Compromís, por su parte, mantiene una doble presencia en el proceso: como partido personado y a través de dirigentes que participan en asociaciones de damnificados, como el caso del activista Christian Lesaec, excandidato municipal de la coalición
Nacional13 de noviembre de 2025 ED
I. Un año después, la herida sigue abierta
Han pasado más de doce meses desde que una violenta DANA arrasó buena parte del territorio valenciano, dejando 229 fallecidos y miles de damnificados. Aquella jornada marcó la historia reciente de la Comunitat Valenciana: barrios enteros bajo el agua, viviendas destruidas, garajes inutilizados y pueblos sumidos en el lodo durante semanas.
Sin embargo, el foco social y político se ha desplazado. Lo que comenzó como una investigación técnica y judicial para esclarecer responsabilidades administrativas se ha transformado en un conflicto de poder entre partidos, asociaciones y sindicatos. Las víctimas, que todavía esperan ayudas, siguen viendo cómo su tragedia se utiliza en discursos, manifestaciones y ruedas de prensa.
II. Una causa judicial convertida en tablero político
La instrucción, dirigida por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra en el juzgado de Catarroja, nació con el objetivo de depurar responsabilidades por la gestión de emergencias durante la DANA. Pero con el paso de los meses, la lista de entidades personadas como acusación popular se ha convertido en un auténtico mosaico político.
Entre las organizaciones que figuran en el procedimiento hay partidos con representación institucional —PSPV-PSOE, Compromís y Vox— junto a otros ya desaparecidos del panorama político como Ciudadanos o Podemos. También se han sumado colectivos como Valores, asociaciones catalanistas como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), sindicatos de distinta orientación como CGT e Intersindical, además de entidades cívicas de signo conservador como Hazte Oír o Liberum.
A este listado se añaden asociaciones que sí representan directamente a damnificados, como Mai Més València, Asociación Damnificados DANA Horta Sud o Associació Víctimes DANA Octubre 2024, aunque numéricamente son minoría frente al peso de los grupos políticos y sindicales.
III. El peso de los partidos y las contradicciones legales
La personación del PSPV-PSOE como acusación popular ha generado especial controversia. La decisión coincide con el intento del propio Gobierno central de sacar adelante una reforma judicial —conocida popularmente como Ley Bolaños— que limitaría la figura de la acusación popular e impediría su ejercicio a partidos, sindicatos y asociaciones vinculadas políticamente.
De aplicarse esa norma, solo tres entidades podrían mantener su personación actual, reduciendo drásticamente la presencia de actores ajenos a las víctimas directas. Esa paradoja evidencia cómo el caso DANA ha pasado de ser un expediente técnico a un instrumento político que cada formación intenta aprovechar según su conveniencia.
Compromís, por su parte, mantiene una doble presencia en el proceso: como partido personado y a través de dirigentes que participan en asociaciones de damnificados, como el caso del activista Christian Lesaec, excandidato municipal de la coalición. Vox también forma parte de la acusación popular, al tiempo que critica públicamente la “utilización política” del caso por parte de la izquierda.
IV. El presidente Mazón en el punto de mira
El epicentro de la tormenta judicial y mediática es el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.
Durante los últimos meses ha tenido que responder a una avalancha de peticiones de comparecencia impulsadas por formaciones y asociaciones que cuestionan su papel en la gestión de la emergencia.
Una de las actuaciones más llamativas fue la solicitud de la asociación catalanista Acció Cultural del País Valencià para citar a declarar a la periodista Maribel Vilaplana, en relación con una comida mantenida el 29 de octubre de 2024, día de la tragedia. El gesto, considerado por muchos como una maniobra política, fue acompañado por la petición del PSOE para citar al entorno inmediato del presidente y a la dirección de Presidencia de la Generalitat.
El propio Mazón ha denunciado públicamente que el caso se está utilizando como “excusa” para desviar responsabilidades del Gobierno central, recordando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechazó crear una comisión mixta de coordinación, pese a haberla constituido en menos de dos semanas tras el volcán de La Palma.
