El Tribunal Supremo dejó esta semana visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se enfrenta a acusaciones por revelación de secretos, violación de secretos, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos.
Los magistrados deberán determinar qué ocurrió, quién filtró información reservada, cuándo se produjo, dónde se gestó la operación y por qué el máximo responsable del Ministerio Público terminó acusado de uno de los episodios más graves que han salpicado a la Fiscalía en democracia. Ahora les corresponde decidir si procede su absolución o una condena que puede incluir cárcel, inhabilitación o una sanción económica de gran calibre.
Las peticiones de las partes marcan el terreno. En el bloque acusador se encuentran la acusación particular ejercida por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y seis acusaciones populares: la APIF, el ICAM, Manos Limpias y la acusación unificada impulsada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, en la que participan Vox y Hazte Oír. Todas ellas reclaman una sentencia condenatoria.
Frente a ellas, la Fiscalía y la defensa de García Ortiz, representada por la Abogacía del Estado, insisten en que no existe prueba alguna que permita imputarle la filtración. El abogado del Estado José Ignacio Ocio lo expresó de forma tajante: «El señor fiscal general de Estado es inocente de todo lo que se está diciendo aquí».
El caso se centra en la filtración a Cadena SER durante la noche del 13 de marzo de 2024 del correo enviado por el abogado de González Amador, Carlos Neira, el 2 de febrero de ese mismo año. En ese mensaje se planteaba reconocer dos delitos fiscales y abonar una multa para cerrar un acuerdo con la Fiscalía y evitar la prisión. Las acusaciones sostienen que la difusión de ese email buscó condicionar el relato público y presentar al empresario como culpable antes incluso de que el proceso avanzase.
Las penas potenciales son contundentes: hasta seis años de cárcel, 12 de inhabilitación y más de 400.000 euros en multas e indemnizaciones.
La acusación particular mantuvo su petición inicial tras la declaración del fiscal general. El magistrado Andrés Martínez Arrieta, que preside el tribunal, instó a las partes a confirmar sus conclusiones.
El abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, apenas introdujo cambios técnicos y ratificó su solicitud de 4 años de prisión, 3 de inhabilitación y una multa de 108.000 euros, además de 300.000 euros por daños morales derivados de la filtración. Rechazó pedir responsabilidad civil subsidiaria al Estado porque, en sus palabras, los españoles no deben hacerse cargo de las posibles actuaciones delictivas del fiscal general.
Rodríguez Ramos aseguró que existen indicios suficientes e incluso prueba directa de que García Ortiz fue quien facilitó el correo a la prensa. Sostuvo que lo hizo para legitimar la nota de prensa emitida al día siguiente y consolidar un relato oficial que presentase al empresario como confeso y culpable.
La APIF fue la más contundente entre las acusaciones populares. Reclamó 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación, situando los hechos en el ámbito de la prevaricación, y dejó claro que la responsabilidad civil corresponde únicamente a la víctima. El ICAM pidió 4 años de prisión, 3 de suspensión de empleo y una multa de 81.000 euros. La acusación unificada de Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír también solicitó 4 años de cárcel y 3 de inhabilitación por revelación de secretos y prevaricación.
La única modificación llegó desde Manos Limpias, que redujo su petición de prisión de 4 a 3 años aplicando una atenuante por vulneración del secreto sumarial, al haberse filtrado también datos personales e información procesal relativa al propio fiscal general. Como alternativas, planteó 2 años de prisión e inhabilitación o, en último término, 2 años de inhabilitación y una multa de 108.000 euros.
El Supremo debe decidir ahora si las filtraciones atribuidas a García Ortiz fueron un abuso de poder incompatible con la responsabilidad institucional que ostenta o si, como asegura su defensa, las acusaciones responden a un conflicto político y mediático sin base penal. La sentencia marcará un precedente sobre los límites del poder del fiscal general y el grado de control judicial sobre quienes manejan información sensible del Estado.
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