Impacto España NoticiasFélix Bolaños
Félix Bolaños, ministro plenipotenciario del Gobierno de Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de la ley que entrega a la Fiscalía el control de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para investigar casos como los que rodean a la figura del líder socialista, tanto en su entorno personal como en el político. Lo hace, sin embargo, sin mayoría en el Congreso para convalidar la norma después de que Junts rompiera con los socialistas este lunes.
La reforma, se ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Bolaños ha calificado esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como «histórica». El Gobierno considera que se ha quedado obsoleta por datar de 1882, a pesar de que se han aprobado casi un centenar de reformas del texto original.
La nueva normativa retirará a los jueces el control de la instrucción de las causas, es decir, de la primera fase en la que se investiga a un sospechoso de haber cometido un delito. Si el Gobierno consigue aprobar la norma en el Parlamento, esta función recaería en la Fiscalía, un órgano que Sánchez aseguró que dependía del Gobierno.
Hasta ahora, en causas como la del hermano del presidente, David Sánchez, o en la de su esposa, Begoña Gómez, o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la investigación de cada caso la impulsaba un juez que instaba a la policía judicial, la UCO, a que indagase sobre las sospechas fundadas que había sobre cada uno de ellos.
En el futuro, de aprobarse esta reforma, sería el fiscal quien daría las órdenes a la Benemérita. Sin embargo, el propio Ministerio Público, hasta ahora, ha venido posicionándose en contra de que esos magistrados examinaran a los investigados del entorno del presidente. Esto, en la práctica, podría llevar a la extinción de las causas en la fase de instrucción. Es decir, que los casos morirían prácticamente al inicio de su investigación.
Sin apoyos parlamentarios
No obstante, el Gobierno del PSOE y Sumar carece de mayoría suficiente para aprobar esta normativa. Junts, el partido del ex presidente de la Generalitat prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, anunció este lunes que rompía con los socialistas y, por tanto, les dejaba sin mayoría parlamentaria para afrontar sus reformas legales y, en definitiva, también sin Presupuestos Generales del Estado.
La propia portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha destacado su sorpresa con la presentación de esta medida en el Consejo de Ministros. La política independentista ha ironizado con «cómo un Gobierno que no tiene mayoría presenta leyes como ésta».
La formación de Puigdemont incluso satirizaba en privado diciendo que «los jueces deberían» darles «las gracias» porque gracias a ellos «no habrá ni ley Bolaños ni ley Begoña», tal y como ha podido saber este medio.
Desde los neoconvergentes creen que la reforma no busca despolitizar la Justicia, sino repolitizarla en su favor. En esa ecuación, los independentistas prefieren el statu quo, es decir, que los jueces investiguen, a un sistema donde la Fiscalía General, bajo control de Moncloa, tenga las llaves de todas las investigaciones por corrupción
Reforma del Estatuto Fiscal
El nuevo texto reformará también el Estatuto del Ministerio Fiscal y establece que «el fiscal general del Estado podrá impartir, por conducto del Ministerio del Interior y, en su caso, de los organismos encargados de la dirección de las Policías autonómicas, cuantas instrucciones generales estime oportunas para el mejor funcionamiento de la justicia».
Asimismo, se recoge que «en defecto de unidades de Policía Judicial o cuando las circunstancias del caso lo aconsejen, y siempre con sujeción a su respectivo ámbito legal y territorial de atribuciones, el Ministerio Fiscal podrá encomendar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la práctica de concretas diligencias de investigación que sean acordadas en el curso del procedimiento de investigación o en otro momento procesal».
«En la investigación de los delitos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vendrán igualmente obligadas a observar las instrucciones generales impartidas a la Policía Judicial», abunda la reforma presentada por el Gobierno. El Gobierno de Sánchez pretende que esta reforma entre en vigor en enero de 2028.
En todo caso, como ha explicado Bolaños, los fiscales estarán bajo la «tutela de un juez de garantías» que podrá «confirmar o revocar los decretos del fiscal». Además, un segundo magistrado «decidirá si se archiva, si va a juicio oral o si hay que practicar más pruebas» cuando termine la instrucción. Por último, un tercer juez «juzgará con todos los medios de prueba», como ha explicado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Sin embargo, también ha detallado que «no todas las decisiones del fiscal serán recurribles». Sólo se podrán recurrir aquellas que «afectan a derechos fundamentales, medidas cautelares, interceptación de correspondencia o llamadas», ha explicado el político del PSOE. Es decir, que el contrapoder que se puede ejercer sobre las decisiones del Ministerio Público es limitado.
Además, Bolaños ha aprovechado esta reforma para limitar la acusación popular: «Hoy es una herramienta que usan las organizaciones ultras para perseguir a penosas progresistas solo por ser progresistas». Además de impedir que partidos o sindicatos como Manos Limpias utilicen la acusación popular, elaborará un catálogo limitado de delitos sobre los que se podrá ejercer este derecho constitucional.
El ministro de Justicia, además, ha respondido a las críticas que ha despetado su propuesta. Por un lado, ha asegurado que, cuando entre en vigor, el fiscal general del Estado «no puede ser el fiscal Álvaro García Ortiz». Y ha recordado que su sucesor será nombrado por «el Gobierno progresista que salga de las urnas en 2027».
Por otro lado, ha recordado que la reforma «afectará a todas las causas incoadas a partir de enero de 2028». Y ha apostillado que estos cambios no se aplicarán a «ninguna de las que están ahora incoadas». «Se desmontan gran cantidad de bulos», se ha vanagloriado Bolaños.
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