Impacto España Noticias
La memoria anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2024 ha puesto cifras concretas a una cuestión que desde hace tiempo genera debate: la verdadera edad de los llamados MENAS (menores extranjeros no acompañados). El informe revela que solo la mitad de los jóvenes a los que se practicaron pruebas de determinación de edad resultaron ser efectivamente menores.
Más de 7.500 pruebas en un año
A lo largo de 2024, se abrieron 7.562 diligencias preprocesales de determinación de la edad (DIP). Estas pruebas se realizan cuando existen dudas razonables sobre la minoría de edad de una persona que llega sola al territorio nacional y se presenta como menor.
Los resultados de estas diligencias se distribuyen en tres bloques:
2.457 casos concluyeron que los jóvenes eran mayores de edad.
3.825 casos confirmaron la minoría de edad o, al menos, indicaron la posibilidad fundada de que lo fueran.
1.280 casos quedaron sin resolución, porque los interesados abandonaron los centros de protección antes de someterse a las pruebas.
Traducido en porcentajes, el 50,58 % de quienes se sometieron efectivamente al procedimiento resultaron ser menores, mientras que prácticamente la otra mitad eran adultos.
Incremento de llegadas y perfil demográfico
El documento de la Fiscalía también detalla el perfil de quienes arribaron en 2024. Solo por vía marítima llegaron 5.922 menores, de los cuales 5.291 eran varones y 631 mujeres. La cifra de niñas creció de forma significativa respecto al año anterior, casi triplicándose.
El flujo migratorio se concentra principalmente en Canarias, Andalucía, Murcia y Baleares, territorios donde la presión sobre los servicios sociales y de acogida es mayor. La Fiscalía subraya además que muchos de estos menores proceden de Marruecos, Malí, Senegal y otros países del África subsahariana, aunque también se detectan llegadas desde el Magreb y Asia.
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La determinación de la edad no es un simple trámite burocrático: de ella dependen recursos económicos, plazas en centros de acogida, tutelas y políticas de integración. Cada menor tutelado por la Administración implica un gasto anual estimado de decenas de miles de euros, una cifra que varía según la comunidad autónoma y el grado de asistencia que se preste.
En territorios como Canarias o Baleares, la saturación de centros se ha convertido en un problema estructural. Las autoridades locales han reclamado en varias ocasiones un reparto equitativo entre comunidades y mayor apoyo financiero del Estado para sostener un sistema que consideran al límite de su capacidad.
La dificultad de verificar la edad
La prueba de determinación de edad se compone generalmente de exámenes médicos como radiografías óseas, pruebas odontológicas y entrevistas, aunque los propios fiscales admiten que no se trata de un método infalible. Los márgenes de error y la falta de documentación oficial en muchos casos complican las conclusiones.
A ello se suma el hecho de que un número relevante de jóvenes abandona voluntariamente los centros antes de someterse a las pruebas. Esa circunstancia —1.280 casos en 2024— deja sin resolver un volumen significativo de expedientes, lo que impide conocer con certeza la edad real de esas personas.
Un debate social y político
Los datos de la Fiscalía alimentan un debate cada vez más presente en la agenda pública. Por un lado, organizaciones de defensa de los derechos humanos recuerdan que el Estado tiene la obligación de proteger a los menores, con independencia de su origen, y advierten del riesgo de criminalizar a un colectivo vulnerable. Por otro, voces críticas insisten en la necesidad de reforzar los controles, evitar fraudes y garantizar que los recursos se destinan a quienes realmente son menores de edad.
El hecho de que solo la mitad de los sometidos a prueba resulten ser efectivamente menores plantea interrogantes sobre la eficacia del actual sistema y sobre el impacto en las políticas migratorias y de protección de la infancia.
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