Impacto España Noticias
El informe patrimonial elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los pagos irregulares vinculados al entorno del exministro José Luis Ábalos coloca al Partido Socialista ante un escenario inédito:
su posible imputación como persona jurídica. La investigación policial señala a dos gerentes —Mariano Moreno Pavón y Ana María Fuentes Pacheco—, a los secretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y a varias empleadas de Ferraz —entre ellas Celia Rodríguez Alonso y Covadonga San Pedro Pascual— por la gestión de grandes cantidades de dinero en efectivo dentro de la estructura del partido.
El informe detalla además operaciones presuntamente destinadas al blanqueo de capitales que habrían implicado tanto al PSOE de Navarra como a la sede federal en Madrid. Entre las pruebas recopiladas, los investigadores destacan el intercambio de mensajes en los que los implicados hablaban en clave de «chistorras», «soles», «lechugas» y «folios», términos que se habrían utilizado para camuflar movimientos de dinero.
El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si el PSOE puede ser considerado responsable penal como entidad, un paso que ya afectó en su día a otras formaciones como el PP, Unió, CDC o Podemos. La decisión podría llegar tras las declaraciones de Ábalos y de Koldo García, previstas para los próximos miércoles y jueves, aunque también podría ser solicitada por las acusaciones particulares.
De confirmarse que el PSOE se benefició de los fondos manejados de forma irregular, la ley contempla tres posibles escenarios. El más leve sería el de «partícipe a título lucrativo«, si se demuestra que el partido obtuvo un beneficio sin conocer los delitos cometidos. Sin embargo, juristas consultados dudan de esta tesis, dado el alto rango de los implicados: Ábalos fue secretario de Organización entre 2017 y 2021, siendo sustituido por el propio Cerdán.
Un segundo escenario contemplaría la responsabilidad civil subsidiaria, que implicaría al partido en el pago de las condenas impuestas a los responsables individuales. Y el más grave: la imputación penal como persona jurídica, con sanciones que podrían incluir multas de gran cuantía o incluso la disolución de la formación.
La investigación al PSOE como persona jurídica «ya está sobre la mesa» y que podría derivar en un delito de organización criminal. «No basta con encargar auditorías internas o escudarse en el Tribunal de Cuentas», advierte. «Esas auditorías las controla el propio partido y no sirven para detectar una caja B».
El artículo 9 bis de la Ley 3/2015 de Partidos Políticos y el 31 bis del Código Penal establecen que las formaciones son penalmente responsables si no ejercen un control efectivo sobre sus actividades financieras. «Este caso es incluso más grave que el de los papeles de Bárcenas, porque ya no cabe alegar desconocimiento». Y concluye: «Los partidos deben ser ejemplo en una democracia; no su punto más débil».
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