Impacto España Noticias
La asociación StopAbolición, colectivo heterogéneo y plural integrado por trabajadoras sexuales, empresarios del sector, publicistas y otros profesionales vinculados al mercado del sexo de pago, manifiesta sus críticas a la proposición no de ley presentada por PODEMOS en el Congreso de los Diputados, que insta al Gobierno a “regularizar de forma extraordinaria a las mujeres en situación de prostitución, trata o explotación sexual”.
Una medida populista, simplista y sin haber dado voz.
Desde StopAbolición consideramos que esta iniciativa responde a un cortoplacismo político de naturaleza muy superficial y que sin duda no va a resolver (ni de ser aprobada) las demandas y necesidades de las trabajadoras sexuales. Llama poderosament la atención la exclusión de la propuesta de los hombres dedicados al trabajo sexual y las personas no binarias o en transición. Un acto de imprevista incoherencia con el resto de políticas de Unidas Podemos.
Los datos oficiales contradicen el discurso abolicionista
La proposición compartida parte de la premisa de que la trata está “indisolublemente unida a la prostitución”. StopAbolición discrepa frontalmente y recuerda que los datos oficiales no avalan esa relación directa en ningún momento. Sin duda en el texto emitido se ha colado un lenguaje abolicionista y se percibe un marco de pensamiento criminalizador hacia el trabajo sexual.
Según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en 2024 se detectaron 376 víctimas de explotación sexual en operativos policiales, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contabilizó tan solo 9 víctimas reconocidas judicialmente en ese mismo año al final de los procesos judiciales.
La legislación ya contempla los delitos de trata y explotación
El colectivo recuerda que ya existen instrumentos legales y policiales para perseguir la trata y la explotación sexual. De hecho organismos internacionales (CEDAW y grupo GRETA) recuerdan periódicamente a España que su lucha contra la explotación y la trata laboral fuera del marco de la prostitución deberían de ser notablemente reforzada.
Ambos delitos trata y explotación están tipificados en España en el artículo 177 bis (trata de seres humanos con fines de explotación sexual) y el artículo 187.1 (lucro delictivo de terceros) del Código Penal. El primer delito fue introducido en España hace 15 años y el segundo persiste sin discontinuidad desde 1848 nada menos.
No hay un vacío legislativo alguno que justifique una medida excepcional como expone Podemos.StopAbolición también cuestiona la referencia al acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 27 de mayo de 2022, al amparo del artículo 47 del Real Decreto-ley 6/2022 que permitiría que administraciones u ONGs privadas acrediten la condición de víctima de trata.
Nuestro colectivo advierte de que esta vía puede conllevar una pérdida de garantías y riesgo de arbitrariedad, al dejar la decisión en manos de entidades privadas que pueden dictaminar entrar en conflicto con sus propios intereses privados.
Dudas sobre los programas y fondos gestionados por ONG
StopAbolición critica asimismo la referencia de Podemos al I Plan de Inserción Sociolaboral impulsado por el Ministerio de Igualdad bajo la dirección de Irene Montero (Plan Camino), que según el texto presentado habría beneficiado a mujeres en contextos de prostitución.
Nos gustaría saber cuántas prostitutas se han beneficiado realmente de ese plan. Organizaciones como Médicos del Mundo España han recibido más de 48 millones de euros en el último año auditado (2024), pero se desconoce cuántas mujeres han sido ayudadas con esos fondos o de qué manera, aparte de recibir charlas o meros preservativos. Existe una industria del rescate de nulo rendimiento de cuentas ante las instituciones pero de inesperado tamaño en recursos y financiación.
No somos víctimas ni objetos de tutela.
Desde StopAbolición reivindicamos que las trabajadoras sexuales seamos escuchadas y participemos directamente en cualquier debate legislativo sobre prostitución. No aceptamos ser tratadas como incapaces o víctimas permanentes. Necesitamos y exigimos que se despenalice nuestra actividad y que se reconozcan nuestros derechos básicos, como a cualquier otro trabajador o ciudadano.
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