El Pleno del Senado, con mayoría absoluta del PP, aprobará este jueves de manera definitiva la reforma de la ley del Convenio Económico de Navarra —pactada por el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo regional— para traspasar a la comunidad foral la regulación, gestión, inspección y recaudación de dos nuevos impuestos. Sólo VOX se opone.
Este es el último paso parlamentario de la modificación legal del Convenio Económico de Navarra, por lo que cuando obtenga el aval de las Cortes Generales se mandará directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE).
El contenido de esta reforma legal se debatirá y votará este jueves, pero la semana pasada se decidió la forma de tramitación, ya que se pidió que fuera en lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión, y acumulando todas las fases parlamentarias. En este contexto, la semana pasada se sometió a votación la forma de tramitación y solamente VOX votó en contra de esta manera exprés, mientras que el resto de formaciones dieron su plácet.
Lo más significativo de las cuestiones tributarias refleja la regulación, gestión, inspección y recaudación por parte de Navarra de dos nuevas figuras impositivas: el Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, y el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.
Además de estas, otras novedades tienen que ver con la ampliación de la competencia normativa para Navarra en el impuesto sobre la renta de no residentes.
Para VOX, única formación que se opone a la reforma, ceder toda competencia en materia del impuesto de la renta, genera desigualdad. «Quien vote a favor estará aprobando una nueva vuelta de tuerca a la desigualdad entre españoles, y tendrá que dar explicaciones de ello a los españoles del resto de las comunidades autónomas», aseveró el diputado Pablo Sáez.
Sáez reiteró en el Congreso que la posición de VOX convierte a la formación en defensora de una España más justa para todos. «Es un paso más en la consolidación de un sistema insolidario y perjudicial para España. Todos los españoles tienen los mismos derechos y beneficios sin que su lugar de residencia o de trabajo determine su calidad de vida o sus oportunidades», agregó.
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