Pedro Sánchez quiere aguantar como sea hasta 2027. Sabe que o lo hace o puede terminar en la cárcel. Para ello, planea aprobar tres leyes en lo que queda de 2025. Estas leyes de Pedro Sánchez buscan, por un lado, blindar su legislatura y sostener su frágil Gobierno de coalición con ERC, Bildu, PNV y Sumar; por otro, consolidar el control institucional con el golpe de estado judicial; y, finalmente, mantener la iniciativa política hasta 2027 con una agenda social.
La estrategia gira en torno a tres ejes: Presupuestos Generales del Estado, la llamada «ley Bolaños» y la reforma laboral.
La ley Bolaños: un golpe al equilibrio judicial
La primera y más preocupante es la ley Bolaños, impulsada desde el Ministerio de Presidencia y Justicia. Esta reforma constituye un golpe de Estado judicial. Representa el mayor intento de Pedro Sánchez para acabar con la independencia judicial en España. De aprobarse, comprometería la independencia del poder judicial y pondría en riesgo la separación de poderes.
La ley Bolaños no ha sido aprobada en el Congreso gracias a un inesperado giro parlamentario. Esta paralización permite que sigan adelante las causas judiciales contra altos cargos del PSOE, familiares de Sánchez y sus socios.
El control de los jueces queda pendiente. Pero a Sánchez le urge aprobarla cuanto antes, y se teme que justo después del verano lo haga.
Presupuestos Generales: el pilar económico del sanchismo
El segundo proyecto será la presentación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Aún rigen los prorrogados de 2023, lo que evidencia la parálisis parlamentaria. Pedro Sánchez quiere romper ese estancamiento como muestra de fortaleza institucional.
Los Presupuestos serán clave para asegurar el reparto de fondos a las comunidades autónomas y cumplir promesas con sus socios separatistas. Fuentes de Moncloa confirman que los contactos con ERC, Junts, Bildu y PNV ya están en marcha para cerrar acuerdos previos.
Reforma laboral: jornada más corta sin bajar salarios
El tercer eje será la reforma laboral que reducirá la jornada semanal a 37,5 horas sin reducción de salario. Una propuesta que busca ganarse al votante joven y urbano. La medida surge del pacto entre el PSOE y Sumar y estará liderada por la comunista Yolanda Díaz.
Este proyecto se presentará como avance social, y se venderá como parte de su agenda social. El Gobierno la usará como bandera electoral y se presentará como una victoria de la clase trabajadora. Después vendrán otras medidas «sociales» de cara a las próximas elecciones. Quieren ocultar la corrupción con el maquillaje social.
De nuevo, las leyes de Pedro Sánchez se proyectan como parte de una estrategia de fidelización electoral con medidas simbólicas.
Un plan de supervivencia política
Pedro Sánchez ha dejado claro que pretende agotar la legislatura hasta 2027, aunque no consiga aprobar todas sus reformas. Con una base parlamentaria tan inestable, cada votación se convierte en una partida de ajedrez. Por ello, estas leyes de Pedro Sánchez son una hoja de ruta para mantenerse en el poder.
El Gobierno venderá estas iniciativas como respuesta a demandas sociales. Sin embargo, su verdadero propósito es blindar al Ejecutivo frente a los escándalos de corrupción, desgastes internos y el crecimiento de la oposición.
La negociación con formaciones separatistas sigue siendo el peaje constante de este Gobierno. Las concesiones a ERC, Junts y Bildu podrían aumentar conforme se acerquen las votaciones clave.
El 2025, clave para el control del poder
Las leyes de Pedro Sánchez 2025 no son simples reformas técnicas. Se trata de una estrategia de supervivencia. Presupuestos para comprar apoyos, reforma laboral para mantener el relato social y la ley Bolaños para neutralizar el poder judicial.
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