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Fuentes jurídicas han confirmado que el instructor ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha reclamado dichas medidas cautelares, en dos vistas que se han celebrado en el Supremo después de que Pelegrini y Olarte comparecieran como investigados.
En el marco de las vistas, las acusaciones populares --lideradas por el PP-- se han adherido a la petición del Ministerio Público, mientras que las defensas han mostrado su oposición a que se acuerden las mencionadas medidas cautelares, según las fuentes consultadas.
Cabe recordar que el magistrado citó Pelegrini y a Olarte a comparecer como investigados a raíz de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama integrada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.
En sus respectivas declaraciones, ambos exdirectivos han negado cualquier irregularidad en las obras conseguidas con dicha UTE, al tiempo que han manifestado que los servicios se prestaron por parte de ambas empresas y que hay facturas de todo.
Los dos investigados han defendido a su vez que el 2% que se llevaba Servinabar de cada una de las obras conseguidas era una cantidad habitual para los servicios de prevención de riesgos laborales que se encargaba de prestar. No obstante, han precisado que no era una cantidad fija, sino un límite a los beneficios que podía obtener esta pequeña empresa de su UTE con el gigante de la construcción.
LA UCO SEÑALA A PELEGRINI Y OLARTE
En su último informe, la UCO llamó la atención sobre el acuerdo marco suscrito por Acciona y Servinabar en 2015, a los pocos días de constituirse esta última, para "explorar futuras oportunidades de negocio" y por el que la segunda mercantil se llevaría un 2%.
Según los agentes, ese acuerdo fue suscrito por Pelegrini, por parte de Acciona, y Antxon Alonso, "amigo" de Cerdán, en nombre de Servinabar. La UCO relata que la relación empresarial se canalizó a través de ambos pero también del ex secretario de Organización del PSOE, Olarte y Manuel García Alconchel --el responsable de la zona sur de Acciona Construcción, que también ha sido suspendido en sus funciones y que está citado para el día 15--.
La Guardia Civil indica que Pelegrini "mantenía asidua comunicación con Alonso, habiéndose reunido en persona en determinadas ocasiones, tanto solos como con Santos", en unos encuentros que "habrían sido revestidos de medidas de seguridad, como comunicarse mediante anotaciones manuscritas" mostradas en pantalla durante videoconferencias.
Los investigadores también aluden a otras obras desarrolladas por la UTE --una autovía en Logroño, un puente en Sevilla y el tren de Sant Feliú--, cuyas adjudicaciones sumaron más de 245 millones de euros.
La UCO explica que tanto Olarte como García Alconchel figuran como firmantes de los Memorándum de Entendimiento (MoE) que fueron suscribiendo Acciona y Servinabar al hilo de dichas adjudicaciones.
Los investigadores calculan que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden "al menos" a 6.707.294,67 euros, lo que supone el 75% del total ingresado en el periodo investigado, que suma 8.903.903,18 euros.
Respecto a los ingresos ajenos a Acciona, que cuantifican en 2.196.608,51 euros --el 24,67% restante--, exponen que proceden principalmente de transferencias o recibos de otras sociedades, servicios de "confirming" de los que no ha sido posible identificar la sociedad o proyecto de origen y suscripción de préstamos.
En cuanto a la salida de fondos en estos diez años, la UCO estima que fueron 9.701.121,96 euros, especificando que la mayoría de los adeudos --4.058.588,05 euros y el 48,79% del total-- son transferencias a personas físicas y jurídicas, pagos de otros gastos o recibos, operaciones bancarias y de tarjetas y otros gastos, cheques y comisiones, por encima del pago de nóminas (20,98%), de impuestos (28,42%) y transferencias a Acciona (1,80%).
Acciona Construcción ha negado el pago de comisiones a ninguna de las personas señaladas en la causa judicial, indicando que se reserva el derecho a ejercer las acciones legales oportunas si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo para la compañía como consecuencia de la actuación de los investigados o de cualquier otro.
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