Sin embargo, a pesar del optimismo de Montero, ni las reglas fiscales, ni la Airef, ni el propio borrador del anteproyecto de ley que el Ministerio de Hacienda, elevó a consulta pública el pasado mes de mayo, contemplan este escenario. De hecho, queda prohibido
Nacional04 de septiembre de 2025 LM
A pesar de que en 2018, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no quería oír ni hablar de "condonación" o "reestructuración" de la deuda autonómica, la socialista aprobó la medida en el Consejo de Ministros.
Hay que recordar que el plan del Gobierno no es más que una mutualización de casi el 20% de la deuda autonómica, lo que supone cargar al Estado (es decir, a todos los ciudadanos del país) la friolera de 83.252 millones de los pasivos de las CCAA. El objetivo no es otro que cumplir con la exigencia de los independentistas catalanes, que es repartir entre todos los españoles su deuda.
Como sería demasiado descarado que la prebenda de Pedro Sánchez al independentismo fuera dirigida exclusivamente a Cataluña, el Gobierno también se ha visto obligado a condonar parte de su deuda al resto de CCAA a través de una complicada y dudosa fórmula que se desarrollará en tres fases. El resultado es que Andalucía tendría 18.791 millones de euros menos de pasivo; Cataluña, 17.104 millones y Valencia, 11.210 millones.
Desde el Gobierno consideran que esta idea no tiene más que ventajas para todas las regiones del país. Sin embargo, son muchas las contradicciones al respecto. Por ejemplo, uno de los aspectos por los que más presumió Montero en la rueda de prensa, y que más polémica ha generado, es el uso que podrán darle las CCAA al dinero ahorrado por los intereses de la deuda que el Estado va a asumir.
"Les quiero recordar que la asunción de la deuda, por parte del Estado, de las comunidades autónomas, les va a permitir a estas, lógicamente, que paguen menos intereses y, por tanto, puedan destinar esos recursos a la mejora de los servicios públicos que gestionan en sus territorios. Es decir, a la educación, a la sanidad... " aseguró Montero.
"Estamos hablando de un ahorro, en materia de intereses, de comunidades autónomas de entre 6.600 y 6.700 millones de euros. Repito, 6.600-6.700 millones de euros que ya no tendrán que ir dirigidos a pagar los intereses, sino que podrán reforzar las políticas y las partidas sanitarias, educativas o de dependencia" celebró la ministra.
María Jesús Montero, en evidencia
Sin embargo, a pesar del optimismo de Montero, ni las reglas fiscales, ni la Airef, ni el propio borrador del anteproyecto de ley que el Ministerio de Hacienda, elevó a consulta pública el pasado mes de mayo, contemplan este escenario. De hecho, queda prohibido.
Tal y como puede leerse en el propio documento de Hacienda, a pesar de la quita masiva de deuda autonómica, el Gobierno aseguraba que tendría la intención de garantizar "el compromiso de las Administraciones Públicas con la sostenibilidad fiscal.
Así mismo, se persigue evitar la aparición de problemas de riesgo moral, a través del retorno paulatino al mercado de las Comunidades Autónomas y de la aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que impide que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las Comunidades Autónomas pueda ser empleado en incrementar su gasto".
Y es que, el elevado riesgo moral que genera la fórmula Montero ha sido una de las principales críticas que está recibiendo la mutualización del Gobierno. La razón es que si una Administración es consciente de que otra más grande (el Estado) se va a quedar con sus pasivos llegado el momento, tenderá a ser más irresponsable, descontrolar su deuda y gastar con mayor ligereza.
El pasado mes de febrero, cuando el Gobierno anunció los detalles de este plan de traslado de deuda, la Airef también fue muy crítica con los efectos perversos del plan de Sánchez y, de hecho, también se refirió al uso de los intereses ahorrados, que no podrán incrementar el gasto, tal y como establecen las reglas fiscales.
"La condonación supondrá un ahorro en intereses que implica una reducción del déficit de las CCAA y un incremento en la Administración Central. No obstante, hay que considerar que los intereses no se incluyen en el cálculo de gasto computable a efectos de la regla de gasto. En consecuencia, este ahorro no modifica el cálculo de la regla de gasto y, por lo tanto, no genera un mayor margen de gasto en otras políticas públicas" señaló el organismo de Cristina Herrero en una nota explicativa.
Preguntada por este asunto, la ministra de Hacienda negó la mayor con una imprecisa explicación. "¿Esa cantidad se puede dedicar al estado del bienestar? Como el resto de los ingresos que tienen las comunidades autónomas. Es decir, las reglas fiscales no limitan en función del origen de esos ingresos. Las reglas fiscales limitan en función de la capacidad de que una comunidad autónoma se vea limitada por el déficit o se vea limitada, como los ayuntamientos, por la regla de gasto" dijo.
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