El Gobierno de Marga Prohens está poniendo orden en la Renta Social Garantizada (Resoga) tras detectar cobros fraudulentos de ayudas destinadas a personas vulnerables.
La revisión de miles de expedientes ha permitido ahora identificar al menos 1,6 millones de euros abonados indebidamente, heredados de la gestión del anterior Ejecutivo de Francina Armengol, que no supervisó ni hizo seguimiento de estas prestaciones
«Cuando llegamos al Govern nos encontramos con una prestación desbordada y caótica, con miles de expedientes suspendidos sin revisar ni notificar», denunció este lunes la consejera de Familias y Bienestar Social, Sandra Fernández, que encargó una auditoría independiente para evaluar la gestión de la Resoga.
Tras revisar todos los expedientes de Resoga16 y más de 900 de Resoga20, se ha confirmado que hubo cobros indebidos por valor de 211.940 euros en el primer caso y entre 1,6 y 2,4 millones en el segundo. El fraude rozaría los 2,5 millones de euros.
El problema es que el anterior gobierno de izquierdas suspendió más de 2.300 expedientes de Resoga16 y unos 4.000 expedientes de Resoga20 de forma masiva y automática, sin notificarlo previamente a las personas perceptoras de la prestación. A esto se sumaron dos nuevas suspensiones masivas en junio de 2023. Muchos expedientes estaban duplicados o ya no activos, lo que dejó a centenares de familias vulnerables sin ingreso ni información. Otros, en cambio, lo cobraron indebidamente.
Según la actual consejera, esta práctica, combinada con la complejidad del proceso de solicitud y las ambigüedades de la ley, generaba cargas excesivas para los colectivos más vulnerables y dejó expedientes sin revisión durante años. «Hay una normativa, debemos dar seguridad jurídica y, por mucho que sea una prestación social, lo que no puede hacer mal la organización es concederlas de cualquier forma», añadió.
La portavoz adjunta del PP Balears, Marga Durán, lamentó que durante ocho años del gobierno de la socialista Armengol se mantuvo una «dejadez y descontrol», con pagos realizados sin verificar los requisitos de los beneficiarios ni cruzar datos para detectar otros ingresos. «Se seguía pagando sin control alguno».
Vox criticó que las ayudas se podrían haber otorgado incluso a personas en situación irregular y reclamó medidas de control estrictas, incluyendo tres años de residencia mínima en Baleares y control del empadronamiento, para evitar acumulación de ayudas municipales, autonómicas y estatales por personas sin derecho a ellas.
En contraste, los nacionalistas de Més per Mallorca defendieron que estos pagos irregulares forman parte de la «gestión normal» de las ayudas sociales. Su portavoz, Lluís Apesteguia, aseguró que «las ayudas no pueden esperar» a que se cumplan todos los procedimientos administrativos, y que posteriormente se revisan los expedientes y se recupera el dinero en caso de disfunciones. El PSOE guarda silencio a la espera de conocer a fondo la auditoría.
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