Según la información difundida por afectados y documentos oficiales, entre esas cuatro «representantes» hay una mujer que no perdió a ningún familiar y que trabaja como asesora de Compromís con sueldo público, y otra que fue alcaldesa socialista
El Tonto del dia14 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
El PSOE ha organizado en Bruselas un acto con cuatro supuestas «víctimas» de la DANA que ha desatado una fuerte polémica por el perfil político de las personas seleccionadas y por las acusaciones de manipulación por parte de otras familias afectadas por la tragedia.
Según la información difundida por afectados y documentos oficiales, entre esas cuatro «representantes» hay una mujer que no perdió a ningún familiar y que trabaja como asesora de Compromís con sueldo público, y otra que fue alcaldesa socialista en el municipio de Castellnovo hasta 2023. Ambas han sido señaladas por otros damnificados por presentarse como portavoces sin representar al conjunto de familias que sí sufrieron pérdidas humanas.
Diversos afectados han denunciado públicamente que estas cuatro personas, convertidas en la «cara mediática» del desastre, están fuertemente politizadas y no reflejan el sentir de cientos de familias que aún reclaman responsabilidades por lo ocurrido.
La controversia se agrava al recordar el papel que desempeñaba entonces Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea con un salario de 441.000 euros anuales. Ribera era la responsable directa de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) durante la DANA que provocó el desbordamiento mortal en el barranco del Poyo.
Documentación oficial revela que la CHJ sufrió un apagón informativo en el sistema Es-Alert que impidió avisar a los vecinos de la zona en las horas previas al desbordamiento. Además, en 2021 se paralizaron los proyectos de adecuación ambiental y drenaje del barranco del Poyo que —según informes técnicos— habrían evitado hasta el 90% de las muertes.
Los documentos redactados entre 2006 y 2011, y citados ahora por las víctimas, señalan claramente que dichas obras quedaron detenidas por «problemas ambientales y de presupuesto», así como por la «falta de disponibilidad presupuestaria». Incluso constan expropiaciones ya pagadas por valor de 8,5 millones de euros antes de la paralización definitiva.
Pese a ello, y mientras el malestar entre familiares de fallecidos crece, el PSOE utilizó en Bruselas a estas cuatro figuras —dos de ellas vinculadas al propio partido y a Compromís— para presentar a Teresa Ribera entre aplausos y bajo un relato que los afectados califican de «blanqueamiento político».
La tensión continúa aumentando entre las familias que se sienten ignoradas y las «representantes» elegidas por el PSOE, a quienes acusan de instrumentalizar una tragedia que dejó víctimas mortales para encubrir responsabilidades administrativas y políticas aún por esclarecer.
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