis Ábalos. El nexo común es Koldo García, exasesor del exministro, quien actuó como intermediario en numerosos contratos adjudicados durante la pandemia.
Los investigadores han tenido acceso a intercambios de mensajes entre Koldo García y Francina Armengol. En uno de ellos, el exasesor presionaba para que la entonces presidenta balear se reuniera con representantes del grupo empresarial vinculado a Víctor de Aldama, presidente de Soluciones de Gestión SL. En tono coloquial, le escribió:
“Por favor, ¿puedes comer con ellos mañana algo rápido en un reservado?... Si comes con ellos en una hora te voy a querer siempre”.
Armengol respondió que tenía obligaciones parlamentarias que podrían impedirle acudir al encuentro, pero los registros indican que sí mantuvo reuniones con Aldama, una de ellas en la sede oficial de la Presidencia balear, el Consulado del Mar. Pese a ello, la actual presidenta del Congreso ha reiterado públicamente que no conocía ni tuvo relación directa con los responsables de la adjudicación.
La Audiencia Nacional toma el control
El caso fue asumido por la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Supremo determinara que la competencia debía recaer en ese órgano, dada la dimensión nacional y europea de los fondos empleados. En marzo de 2024, la Fiscalía Europea anunció su entrada en la causa, al considerar que se trataba de una posible malversación de fondos comunitarios, acompañada de prevaricación y tráfico de influencias.
Desde entonces, la UCO ha realizado registros en varias instituciones públicas, incluida la sede del IB-Salut en Palma, donde permanecieron hasta altas horas de la madrugada revisando expedientes, correos electrónicos y contratos.
El objetivo ahora es determinar si existen responsabilidades penales en la actuación del anterior gobierno balear y si Armengol podría ser citada como investigada o testigo en las próximas semanas.
Otra adjudicación bajo sospecha: la residencia de Son Dureta
En paralelo a esta causa, se ha abierto una investigación sobre la adjudicación de un contrato de 10,4 millones de euros para la construcción de la residencia geriátrica de Son Dureta. La empresa beneficiaria fue Levantina Ingeniería y Construcción, también vinculada a la red de empresas investigadas por su supuesta conexión con el PSOE y con varios contratos opacos firmados durante el periodo de emergencia sanitaria.
Una figura institucional en la cuerda floja
Francina Armengol ocupa actualmente la presidencia del Congreso de los Diputados, lo que la convierte en la tercera autoridad del Estado. La publicación del informe de la UCO, prevista antes de que finalice el verano, podría suponer un punto de inflexión para su futuro político.
Aunque hasta el momento ha rechazado cualquier implicación directa en los hechos, el cerco judicial se estrecha. Si el juez encuentra indicios de responsabilidad penal, podría desencadenarse una crisis institucional sin precedentes, con consecuencias para el equilibrio del poder parlamentario.
El caso de las mascarillas defectuosas en Baleares no solo refleja las sombras que todavía persisten sobre la gestión pública durante la pandemia, sino que también evidencia la compleja red de influencias políticas y empresariales que se tejió en torno a los contratos de emergencia. Con el avance de las investigaciones, la figura de Francina Armengol se encuentra en el centro de una tormenta judicial que podría marcar el final de su trayectoria política.
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La investigación se ha iniciado a raíz de la petición de la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) que, como consta en la denuncia, solicitaba a la Justicia que indagaran en la actividad tanto de Díez, así como en la del empresario Javier Pérez Dolset, del letrado Jacobo Teijelo
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