Así chantajea Sánchez a la Iglesia con la pederastia

Santiago Abascal lo resumió con una palabra: perplejo. Muchos católicos hoy están perplejos ante una jerarquía eclesiástica que, lejos de ejercer la libertad profética que le corresponde, parece atada de pies y manos frente al poder político. Y no por misteriosas razones ideológicas, sino por algo mucho más tangible: la amenaza permanente del escándalo de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y la gestión que de él hace el Gobierno de Pedro Sánchez.

El ejemplo más claro ocurrió el pasado mes de octubre. El presidente del Gobierno, recién salido de su encuentro con el Papa en el Vaticano, compareció ante la prensa y para hablar de su reunión y vinculó dos asuntos aparentemente inconexos: la pederastia en la Iglesia y el futuro del Valle de los Caídos. Dijo que eran los dos asuntos que había tratado con el Papa, y que debían ser resueltos «conjuntamente».

 Pocos meses después, los acontecimientos confirmaron lo que aquella comparecencia había insinuado. El ministro Félix Bolaños selló un acuerdo con el arzobispo de Madrid, José Cobo, para «desbloquear» la llamada resignificación del Valle de los Caídos. La «letra pequeña» era letal: Santiago Cantera abandonaría su Abadía, el Valle perdería su carácter católico, y el significado del Valle pasaría a ser un parque temático de la memoria histórica, aunque «se respetaría el altar».

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La misma semana se supo que se aplazaba el plan de indemnizaciones a víctimas de pederastia en la Iglesia, anunciado a bombo y platillo. La herramienta elegida: una subcomisión parlamentaria que no garantizará nada antes de 2026. El mensaje implícito: «Colaborad con nosotros en lo que os pedimos, y tendremos paciencia con lo que más teméis».

Oficialmente, la Conferencia Episcopal insiste en que no existe conexión entre ambas cuestiones. Pero la cronología y las declaraciones públicas pintan un cuadro distinto. El presidente menciona ambos asuntos a la salida del Vaticano; poco después, se pacta el desmantelamiento del Valle; acto seguido, se congela el calendario de indemnizaciones. Si no es un «quid pro quo», se le parece demasiado.

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