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Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, ha subrayado en su declaración en el Tribunal Supremo que la Fiscalía «fracturó el derecho de defensa» de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso y que la nota de prensa emitida por el Ministerio Público, sobre el pacto que pidió el abogado de la pareja de la presidenta madrileña, fue algo «insólito».
Ribón ha opinado en su declaración en el juicio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no era «preciso» revelar el correo en el que admitía un fraude a Hacienda. «Nunca habíamos conocido una situación como la que estábamos viviendo que fracturara el derecho de defensa», ha destacado este martes Ribón en su testifical en el juicio por la presunta filtración de ese correo, del 2 de febrero de 2024.
El Colegio de la Abogacía de Madrid, (ICAM), representa una de las seis acusaciones populares del juicio a García Ortiz y pide para el actual fiscal general del Estado una condena de cuatro años de cárcel, tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa.
Ribón ha incidido en la «honda preocupación» que se asentó en el Colegio de la Abogacía de Madrid por lo «insólito» y «lo difícil de creer» que resultaba la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo ante informaciones que atribuían la iniciativa del pacto al fiscal y no al abogado de Alberto González Amador, novio de la presienta de la Comunidad de Madrid.
El decano ha precisado que no le consta que el abogado de González Amador solicitase amparo al Colegio tras conocerse su correo y ha dicho que «no era preciso revelar el contenido literal» de sus conversaciones, que «forma parte del grado más estricto de confidencialidad entre abogado y fiscal». Asimismo, ha relatado que el mismo 14 de marzo habló con la fiscal provincial de Madrid, quien le dijo que «se sentía como un sandwich, por arriba y por abajo».
Un día después, el 15 de marzo, Ribón ha contado que se reunió con el fiscal general del Estado y rechazó elaborar un comunicado conjunto para «poner ciertos paños calientes» porque esperaban una investigación y una eventual depuración de responsabilidades.
Poco después, el ICAM adoptó la decisión de «tomar acciones penales por la ruptura de la confidencialidad de las negociaciones» y también se desvinculó del protocolo de conformidades ante el «profundo malestar» por la nota de prensa.
No obstante, ha indicado que eso no impedía a los abogados alcanzar conformidades con la Fiscalía y, ante preguntas de la Abogacía del Estado, no ha conseguido aclarar si ha aumentado o descendido el número de acuerdos en estos meses. También ha señalado que el Colegio no se planteó retirar la acusación cuando el Tribunal Supremo descartó que la nota de prensa fuese punible.
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