El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, destinará 400.000 euros de dinero público a Bolivia para la conservación de humedales y animales como las alpacas y llamas. La partida forma parte de una convocatoria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y se otorgará en forma de subvención directa a particulares.
La cifra sería anecdótica si no fuese porque el Gobierno de Bolivia dedica apenas 1,4 millones de euros anuales a su medio ambiente, lo que convierte a España en financiador de un tercio de todo su presupuesto ecológico. Es decir, los españoles pagan lo que el Ejecutivo de Arce no está dispuesto a costear.
El dinero irá destinado a proyectos de conservación de bofedales —humedales característicos del altiplano andino— y a la protección de camélidos. La convocatoria, registrada el pasado 20 de agosto, permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2025 y no se ejecutará hasta el próximo año.
Este nuevo gasto se suma a los 100 millones de euros comprometidos por España con Bolivia entre 2022 y 2025, bajo el llamado Marco de Asociación País que orienta la cooperación hacia la «transición ecológica justa». Otros 100 millones fueron enviados entre 2018 y 2021.
En total, la cooperación española ha canalizado más de 200 millones en ocho años, a lo que se añaden programas específicos financiados por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, como 5 millones para redes de agua y alcantarillado periurbano y otros 3 millones para gestión hídrica urbana.
La paradoja es evidente: mientras La Paz depende de la generosidad española, en 2024 Bolivia sufrió los peores incendios forestales de su historia, que arrasaron cientos de miles de hectáreas. El gasto ambiental del Gobierno de Arce —equivalente al 0,04% de su presupuesto general— resulta ridículo frente a la magnitud del desastre.
Ecologistas del país denuncian que la falta de inversión compromete la respuesta ante nuevas emergencias y evidencia que la protección de ecosistemas estratégicos queda relegada, mientras el Ejecutivo español se convierte en el gran sostén económico de la «agenda verde» boliviana.
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