"Grave señalamiento de la Guardia Civil: la Confederación del Júcar ignoró la crecida del Poyo en el momento más crítico"

La investigación judicial en torno a la trágica DANA que azotó la provincia de Valencia el 29 de octubre, y que dejó un devastador saldo de 228 fallecidos, ha dado un giro significativo tras la entrega de un extenso informe de la Guardia Civil a la magistrada instructora. El documento, de más de 200 páginas, señala directamente serias deficiencias operativas por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), a quien atribuye una falta evidente de control y comunicación durante las horas críticas del episodio.

Falta de avisos a pesar de señales críticas
Uno de los puntos más contundentes del informe elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia es el que señala la ausencia de notificaciones ante el crecimiento acelerado del caudal en el barranco del Poyo, una rambla que juega un papel clave en el sistema fluvial de la zona.

Según la reconstrucción temporal realizada por los agentes, entre las 16:15 y las 17:25 horas del 29 de octubre se superaron sucesivamente los tres umbrales de caudal establecidos por los protocolos de la CHJ. Estos umbrales —que marcan caudales crecientes de 30, 70 y 150 metros cúbicos por segundo— son determinantes para activar avisos a organismos de protección civil, cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

Sin embargo, no fue hasta las 18:43 horas, más de una hora después de superar el tercer umbral, cuando la CHJ emitió la primera y única comunicación oficial, en la que se reportaba un caudal extraordinario de 1.686 metros cúbicos por segundo, una cifra diez veces superior al tercer umbral establecido. Para los investigadores, ese dato, emitido de forma tardía y en un solo correo, supone un incumplimiento flagrante del protocolo de alertas.

"Ausencia de control en el momento más crítico"
El informe no escatima en calificativos. A juicio de los investigadores, lo ocurrido evidencia una "aparente ausencia de control" por parte del personal responsable de la CHJ sobre el sistema de monitoreo de la rambla del Poyo, justo en el momento más delicado de la emergencia.

La Guardia Civil se pregunta abiertamente por qué motivo no se lanzaron los avisos preceptivos al superar cada uno de los umbrales, a pesar de que existía personal responsable y mecanismos automáticos para hacerlo. El documento concluye que esta falta de comunicación temprana "pudo haber influido de forma directa en el número de víctimas mortales", al no advertirse a la población ni a los servicios de emergencia del peligro inminente.

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La magistrada mantiene como testigo al presidente de la CHJ
Pese a la contundencia de los hechos reflejados en el informe, la titular del Juzgado de Instrucción que dirige la causa, Nuria Ruiz Tobarra, ha decidido mantener al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en calidad de testigo, rechazando por ahora las peticiones de algunas acusaciones para que sea formalmente investigado.

Esta decisión judicial ha generado controversia, dado que el propio informe de la Guardia Civil pone en duda la gestión de la entidad bajo la dirección de Polo. De hecho, los agentes plantean explícitamente que, llegada la fase actual de la instrucción, resulta necesario interrogar a los máximos responsables del organismo sobre las razones que impidieron emitir los avisos de crecida en tiempo real.

Silencio institucional y críticas desde Castilla-La Mancha
Desde el trágico episodio, Miguel Polo no ha ofrecido declaraciones públicas, y fuentes próximas aseguran que este silencio responde a una instrucción directa del Gobierno central. Esta falta de transparencia ha alimentado la indignación social y política, tanto en la Comunitat Valenciana como en otras regiones afectadas por la misma DANA.

En Castilla-La Mancha, donde también se registraron siete fallecidos a consecuencia del temporal, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha adelantado su intención de estudiar acciones legales tras el verano contra la Confederación Hidrográfica del Segura, organismo que, según denuncia, actuó de forma similar a la del Júcar: sin previsión, sin avisos, y con un sistema de respuesta que no protegió adecuadamente a la población.

¿Negligencia o error estructural?
La acumulación de pruebas y la reconstrucción detallada de lo ocurrido apuntan a una cadena de omisiones que compromete seriamente la labor de una institución clave en la gestión hídrica y la prevención de catástrofes naturales. El hecho de que se ignoraran los umbrales de alarma durante más de una hora, pese a que el protocolo interno exige notificaciones automáticas desde el primer ascenso relevante del caudal, podría configurar una negligencia grave.

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Los expertos señalan que la gestión de las confederaciones hidrográficas debe modernizarse y estar plenamente alineada con los sistemas de protección civil, sobre todo ante la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Lo ocurrido el 29 de octubre no fue un fallo puntual, sino un síntoma de un sistema con carencias técnicas, humanas y comunicativas que resultaron mortales.

 Un llamado urgente a la responsabilidad institucional
La instrucción judicial continúa abierta, pero el informe de la Guardia Civil añade presión para que se depuren responsabilidades. En un contexto donde la crisis climática exige sistemas de alerta eficaces y decisiones rápidas, las demoras, los silencios y la falta de reacción no son solo errores administrativos: pueden costar vidas.

Las familias de las víctimas, los municipios afectados y una parte creciente de la sociedad civil piden transparencia, justicia y una revisión profunda de los protocolos de actuación. La catástrofe de Valencia no puede repetirse, y menos aún quedar impune.

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