Las palabras de la responsable de Quorum Social 77 confirman así lo que diversas plataformas ciudadanas venían denunciando: que adultos en situación irregular estarían conviviendo con menores tutelados en los centros financiados con dinero público
Corrupción23 de septiembre de 2025
Impacto España Noticias
La directora de la ONG Quorum Social 77, que ha recibido más de 150 millones de euros en subvenciones desde el 2023, ha admitido en un audio difundido por el experto @CanarioToday que en los centros para menores extranjeros no acompañados (menas) se acogen también inmigrantes ilegales adultos que superan los 18 años.
En la grabación, Delia García reconoce que algunos jóvenes declarados oficialmente como menores de 15 años resultaron ser, en realidad, mayores de 19. Incluso admite que ciertos internos llegan con antecedentes penales desde sus países de origen, pese a ser derivados al sistema de protección de la infancia.
El testimonio se centra en un centro concreto de Canarias, señalado en investigaciones y que, según García, ha sido históricamente el destino de los perfiles «más conflictivos» dentro de la red de acogida. La propia directora subraya que esas instalaciones recibían inspecciones casi semanales de la Fiscalía, de Amnistía Internacional y de los técnicos de la Dirección General, conscientes de la delicadeza de los casos allí concentrados.
Las palabras de la responsable de Quorum Social 77 confirman así lo que diversas plataformas ciudadanas venían denunciando: que adultos en situación irregular estarían conviviendo con menores tutelados en los centros financiados con dinero público.
Una práctica que cuestiona la transparencia de la gestión y que podría poner en riesgo tanto a los menores acogidos como a la credibilidad de las instituciones que otorgan las ayudas.
La ONG, que se encuentra bajo la lupa por el uso de fondos públicos, ya había sido señalada anteriormente por destinar subvenciones a actividades de ocio como paintball o karting para jóvenes inmigrantes, mientras en Canarias se multiplica la alarma social por la saturación de recursos y la falta de control en la tutela.
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