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El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero intentó impedir en junio de 2006 la detención de trece miembros de la red de extorsión de ETA, apenas tres meses después del anuncio del «alto el fuego permanente» de la organización terrorista. Así lo admitió el entonces negociador del Gobierno, Jesús Eguiguren, durante una reunión celebrada en Ginebra, donde responsabilizó al juez de la Audiencia Nacional y actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de poner en peligro el proceso.
«Fue un accidente grave. Lo han intentado pero no han podido pararlo», reconoció el socialista a los representantes de la banda, según recogen las actas redactadas por ETA y ahora reveladas por The Objective. Dichos documentos fueron incautados por la Policía francesa al dirigente Francisco Javier López Peña, alias Thierry, en 2008.
La operación policial, que terminó con la desarticulación de la red de extorsión, estaba prevista un mes antes. Sin embargo, se frustró tras el chivatazo en el bar Faisán de Irún, cuando un agente alertó al etarra Joseba Elosua de que sería arrestado si entregaba el dinero a su enlace en Francia.
Eguiguren trasladó a sus interlocutores que desde Madrid se había comunicado a Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Policía francesa que «no hagan detenciones». Aun así, subrayó que era complicado controlar a todos los cuerpos, especialmente a la Guardia Civil, que «sólo obedece al Duque de Ahumada».
Las actas de ETA muestran que los terroristas identificaban a Zapatero con el apodo de «Gorburu», mezcla de castellano y euskera que puede traducirse como «cabeza de Gobierno» o «jefe rojo». En ellas también se refleja el malestar del jefe de la delegación etarra, Josu Ternera, que consideró la operación una prueba de la «continuidad represiva» contra la izquierda abertzale y advirtió: «El proceso se para».
En las reuniones posteriores, celebradas en septiembre de 2006, el clima se volvió crítico. El mediador del Centro Henri Dunant admitió que las conversaciones estaban «en un estado crítico». Por su parte, ETA denunció incumplimientos, la vigencia de la doctrina Parot y la ilegalización de Batasuna como obstáculos insalvables.
El Gobierno, a través de Eguiguren y del catedrático de Derecho Penal José Manuel Gómez Benítez, trató de recomponer la negociación ofreciendo resolver la situación de presos como Iñaki de Juana Chaos y avanzar hacia la flexibilización penitenciaria. A cambio, exigía a ETA cesar la kale borroka y las cartas de extorsión.
Pero las advertencias de los etarras fueron en aumento. Ternera llegó a afirmar: «Si es vuestra intención llevar a cabo una negociación técnica, nos vais a tener enfrente otros 40 años». Poco después, la tregua saltaría por los aires: en octubre de 2006 un comando robó 350 pistolas en Francia y en diciembre se perpetró el atentado de la T-4 de Barajas, que acabó con el proceso de paz.
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