V. Sindicatos y colectivos en la calle
Entre los actores más activos en la calle figura el sindicato Intersindical Valenciana, cercano a Compromís. La organización no solo está personada como acusación popular, sino que además convoca concentraciones mensuales ante las Cortes Valencianas para exigir responsabilidades al presidente Mazón y a su equipo.
En las últimas movilizaciones, los manifestantes llegaron a reclamar “cárcel para los responsables”, en un contexto que combina indignación social con evidente polarización ideológica.
También la CGT participa con doble representación: por su federación estatal de trabajadoras de la administración pública (FETAP-CGT) y por su delegación local en Valencia, insistiendo en que la falta de prevención y de medios agravó la catástrofe.
Mientras tanto, asociaciones vinculadas a la derecha civil, como Hazte Oír o Liberum, sostienen que la gestión de la catástrofe estuvo marcada por negligencias técnicas más que por decisiones políticas.
VI. Las asociaciones catalanistas y el componente ideológico
Un papel singular desempeña Acció Cultural del País Valencià, organización que recibe subvenciones de los gobiernos valenciano y catalán y que ha sido históricamente defensora del catalanismo cultural en la Comunitat. Su participación en el caso, en nombre de una de las víctimas, ha sido interpretada por algunos sectores como una forma de mantener presencia política ante la reducción prevista de ayudas públicas.
La petición de testificales aparentemente irrelevantes y las filtraciones sobre actuaciones judiciales refuerzan la sensación de que la DANA se ha convertido en un nuevo frente de confrontación identitaria entre valencianismo, catalanismo y centralismo.
VII. La entrada de nuevas entidades y el riesgo del colapso procesal
A la lista de organizaciones ya conocidas se suma la Asociación Nacional de Denunciantes y Víctimas de Corrupción, representada por el exjuez Luis Sáenz de Tejada. Este colectivo, vinculado en el pasado a iniciativas judiciales contra figuras del propio PSOE, deberá depositar una fianza de 6.000 euros para poder intervenir en la causa. Su entrada añade un nuevo elemento de complejidad al proceso y evidencia cómo el caso DANA se ha convertido en un espacio donde convergen intereses de todos los colores políticos.
El exceso de personaciones está provocando un auténtico laberinto judicial. Cada nuevo actor solicita diligencias, comparecencias y ampliaciones que ralentizan el procedimiento, mientras los damnificados continúan sin respuestas definitivas sobre ayudas, indemnizaciones o responsabilidades administrativas.
VIII. El olvido de las víctimas
En medio de la batalla política, los verdaderos protagonistas —los afectados— sienten que su voz se diluye.
Familias que perdieron a sus seres queridos o que aún viven fuera de sus hogares observan con frustración cómo la reconstrucción avanza a paso lento y cómo la tragedia se utiliza como arma electoral.
Varias asociaciones de víctimas han expresado su malestar por el “ruido político” que rodea la instrucción, insistiendo en que el proceso debe centrarse en esclarecer errores de coordinación y mejorar los protocolos de emergencia para evitar que una tragedia semejante vuelva a repetirse.
IX. Justicia entre el barro y los titulares
La DANA de Valencia ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva, pero también ha puesto en evidencia las grietas de la política española. Lo que debería ser un proceso judicial limpio y técnico se ha convertido en un reflejo del enfrentamiento entre administraciones, partidos y movimientos ideológicos.
En la práctica, la tragedia natural más grave de la historia reciente de la Comunitat Valenciana se ha transformado en una disputa por el relato y la influencia. Las víctimas reclaman justicia; los partidos, protagonismo; y los jueces, equilibrio.
El desafío ahora no es solo reconstruir las infraestructuras destruidas por la lluvia, sino rescatar la credibilidad de la justicia y devolver el protagonismo a quienes realmente lo merecen: las familias que lo perdieron todo aquella madrugada del 29 de octubre de 2024.
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