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El resultado es un país acorralado por tribunales extranjeros, con un Gobierno que insiste en incumplir sus obligaciones internacionales, generando un riesgo creciente sobre la reputación y la credibilidad financiera de España
Nacional02 de octubre de 2025España se enfrenta a una crisis judicial internacional de enorme magnitud por su incumplimiento en el pago de las primas a las energías renovables.
Los tribunales de Estados Unidos y Australia han dictado recientemente varias sentencias que obligan al país a pagar más de 1.100 millones de euros, una cifra que se suma a los 1.900 millones ya reconocidos en arbitrajes internacionales.
En Estados Unidos, el Tribunal de Distrito de Columbia ha confirmado el laudo a favor de NextEra Energy, que exige 290,6 millones de euros más intereses y costas, sumándose a otros cinco fallos que, en total, elevan la cifra a 644,4 millones. En Australia, la Corte Federal dictó una resolución histórica que obliga a España a ejecutar cuatro laudos arbitrales por 469 millones, rechazando los intentos del Gobierno español de alegar inmunidad soberana.
El conflicto tiene su origen en la retirada retroactiva de incentivos a las energías renovables, establecidos en 2007, que provocó la acumulación de decenas de litigios internacionales. Los tribunales han reiterado que las indemnizaciones son plenamente ejecutables, desestimando los argumentos presentados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para evitar el pago.
La situación se agrava porque España continúa rechazando resarcir a las empresas afectadas, pese a las reiteradas decisiones favorables a los inversores. Bélgica ya ha embargado 207,3 millones de euros de pagos del organismo europeo de control aéreo, y Reino Unido, Estados Unidos y Australia también han abierto la puerta a embargos de activos españoles.
El resultado es un país acorralado por tribunales extranjeros, con un Gobierno que insiste en incumplir sus obligaciones internacionales, generando un riesgo creciente sobre la reputación y la credibilidad financiera de España. La negligencia en abordar esta deuda podría costarle al Estado cientos de millones adicionales en intereses, costas y nuevos arbitrajes, mientras los ciudadanos pagan las consecuencias de la mala gestión política.
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