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Una bomba de relojería podría estallar en las manos del Ministerio de Sanidad dirigido por la dirigente de SUMAR, Mónica García. Según publica el diario ABC a partir de un reciente examen del Tribunal de Cuentas, los hospitales de Ceuta y Melilla -que no tienen transferidas las competencias y son gestionados directamente por el Ingesa, organismo dependiente de Sanidad- realizaron entre 2022 y 2023 un volumen extraordinario de compras de fármacos, presuntamente fuera de los cauces legales.
El informe, fechado el 27 de noviembre, revela que la mayor parte de los medicamentos se adquirió mediante pedidos directos a los proveedores, con contratos fraccionados y al margen de los principios de publicidad y concurrencia.
Literalmente recoge que «las adquisiciones de medicamentos se efectuaron, en alto volumen, a través de peticiones directas a empresas proveedoras, denominadas ‘pedidos mensuales’, con un valor medio de uso del 91% en el Hospital Comarcal de Melilla (HCM) y del 49% del total de provisiones de la farmacia hospitalaria del Hospital Universitario de Ceuta (HUC)».
Solo en ese periodo citado, las adquisiciones “a dedo” alcanzaron casi 27 millones de euros: más de 18,6 millones en Melilla y algo más de 8,3 en Ceuta. En el Hospital Comarcal de Melilla estos pedidos representaron el 91 % del consumo de fármacos, mientras que en el Hospital Universitario de Ceuta supusieron cerca de la mitad. El análisis subraya que este sistema se mantuvo incluso con la existencia de productos alternativos más baratos y con distintas marcas en el mercado.
Según este informe se recomienda «eliminar la práctica de las compras directas de productos farmacéuticos, sujetándose a las prescripciones de la LCSP, y efectuar un adecuado control, supervisión y análisis de las adquisiciones de farmacia hospitalaria, en orden a promover la eficiencia, la transparencia y la concurrencia de licitadores».
El Tribunal de Cuentas concluye que la práctica vulnera la Ley de Contratos del Sector Público y reclama poner fin a estas compras directas, reforzar los controles y planificar mejor el gasto farmacéutico. El órgano recuerda, además, que la Intervención ya había advertido en 2021 de un uso excesivo de pedidos fraccionados para sortear la normativa sobre contratos menores.
A juicio del Tribunal, la falta de programación ha generado un flujo constante de pedidos repetidos: «la falta de adecuada planificación ha propiciado la realización de pedidos reiterados tramitados al margen de los principios de publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato que informan la contratación pública», dice de nuevo en el informe, cuya rotación de productos apenas supera el mes.
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