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El exasesor de Moncloa Luis María Carrero, conocido por su cercanía al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, percibió un salario de 3.479 euros mensuales durante los tres años que trabajó en el Ministerio de la Presidencia, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.
Carrero, que se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio por el presunto enchufe de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha presentado su nómina como prueba para intentar demostrar que no fue beneficiado irregularmente. Según su defensa, «no obtuvo ningún beneficio económico del cambio de puesto», alegando que cobraba más en Moncloa que en su destino posterior en la Diputación.
Durante su etapa en el Ejecutivo, Carrero ocupó el cargo de vocal asesor en la Unidad de Mensaje del Departamento de Asuntos Políticos, donde —según declaró ante la juez— redactaba discursos para Pedro Sánchez, aunque negó conocerlo personalmente. Más tarde fue nombrado jefe de sección en la Diputación pacense, con un sueldo de 2.580 euros, cargo al que renunció en julio pasado.
Sin embargo, la jueza Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, sospecha que David Sánchez medió directamente para colocar a su amigo en el puesto, presuntamente creado a medida por la Diputación presidida entonces por el socialista Miguel Ángel Gallardo. Los correos electrónicos incautados durante la investigación apuntan a maniobras internas para diseñar el puesto antes de su publicación oficial.
En los mensajes, Carrero se refería a David Sánchez como «hermanito«, término que, según él, sólo reflejaba una amistad personal. Pero la magistrada considera que ambos mantenían una relación funcional y de cooperación profesional, incompatible con la transparencia debida en un proceso público de selección.
El puesto fue convocado en noviembre de 2023 y Carrero fue el único candidato, siendo designado oficialmente el 26 de diciembre. Las acusaciones sostienen que el proceso fue amañado y que la creación de la plaza respondía a un favor político al hermano del presidente.
La causa, que también implica a una decena de personas por presunto tráfico de influencias y prevaricación, se perfila como uno de los mayores escándalos que afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez, ya marcado por las polémicas sobre el papel de su esposa y las investigaciones sobre la red de asesores en Moncloa.
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