Impacto España Noticias
Un año después de hacerse público el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre los contratos de emergencia suscritos durante la pandemia, las conclusiones siguen sacudiendo la escena política. El documento, de más de 300 páginas, dibuja un panorama de descontrol administrativo, adjudicaciones irregulares y falta de transparencia en el reparto de fondos públicos destinados a la compra de material sanitario en pleno estado de alarma.
El máximo responsable político del Ejecutivo canario en aquel momento era Ángel Víctor Torres, actual ministro de Memoria Democrática. Bajo su mandato, el Servicio Canario de la Salud (SCS) ejecutó contratos de emergencia por un total de 81,9 millones de euros, financiados en buena parte con fondos europeos. De esa cantidad, 34,7 millones —aproximadamente un tercio del total— terminaron en manos de empresas sin experiencia ni objeto social vinculado con el suministro sanitario.
Adjudicaciones millonarias a empresas sin solvencia técnica
La Audiencia de Cuentas, órgano fiscalizador equivalente al Tribunal de Cuentas nacional, detalla que varias adjudicatarias carecían de solvencia técnica o profesional, requisito obligatorio incluso bajo el régimen excepcional de emergencia. En algunos casos, ni siquiera figuraban inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), pese a que gestionaron contratos por varios millones de euros.
Entre las compañías señaladas figuran Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., Injoo, RR7 United, Damco Trading Services y ACJ, que concentraron los contratos de mayor volumen económico. Solo las tres primeras acumularon más del 23% del importe total adjudicado por el Servicio Canario de la Salud. Ninguna de ellas acreditó experiencia previa en el sector sanitario ni cumplía los estándares mínimos de solvencia técnica exigidos por la ley.
El informe considera que la falta de control incrementó el riesgo de que los productos adquiridos no cumplieran los requisitos de calidad y apunta a que algunas adjudicaciones podrían ser nulas de pleno derecho. La auditoría, además, cuestiona el uso del procedimiento de emergencia para operaciones que superaban los umbrales de autorización ordinaria y carecían de justificación formal.
Una gestión paralela y opaca
La fiscalización también destapa la creación de una estructura paralela de gestión dentro del Gobierno canario. En lugar de activar el comité de emergencias previsto por decreto, se constituyó un “grupo de trabajo de hecho, que no de derecho”, cuya existencia nunca fue formalizada. Este ente asumió la tramitación de los contratos más cuantiosos del SCS, debilitando las líneas de control interno y los mecanismos de fiscalización previstos en la ley.
Según el informe, el Ejecutivo “no garantizó la trazabilidad ni la transparencia del proceso de contratación”, lo que propició decisiones discrecionales y la concentración de fondos públicos en un reducido grupo de intermediarios. La Audiencia advierte que esta relajación de los controles no estaba amparada ni por la legislación de emergencia ni por la excepcionalidad del contexto sanitario.
Fondos europeos y responsabilidad política
La auditoría subraya que los fondos empleados procedían en parte de programas europeos, lo que añade una dimensión internacional al caso. Por ello, la Fiscalía Europea mantiene abiertas diligencias para esclarecer posibles irregularidades en contratos que superan los 20 millones de euros, ante la sospecha de malversación o uso indebido de ayudas comunitarias.
El documento no solo pone de relieve fallos administrativos, sino que señala la responsabilidad política de quienes debían garantizar la legalidad y eficiencia en la gestión pública. Aunque el contexto de la pandemia generó un escenario de urgencia, la Audiencia recuerda que la ley nunca eximió a las administraciones de justificar las adjudicaciones, rendir cuentas ni acreditar la solvencia de los contratistas.
La primera alerta: Impacto España Noticias lo desveló en 2021
Mucho antes de que la Audiencia de Cuentas publicara su informe, Impacto España Noticias ya había destapado en 2021 las primeras irregularidades en los contratos de material sanitario adjudicados por el Gobierno canario. Aquellas revelaciones fueron el primer aviso público sobre una trama de adjudicaciones opacas y posibles sobrecostes en la compra de mascarillas y material de protección.
El tiempo y las investigaciones posteriores confirmaron gran parte de esas advertencias. Hoy, la auditoría oficial y las pesquisas judiciales dan forma a lo que ya se perfilaba entonces como uno de los mayores escándalos de contratación pública durante la pandemia.
Un balance de sombras
El informe de la Audiencia de Cuentas concluye que el Ejecutivo canario “no compatibilizó la urgencia con el cumplimiento de los principios de legalidad, eficiencia y transparencia”. En resumen, se actuó con precipitación, se prescindió de los controles y se benefició a intermediarios sin capacidad técnica ni trayectoria en el sector sanitario.
A la luz de los datos, el balance resulta demoledor: más de 30 millones de euros adjudicados a empresas sin experiencia, contratos anulables por defectos de forma y un sistema de control interno prácticamente inoperante en uno de los momentos más críticos de la historia reciente.
La pandemia exigía rapidez, pero no la renuncia a la legalidad. Y esa, según el órgano fiscalizador, fue precisamente la línea que el Gobierno de Canarias traspasó con demasiada frecuencia.
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